La burbuja del alquiler

En las ciudades espa?olas asistimos a una burbuja del alquiler que amenaza el acceso y la estabilidad residencial de unas clases medias y trabajadoras empobrecidas por la crisis econ¨®mica. La expulsi¨®n de inquilinos opera mediante desahucios judiciales por impago, pero tambi¨¦n con los llamados ¡°desahucios invisibles¡±, derivados del aumento inasumible de la renta o la no renovaci¨®n de los contratos. La especulaci¨®n se ha desplazado al alquiler, un mercado en el que cobran protagonismo actores nuevos, como los fondos de inversi¨®n y las socimis.

La ciudadan¨ªa, organizada en plataformas vecinales y sindicatos de inquilinos, reclama intervenciones que garanticen el derecho a la vivienda.

La burbuja del alquiler es un problema complejo, con claves a distintas escalas. Es preciso, pues, atajarla con medidas diversas para equilibrar la relaci¨®n desigual entre arrendador y arrendatario. No podemos permitirnos, como sociedad, esperar a que remita la tormenta. La inacci¨®n de los reguladores, cuando no su abierta complicidad con los intereses especuladores, nos ha tra¨ªdo la emergencia actual.

Suele afirmarse que la moderaci¨®n de precios se conseguir¨ªa con el aumento del parque p¨²blico de alquiler, hoy insignificante. Sin embargo, por mucho que aumente ese parque, tardar¨ªa d¨¦cadas en aliviar a una mayor¨ªa social asfixiada: los hogares catalanes, por ejemplo, destinan ya el 51% de sus ingresos al alquiler.

Resulta, pues, imperativo exigir responsabilidades a quienes operan en el mercado privado. Si aceptamos que se regulen los precios de otros bienes b¨¢sicos, como los medicamentos, ?por qu¨¦ nos obcecamos en preservar la presunta ¡°libertad de mercado¡± en el terreno inmobiliario? Una ¡°libertad¡± falaz en un sector ya intervenido de facto, pero en unos t¨¦rminos que favorecen a la parte fuerte en la relaci¨®n de arrendamiento.

En Nueva York, la larga tradici¨®n del control de precios protege y estabiliza a residentes que no podr¨ªan permitirse vivir fuera de ese parque

La regulaci¨®n de los precios del alquiler no implica la abolici¨®n del negocio inmobiliario, sino la limitaci¨®n del margen exagerado proporcionado por unas operaciones que est¨¢n provocando un gran sufrimiento social, con vulneraciones de derechos evidentes, como las provocadas por la compra a precio de saldo de edificios con inquilinos para su posterior expulsi¨®n. Se trata de que quienes operen en el mercado contribuyan al bien com¨²n generando oferta asequible y tributando proporcionalmente. As¨ª ha de ser cuando lo que est¨¢ en juego no es el acceso a un activo financiero cualquiera, sino a un recurso b¨¢sico.

Los argumentos esgrimidos contra la regulaci¨®n de precios, presentados como cient¨ªficos, son en realidad ideol¨®gicos, difundidos por lobbies poderosos, como los que consiguieron derogar el control en muchas ciudades estadounidenses durante los a?os noventa. Una derogaci¨®n que ¡ªde eso s¨ª que tenemos evidencia emp¨ªrica¡ª dio como fruto un ciclo de burbujas sin precedentes. Actualmente, ante el peso creciente de las l¨®gicas financieras en el sector del alquiler y la consiguiente crisis de asequibilidad, los inquilinos reclaman la reactivaci¨®n del control de alquileres en ciudades como Chicago o Minneapolis. En Nueva York, donde el 45% de las viviendas de alquiler tienen el precio regulado, el control de precios protege y estabiliza a residentes que no podr¨ªan permitirse vivir fuera de ese parque. M¨¢s cerca tenemos el caso de Par¨ªs, donde el encadrement des loyers est¨¢ frenando la escalada de precios, pese a las reticencias iniciales de los poderes econ¨®micos. O el de Alemania, donde el Gobierno democristiano acaba de endurecer la regulaci¨®n de precios para reforzar la protecci¨®n de los inquilinos, tras la modulaci¨®n de las subidas introducida en 2015.

En Espa?a se argumenta a menudo que la regulaci¨®n implicar¨ªa una reducci¨®n del parque. Se trata de una afirmaci¨®n sin m¨¢s fundamento que las et¨¦reas ¡°leyes del mercado¡±, encaminada a descartar todo intento de debate p¨²blico, cuando la experiencia espa?ola demuestra que la desregulaci¨®n ¡ªmaterializada en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013¡ª no ha aumentado la oferta, mientras que los precios se han disparado en este lustro.

La regulaci¨®n del alquiler es, pues, un asunto urgente. No podemos contentarnos con imponer una referenciaci¨®n al IPC de las subidas de la renta durante la vigencia de un contrato, como contempla la proposici¨®n de ley presentada por el PSOE. Aun siendo necesaria, esta referenciaci¨®n no soluciona el n¨²cleo del problema: los precios inasequibles de los nuevos contratos. Se trata, pues, de desincentivar la expulsi¨®n de vecinos regulando los precios tambi¨¦n en el momento del nuevo acceso. Para ello har¨¢ falta un ¨ªndice vinculante, que tenga en cuenta la situaci¨®n socioecon¨®mica de los inquilinos y que se apoye en sanciones. Porque s¨®lo con medidas decididas se podr¨¢ poner freno a una burbuja de los alquileres que est¨¢ expulsando al inquilinato de la ciudad.

Irene Sabat¨¦ Muriel es profesora de Antropolog¨ªa Social en la Universitat de Barcelona y miembro del Sindicat de Llogaters i Llogateres.