Conflicto diferido
El decreto del Gobierno no facilita una transici¨®n de mercado que permita coexistir a ambos grupos
El conflicto entre la actividad del taxi y las plataformas de transporte urbano de los Veh¨ªculos de Transporte con Conductor (VTC) se resolvi¨® en Europa hace a?os, sin da?o para los sectores enfrentados y sin que queden huellas aparentes en la calidad de los servicios. Pero en Espa?a el enfrentamiento no solo no se reduce, sino que las intervenciones para establecer una regulaci¨®n para el mercado taxi-VTC parecen dilatar la soluci¨®n. El decreto aprobado el viernes por el Gobierno para trasladar las competencias sobre concesi¨®n de licencias VTC a las comunidades aut¨®nomas y Ayuntamientos es tan impreciso como dilatorio. Cambia el problema de jurisdicci¨®n ¡ªel Estado se sacude la capacidad de decisi¨®n al respecto¡ª, pero en lo fundamental no contribuye a resolverlo.
Y esa confusi¨®n se produce porque, de entrada, no est¨¢ claro que todas las comunidades aut¨®nomas y Ayuntamientos quieran o est¨¦n capacitados para adoptar decisiones restrictivas de enorme impacto pol¨ªtico. Los nuevos responsables de autorizar las licencias tendr¨¢n que aplicar la ley (una VTC por cada 30 de taxi), lo cual implica que estar¨¢n obligados a suspender miles de licencias VTC. De inmediato, los propietarios de las licencias que se suspendan recurrir¨¢n a los tribunales para hacer valer sus derechos. No est¨¢ claro cu¨¢l ser¨¢ el modo de proceder, pero es seguro que no ser¨¢ uniforme. Existe un riesgo elevado de avalancha de reclamaciones. El hecho de que no exista una aceptaci¨®n uniforme de las competencias implica adem¨¢s que se rompe la unidad de mercado. Los costes econ¨®micos de esa ruptura, cuando se produzca, est¨¢n por calcular, pero ser¨¢n elevados.
Conceder una moratoria de cuatro a?os a las VTC es una idea que puede funcionar en teor¨ªa, pero cuyos efectos en la pr¨¢ctica son discutibles. Cuatro a?os de enfrentamiento potencial son demasiados e introduce un factor de tensi¨®n, porque al vencimiento las autoridades auton¨®micas y locales pueden anular simplemente las licencias.
Hubiera sido m¨¢s adecuado reconocer los derechos de las licencias concedidas y haber recurrido a f¨®rmulas compensatorias para respetar las exigencias de la ley. Las VTC constituyen en s¨ª mismas una actividad que debe mejorar la competencia del transporte en las ciudades, siempre y cuando respeten las exigencias laborales y fiscales que se imponen a su competencia. El decreto del viernes no facilita una transici¨®n de mercado que permita coexistir a ambos grupos; y, por lo tanto, tarde o temprano habr¨¢ que revisar la norma para aprobar una regulaci¨®n que, adem¨¢s de establecer las l¨ªneas de actuaci¨®n de taxi y VTC, favorezca a los clientes y consumidores.
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