Una infancia de todos y de nadie

En los cuentos infantiles se infunde miedo a los ni?os con seres desconocidos que llegan para asustarlos o llev¨¢rselos, como el coco o el hombre del saco. Estos personajes del folclore infantil reflejan bien la idea de protecci¨®n en la que se socializan los ni?os: una concepci¨®n de la seguridad que se basa en la desconfianza hacia los desconocidos, en protegerse frente a los extra?os. Sin embargo, la realidad nos ense?a algo bien distinto: los datos sobre violencia infantil indican que el coco de los ni?os suele estar en casa. Seg¨²n la Fundaci¨®n ANAR, en la mayor¨ªa de casos de violencia registrados a trav¨¦s de su tel¨¦fono de ayuda el agresor pertenece al entorno familiar.

Quien se aproxime al problema de la violencia contra la infancia en Espa?a quedar¨¢ impactado por su magnitud y el alcance de sus consecuencias. El Consejo de Europa estima que uno de cada cinco menores ¡ªespecialmente las ni?as¡ª es v¨ªctima de violencia sexual. Sin embargo, las denuncias en Espa?a s¨®lo representan el 4% de los casos totales, seg¨²n c¨¢lculos de la Fundaci¨®n Educo. Adem¨¢s, en los ¨²ltimos a?os han aumentado los casos de violencia familiar y de acoso escolar. Es posible que una parte de este incremento se deba a una mejora de los mecanismos de denuncia. Pero los casos que llegan al sistema representan la punta del iceberg de un fen¨®meno soterrado cuya magnitud real es dif¨ªcil de conocer, debido tanto a la heterogeneidad en los registros como a las dificultades para detectar los casos.

Las consecuencias de la violencia infantil son devastadoras. Las v¨ªctimas padecen sus efectos durante la vida adulta porque la violencia compromete su desarrollo: lastra su educaci¨®n y afecta negativamente a su salud mental y f¨ªsica. La prevenci¨®n es la principal medida para combatirla. Y la detecci¨®n temprana es fundamental para minimizar sus secuelas. El problema es que en muchos casos la denuncia nunca llega. Los menores que sufren una agresi¨®n sexual tienen problemas para reconocerse como v¨ªctimas, bien por su corta edad, porque en muchos casos est¨¢n afectados por alg¨²n tipo de discapacidad intelectual, o por el propio trauma que causa la violencia. Adem¨¢s, el hecho de que en la mayor¨ªa de casos la violencia sexual sea intrafamiliar dificulta la denuncia e impide que el sistema pueda actuar.

Las v¨ªctimas padecen sus efectos durante la vida adulta porque la violencia compromete su desarrollo

Teniendo en cuenta la magnitud y efectos de la violencia contra la infancia ?qu¨¦ impide a una sociedad erradicar un fen¨®meno que es moralmente inaceptable y que lastra su capital humano futuro? Uno de los motivos es la consideraci¨®n de la infancia como una etapa transitoria sin derechos plenos. Los menores son percibidos como adultos en proyecto, como mini-personas con derechos incompletos. Esta concepci¨®n social del menor ilustra la brecha existente en muchos pa¨ªses entre la norma social y la norma legal, pues la regulaci¨®n internacional sobre infancia establece muy claramente que la protecci¨®n de los ni?os frente a toda forma de violencia es un derecho fundamental.

Otro de los factores que explica la incapacidad de una sociedad para proteger a su infancia es la persistencia de una concepci¨®n patrimonialista del menor. Para ilustrarla sirve la an¨¦cdota que cuenta en sus charlas Jorge Cardona, uno de los miembros del Comit¨¦ de los Derechos del Ni?o de Naciones Unidas, quien se vio obligado a abandonar un centro comercial tras intentar impedir que una madre pegase a su hijo. Que se amoneste a quien denuncia el maltrato y no a quien lo ejecuta evidencia bien la creencia de que los ni?os pertenecen a sus progenitores y que las relaciones dentro de la familia conciernen a una esfera privada en la que nadie debe inmiscuirse. Esta cuesti¨®n fue objeto de debate en Espa?a hace m¨¢s de una d¨¦cada durante la discusi¨®n de la llamada ¡°ley del cachete¡±, que planteaba eliminar la cobertura legal del uso ¡°moderado¡± del castigo corporal. Aunque la aprobaci¨®n de la ley contribuy¨® a reforzar la idea de que la protecci¨®n de la integridad f¨ªsica de los menores es tambi¨¦n una responsabilidad de los poderes p¨²blicos, todav¨ªa existe margen para mejorar la jurisprudencia existente sobre el maltrato infantil y la sensibilizaci¨®n de la sociedad acerca del mismo.

