Fondo y forma

Espa?a ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por estimar que se vulneraron los derechos de Arnaldo Otegi en el juicio al que se le someti¨® por la reorganizaci¨®n de Batasuna (caso Bateragune).La sentencia afirma que no se respet¨® la forma debida de procedimiento: aunque no se aprecian indicios de animadversi¨®n personal de los integrantes de la secci¨®n de la Audiencia Nacional que lo juzg¨®, s¨ª cabr¨ªa identificar una apariencia objetiva de parcialidad.

Esta falta de imparcialidad deriva de la presencia en el tribunal de una magistrada que, debido a un comentario poco meditado en un proceso anterior, tuvo que ser apartada por el Tribunal Supremo, que orden¨® que se repitiera el juicio (en la nueva vista, Otegi result¨® absuelto). En opini¨®n un¨¢nime del TEDH, este antecedente implica que ¡°ya hab¨ªa formado una opini¨®n desfavorable¡± respecto del acusado, de modo que ¡°los temores del recurrente¡± en torno a la falta de parcialidad del tribunal en el nuevo caso estaban justificados.

Se trata, por tanto, de un pronunciamiento sobre el proceso, no sobre el fondo discutido en la vista. El razonamiento del TEDH, desde luego, no es dif¨ªcil de seguir: si la magistrada hab¨ªa mostrado una predisposici¨®n negativa frente al acusado, y, dado que exist¨ªa un nexo com¨²n esencial en los distintos procesos (la banda terrorista ETA), parece claro que quien no aparec¨ªa como imparcial en un caso, no lo pod¨ªa ser en el otro. As¨ª lo se?alaron ya respecto de Bateragune dos magistrados discrepantes en la Audiencia Nacional, otros dos integrantes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y cinco, finalmente, en el Tribunal Constitucional, que, sin embargo, se quedaron en minor¨ªa.

Ser¨ªa un error creer que los elementos del derecho a un juicio justo son meras ¡°formalidades¡± secundarias, sino la esencia misma de un sistema pol¨ªtico de libertades. Vulnerar este derecho fundamental es agua sobre el molino de los que cuestionan la legitimidad del Estado de derecho.

Puede decirse que Espa?a no resulta reprendida con una frecuencia preocupante en Estrasburgo. Sin embargo, las condenas habidas en los ¨²ltimos a?os destacan por su relevancia pol¨ªtica, especialmente los casos por no haber investigado denuncias de torturas o por haberse extralimitado en el cumplimiento de penas a presos etarras con la llamada doctrina Parot. Es dif¨ªcil sustraerse a la impresi¨®n, en este caso y en otros, de que en el fondo del asunto result¨® determinante la naturaleza del delito.

El caso Bateragune no es el ¨²nico regreso al pasado. El ¨²ltimo Zutabe de ETA, redactado en abril, poco antes de su disoluci¨®n, hace un balance de su actividad terrorista y reconoce 758 de los 853 asesinatos que establece el Ministerio del Interior. La diferencia radica, en parte, en que ETA ¡ªen realidad, ETA militar¡ª no asume los asesinatos de otras bandas terroristas como los Comandos Aut¨®nomos Anticapitalistas, Iraultza y algunos de ETA pol¨ªtico-militar, desaparecidas hace mucho tiempo. El inesperado comunicado responde a que ETA, aunque disuelta unilateralmente, ha seguido los protocolos establecidos en los organismos de resoluci¨®n de conflictos como el Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU que exige el reconocimiento de su actuaci¨®n violenta. De ah¨ª que asuma, finalmente, atentados como el de la calle del Correo de Madrid, de 1974, que mat¨® a 13 personas, y cuya autor¨ªa siempre fue evidente.