Defensa de la Constituci¨®n

Aunque pueda parecer sarc¨¢stico decirlo ahora, cuando persiste la resaca de la crisis econ¨®mica, con sus estragos en t¨¦rminos de empleo y desigualdad social, que deriv¨® despu¨¦s en crisis pol¨ªtica e institucional, con su lamentable corolario, el desaf¨ªo independentista catal¨¢n, creo que si elevamos la mirada podemos mantener que tanto la Constituci¨®n de 1978 como el Estado, en su conjunto, han respondido bien en estos 40 a?os a las necesidades de la sociedad espa?ola. Una sociedad, por cierto, que, pese a las enormes dificultades, ha sido capaz de ofrecer una respuesta razonable o sosegada (no extremista o radical, como ha sucedido en otros pa¨ªses).

La Constituci¨®n y, en general, nuestro sistema jur¨ªdico-pol¨ªtico han sabido adaptarse a circunstancias muy cambiantes. Tanto en tiempos de normalidad institucional como en otros de grave inestabilidad pol¨ªtica han demostrado estar mejor concebidos de lo que cab¨ªa imaginar. Ah¨ª est¨¢ el sistema electoral, que ha posibilitado Gobiernos estables durante muchas legislaturas, al tiempo que ha permitido el surgimiento de nuevos partidos con importante peso parlamentario cuando ha habido una demanda social. Ah¨ª est¨¢ la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155, que ha sido capaz de ofrecer cobertura jur¨ªdico-constitucional a medidas extraordinarias para hacer frente a quienes, desde la m¨¢s burda deslealtad, han pretendido doblegar el Estado de derecho y, por tanto, la democracia. Y ah¨ª est¨¢ la moci¨®n de censura, que, contra todo pron¨®stico, ha permitido el cambio de un Gobierno anegado por la corrupci¨®n, por otro nuevo provisto de af¨¢n regenerador, pese a que tenga un margen de actuaci¨®n muy limitado.

De todos los retos presentes, seguramente el territorial es uno de los que m¨¢s nos preocupa, porque amenaza el fundamento mismo del Estado: su unidad. De ah¨ª que, desde hace tiempo, se venga poniendo el acento en la necesidad de acometer una reforma constitucional en clave federal como posible respuesta a tales desaf¨ªos. Una reforma acotada, que no tiene por qu¨¦ afectar a los principios estructurales sobre los que se asienta el Estado espa?ol, porque los mismos est¨¢n bien definidos en la propia Constituci¨®n: Estado democr¨¢tico de derecho, de cariz social, que reconoce y garantiza un amplio elenco de derechos fundamentales, y que parte asimismo del reconocimiento y garant¨ªa de la pluralidad territorial constitutiva de nuestro pa¨ªs.

La reforma solo puede estar orientada a mejorar las disposiciones constitucionales que, seg¨²n ha demostrado la experiencia, presentan deficiencias, insuficiencias o disfunciones, ya sea en el terreno competencial, institucional o financiero, reforzando los mecanismos de colaboraci¨®n, en un marco de relaciones institucionales inspirado en los principios de lealtad auton¨®mica y solidaridad interterritorial.

Nuestro sistema jur¨ªdico-pol¨ªtico ha ¡®sabido¡¯ adaptarse a circunstancias muy cambiantes tanto en tiempos de normalidad como de inestabilidad

Que esas reformas sean convenientes e, incluso, necesarias, no impide valorar la historia del Estado auton¨®mico como una historia de ¨¦xito, ya que ha conseguido transformar un viejo, autoritario e ineficiente Estado unitario, negador de la pluralidad territorial, en un moderno, democr¨¢tico y eficaz Estado descentralizado. Y ese ¨¦xito no puede quedar emborronado como consecuencia de la crisis provocada en Catalu?a por sectores pol¨ªticos y sociales independentistas. Sencillamente, porque la crisis catalana no puede servir de canon para medirlo todo.

Cuando, sin negar el ¨¦xito de nuestra forma territorial de Estado, defendemos la conveniencia de acometer su reforma constitucional en clave federal, ni sostenemos cosas contradictorias ni pretendemos establecer una contraposici¨®n entre Estado auton¨®mico y Estado federal, simplemente porque no existe. Por el contrario, entiendo que el Estado auton¨®mico es la contribuci¨®n de Espa?a a la historia del federalismo. Y, en consecuencia, la referida reforma no debe aspirar a una transformaci¨®n total de los fundamentos territoriales de nuestro Estado, que son correctos, sino a un perfeccionamiento de los mismos, buscando inspiraci¨®n en la experiencia federal contrastada.

En t¨¦rminos de oportunidad, no es este el mejor momento para acometer esa reforma, pues no parece que exista el m¨ªnimo necesario de estabilidad y sosiego. Pero eso no obsta para que podamos ir prepar¨¢ndola, de forma que cuando llegue el momento tengamos claro qu¨¦ reformar. Tarea que habr¨¢ que compaginar con otra: dar la batalla de las ideas, a fin de defender todo lo positivo que trajo consigo la Transici¨®n, as¨ª como la buena respuesta dada por la Constituci¨®n de 1978 a la mayor¨ªa de los problemas de Espa?a, entre ellos, el territorial.

Eso es lo que corresponde ahora: defender la Constituci¨®n frente a sus enemigos (los nacionalismos disgregadores y los populismos simplificadores, de uno y otro signo) y preparar su reforma (que, en realidad, es otra forma de defender nuestra Ley Fundamental, la que, en nuestra accidentada historia constitucional, m¨¢s a?os de paz y prosperidad nos ha proporcionado).

Antonio Arroyo Gil es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Aut¨®noma de Madrid.

@AArroyoGil