Combatir la violencia contra la infancia no es f¨¢cil. Se necesita una acci¨®n contundente de los poderes p¨²blicos que sea capaz de contener su tendencia a reproducirse, pues los ni?os que sufren violencia son m¨¢s propensos a convertirse en su vida adulta en responsables de infligirla. Sin embargo, como cualquier otra pol¨ªtica que est¨¦ destinada a combatir los factores que lastran el desarrollo de la infancia, la lucha contra la violencia infantil representa una inversi¨®n con un amplio retorno social. No s¨®lo compensa la p¨¦rdida de productividad y de ingresos que se deriva de su impacto negativo sobre el progreso profesional y personal del individuo. Tambi¨¦n contribuye a reducir los costes de atender a un grupo de la poblaci¨®n que muestra peores niveles de salud mental y f¨ªsica y mayores niveles de criminalidad. Se estima, por ejemplo, que la violencia sexual supone un coste de 979 millones de euros para las arcas p¨²blicas.

Todav¨ªa existe margen para mejorar la jurisprudencia espa?ola existente sobre el maltrato infantil

Proteger a la infancia de la violencia o el maltrato ¡ªy de la pobreza, la discriminaci¨®n o la exclusi¨®n de cualquier forma de participaci¨®n social que otorgue mayores oportunidades vitales¡ª contribuye a preservar el futuro capital humano, econ¨®mico y social de un pa¨ªs y tambi¨¦n su dignidad como sociedad. Aunque en Espa?a se han dado pasos importantes para equiparar nuestro ordenamiento jur¨ªdico a la regulaci¨®n internacional en materia de protecci¨®n del menor, la infancia no se concibe como un bien p¨²blico. Se dice a menudo que la protecci¨®n de los menores es responsabilidad de todos. Pero la infancia no necesita tanto simpatizantes de su causa, como alguien que se apropie de ella. Sin prioridad en la agenda pol¨ªtica, ni estructura institucional que facilite una actuaci¨®n integral para impulsar su desarrollo, la infancia de todos acaba siendo la infancia de nadie, y la efectividad de las pol¨ªticas se pierde en un mar de intervenciones sectoriales no siempre coordinadas.

Esta realidad puede transformarse si se culminan algunas de las iniciativas legislativas que se han puesto en marcha recientemente. Todos los grupos parlamentarios ratificaron hace unos d¨ªas una proposici¨®n no de ley para un Pacto de Estado por la Infancia. Y en el ¨²ltimo Consejo de Ministros de 2018 se aprob¨® el anteproyecto de ley integral para erradicar la violencia contra la infancia, dando respuesta a las repetidas exigencias de las entidades del tercer sector y del Comit¨¦ de los Derechos del Ni?o, quienes llevan tiempo requiriendo a los poderes p¨²blicos una ley integral que garantice una mejor protecci¨®n del menor en todo el territorio.

En todo lo relativo a la infancia deber¨ªa prevalecer una colaboraci¨®n sostenida en el tiempo entre actores pol¨ªticos, administraciones p¨²blicas y el tercer sector. Un consenso resistente a los ciclos pol¨ªticos y ajeno a la confrontaci¨®n que caracteriza el debate ideol¨®gico en otros ¨¢mbitos. Por eso, el fracaso de las actuales iniciativas legislativas en materia de infancia no s¨®lo representar¨ªa una mala noticia para el desarrollo y la protecci¨®n de los menores, sino tambi¨¦n un claro indicador del deterioro institucional del pa¨ªs.

Sandra Le¨®n es directora del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.