Desoladora pol¨ªtica migratoria

El 23 de agosto fueron devueltas a Marruecos 116 personas que el d¨ªa anterior hab¨ªan entrado en Espa?a a trav¨¦s de la valla de Ceuta. Las devoluciones se practicaron en aplicaci¨®n del Acuerdo de Readmisi¨®n de 1992 entre el Reino de Espa?a y el Reino de Marruecos, en virtud del cual Espa?a puede entregar al pa¨ªs vecino a quienes desde all¨ª han accedido irregularmente a nuestro territorio, con independencia de su pa¨ªs de origen. Durante a?os, Marruecos se hab¨ªa opuesto a la aplicaci¨®n del acuerdo, en parte porque aceptar las devoluciones desde Ceuta y Melilla pod¨ªa ser interpretado como un reconocimiento de la espa?olidad de estas ciudades. El Gobierno de Espa?a deber¨ªa informar sobre cu¨¢les han sido las contraprestaciones econ¨®micas y pol¨ªticas ¡ªsin duda importantes¡ª que han conseguido torcer el brazo de Marruecos.

La aplicaci¨®n de este acuerdo tiene, adem¨¢s, un elevad¨ªsimo coste en derechos humanos. Posibilita que Espa?a ¡ªen vez de intentar expulsar a sus pa¨ªses a quienes han entrado irregularmente y buscar una salida para los inexpulsables¡ª pueda desembarazarse de ellos entreg¨¢ndolos a las autoridades de Marruecos. Seg¨²n el art¨ªculo quinto del acuerdo, Marruecos ¡°se asegurar¨¢ de que los extranjeros readmitidos sean enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaron el viaje¡±. Sin embargo, la realidad es que estas personas, que con frecuencia arrastran largos periplos migratorios extremadamente duros, quedan varadas en territorio marroqu¨ª, donde sufren un sistem¨¢tico hostigamiento y vulneraci¨®n de derechos, especialmente si son de origen subsahariano. Marruecos no es un pa¨ªs seguro y mientras tengan fuerzas seguir¨¢n intentando llegar a Europa. Estas entregas resultan muy cuestionables desde el principio jur¨ªdico de no devoluci¨®n, pues con ellas estamos poniendo en serio riesgo la vida y la integridad de seres humanos.

Por otra parte, ha de recordarse que el acuerdo de readmisi¨®n solo es aplicable tras una orden de devoluci¨®n dictada con las garant¨ªas previstas en la legislaci¨®n de extranjer¨ªa. La sorprendente celeridad de estas devoluciones y la falta de informaci¨®n denunciada por el Colegio de Abogados de Ceuta son incompatibles con un procedimiento que permita identificar las situaciones de especial vulnerabilidad que el Estado espa?ol est¨¢ obligado a tutelar. El que no haya habido ni una sola solicitud de asilo es un indicio m¨¢s de que en la frontera Sur de nuevo se vulneran los derechos de personas migrantes y refugiadas.

Pero ya hab¨ªa dado muestras el Gobierno de su pol¨ªtica migratoria. Hace un par de semanas hac¨ªa suyos sin pudor los argumentos del ministro popular Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz para combatir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 3 de octubre de 2017. En esta sentencia se condenaba a nuestro pa¨ªs y eran declaradas contrarias al Convenio Europeo las denominadas devoluciones en caliente, unas pr¨¢cticas que consisten en devoluciones por la v¨ªa de hecho, sin ning¨²n tipo de procedimiento, y que el actual Ministerio del Interior ha seguido amparando. Se trata de pr¨¢cticas denunciadas como ilegales por el Defensor del Pueblo y otras instituciones y organismos nacionales e internacionales. El propio Pedro S¨¢nchez las rechaz¨® contundentemente poco antes de ganar la moci¨®n de censura, y el PSOE interpuso un recurso en el Constitucional contra la Ley de Seguridad Ciudadana porque a trav¨¦s de ella se pretendi¨® dar cobertura legal a las devoluciones en caliente. Palabras contradichas por los hechos.

A¨²n hay m¨¢s motivos para el desaliento. En la rueda de prensa que sigui¨® al pasado Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Carmen Calvo, enfatiz¨® e insisti¨® en la violencia y agresividad de los migrantes. Con ello se justificar¨ªa la contundente reacci¨®n del Ejecutivo frente a la entrada del d¨ªa 22. Deber¨ªa tener m¨¢s cuidado. En primer lugar, porque, mientras no se muestren las grabaciones, puede leg¨ªtimamente cuestionarse la violencia generalizada en la que hace hincapi¨¦ y que no ha causado ni lesiones relevantes ni graves da?os materiales. Sus declaraciones generalizando el uso de la violencia son un ejemplo de discurso del miedo, que a trav¨¦s de la deshumanizaci¨®n de ¡°los otros¡±, nos anestesia moralmente y nos pone en disposici¨®n de justificar cualquier decisi¨®n contra ellos si supuestamente nos protege. Puede ser una buena estrategia para ganar ciertos votos, pero devora la precaria, pero irrenunciable, cultura de los derechos humanos.

Margarita Mart¨ªnez Escamilla es catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora principal del Proyecto iusmigrante