Tachaduras ¡®post mortem¡¯

Espa?a est¨¢ reconciliada: nadie en Espa?a niega el saludo, la amistad, el negocio, la asunci¨®n de parentesco matrimonial o de pareja a quienes militaron en el otro bando de la Guerra Civil o a sus descendientes. Se habla con serena pasi¨®n hist¨®rica de vencedores y vencidos, de pertenencia de los padres y abuelos a los nacionales o a los republicanos o, en terminolog¨ªa m¨¢s beligerante, a los rebeldes o a los leales, pero nada de esto rompe la pac¨ªfica convivencia del pueblo espa?ol que, con jam¨¢s abatida constancia, sostiene su democracia, a la que tenazmente asiste con sus elevadas participaciones en las m¨²ltiples convocatorias electorales de nuestro descentralizado sistema constitucional.

Este dato ¨®ptimo de vida pretende aplomarse, poniendo sobre el tapete los datos feroces de la muerte, el de parte de los m¨¢s de 30.000 muertos con sus restos alojados en el Valle de los Ca¨ªdos y el de los m¨¢s de 100.000 que se asegura que, una vez asesinados, permanecen enterrados en cunetas y fosas, y lo que se quiere hacer con esos datos es traerlos al presente, planteando la daci¨®n de la justicia que entonces no tuvieron, como un actualizado remordimiento nacional de conciencia a cuya reparaci¨®n ha de atenderse, desenterrando masivamente a los que yacen ignotos desde hace m¨¢s de ochenta a?os.

Resulta que frente a los rese?ados miles de seres fallecidos en los siniestros hechos que marcaron su destino, son en proporci¨®n muy pocos los deudos que reclaman la recuperaci¨®n material de los restos de sus pr¨®ximos tocados por el ¨®bito asesino. Esto es predicable tanto para los asesinados de un lado y de otro: a la vista est¨¢ que probablemente nadie ha reclamado a los que permanecen en Paracuellos, y sobre los muchos republicanos que est¨¢n en el Valle de los Ca¨ªdos se ha seguido una m¨ªnima cantidad de expedientes de reclamaci¨®n.

La inhabilitaci¨®n del cad¨¢ver del dictador para permanecer en su tumba se habr¨ªa decidido sin respeto al procedimiento constitucional

El juego de estas proporciones no postula ni minimizar el horror de los hechos ni desconocer la comprensi¨®n que merecen quienes, por razones de afecto o familia, se siguen sintiendo intensamente doloridos por lo acontecido. Pero s¨ª avoca a hacer una distinci¨®n, que el paso del tiempo impone, entre la respuesta pol¨ªtica, asumida por la naci¨®n como colectividad, de reconocimiento de un pasado fratricida, con espa?oles perdedores y ganadores, con un acuerdo de reparaci¨®n para aquellos hasta donde fuese material y moralmente posible, que es lo que Espa?a decidi¨® con car¨¢cter general en sucesivas leyes de la Transici¨®n y, por otra parte, las derivaciones individuales de insatisfacci¨®n ante lo reparado, que m¨¢s que de una gen¨¦rica contestaci¨®n pol¨ªtica, de lo que ameritan es de una eficaz respuesta individualizada sobre la base de un soporte ¨¦tico, el de restaurar individualmente el dolor padecido por aquellos que, a pesar del tiempo transcurrido, todav¨ªa entienden que la entrega de los restos de sus deudos fallecidos con violencia es condici¨®n ineludible de una plena reparaci¨®n.

Y Franco, ?qu¨¦ se hace con Franco? La ubicaci¨®n de su cad¨¢ver no carece de la indignidad predicable de los que yacen en las cunetas, sino que, por el contrario, lo que se le atribuye es un exceso de honor. Argumento que se ha enriquecido por los patrocinadores del desalojo con uno m¨¢s, referido a la idea del propio Franco de que el Valle fuese lugar de reposo de los ca¨ªdos de ambas l¨ªneas de la Guerra Civil, concepto en el que obviamente sus restos no se integrar¨ªan, porque el general no cay¨® en ella. Congruencia que, al parecer, ¨¦l mismo pudo valorar, a la vista de que hay indicios de que nunca pens¨® en que el Valle fuese su mausoleo.

Hay un elemento en el tratamiento que se ha dado al conflicto que resulta contradictorio con la raz¨®n de fondo del acuerdo de exhumaci¨®n, que es la calidad de dictador de Franco. No hay duda de que Franco fue un dictador. Que desde una ley del a?o 1938 y hasta su fallecimiento, mantuvo la potestad de dictar leyes por s¨ª y ante s¨ª, sin sujeci¨®n a procedimiento alguno de previo debate o control. En positivo contraste, el constitucionalismo veta la posibilidad de una voluntad pol¨ªtica incontrolada, al someter los proyectos legales a procedimientos de debate y votaci¨®n, en el Congreso y en el Senado, procedimientos solo eludibles en el preciso supuesto enunciado por la Constituci¨®n para los decretos leyes, que compete aprobar al Gobierno en los estrictos ¡°casos de extrema y urgente necesidad¡±. Es esta la raz¨®n por la que no puede calificarse de ejemplar la sesi¨®n del Congreso de los Diputados en la que se convalid¨® el decreto ley de exhumaci¨®n de Franco.

Es meridiano que el caso en nada estaba afectado ¡°de extrema y urgente necesidad¡±, con la consecuente paradoja de que la inhabilitaci¨®n del cad¨¢ver de un dictador para permanecer en su habit¨¢culo mortuorio se habr¨ªa decidido sin respetar el debido procedimiento constitucional, dando as¨ª lugar a que mediante una norma inconstitucional se resuelva tachar post mortem a alguien a quien precisamente se le reprueba por su inconstitucional forma de gobernar¡­

Ram¨®n Trillo es expresidente de sala del Tribunal Supremo.