Juicio en el Supremo

Hoy se inicia en el Tribunal Supremo el juicio oral contra los l¨ªderes pol¨ªticos y dirigentes de asociaciones que participaron en la organizaci¨®n de un refer¨¦ndum ilegal en Catalu?a, y en la posterior declaraci¨®n unilateral de independencia. A partir de este momento, los ¨²nicos argumentos que pueden y deben influir en el desenlace son los jur¨ªdicos, por m¨¢s que los partidos a los que pertenecen los encausados, y tambi¨¦n algunas defensas, pretendan seguir acompa?¨¢ndolos con campa?as propagand¨ªsticas dirigidas a cuestionar la imparcialidad del juzgador y, por extensi¨®n, la naturaleza democr¨¢tica del sistema pol¨ªtico espa?ol. Los hechos sobre los que han pretendido lograr este objetivo a lo largo de la instrucci¨®n no son estrictamente hechos, sino medias verdades o directamente falsedades utilizadas para establecer un clima de opini¨®n favorable a su programa.

Confundir la decisi¨®n de no extraditar a un inculpado por un concreto tipo penal, seg¨²n han hecho algunos tribunales europeos, no equivale a que hayan dictado a su favor ninguna sentencia absolutoria, como pretenden los partidos independentistas. Ni menos a¨²n que se hayan pronunciado sobre el car¨¢cter supuestamente democr¨¢tico de hechos tales como abolir una Constituci¨®n aprobada por una aplastante mayor¨ªa en refer¨¦ndum mediante la exigua votaci¨®n de un Parlamento auton¨®mico, poner a escondidas urnas compradas en China, confeccionar un censo violentando el derecho a la intimidad de los ciudadanos, empujarlos a participar en un acto prohibido por el Tribunal Constitucional, ordenar a la polic¨ªa auton¨®mica que se abstenga de impedirlo, y considerar que el recuento con el que concluy¨® esta galopada de sinraz¨®n arroj¨® el incontestable resultado de que el pueblo de Catalu?a quer¨ªa la independencia, declar¨¢ndola a continuaci¨®n en la escalera del Parlament ante una espont¨¢nea asamblea de alcaldes alzando los bastones de mando.

La tarea que el Tribunal Supremo tiene por delante se resume en fijar estos y otros hechos recogidos en la instrucci¨®n del sumario, determinar el tipo penal al que se ajustan y el grado de participaci¨®n de los inculpados, y dictar la sentencia en la que se fijen unas penas que el propio ordenamiento espa?ol permite recurrir ante el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo. Las fuerzas independentistas, por su parte, han exigido la presencia de observadores internacionales, articulando en torno a la negativa una nueva campa?a dirigida a poner en cuesti¨®n la imparcialidad del tribunal. En realidad, al hacer esta solicitud los partidos independentistas no pretenden ampliar, sino reducir las garant¨ªas que ofrece el sistema democr¨¢tico espa?ol. En cualquier juicio celebrado desde la aprobaci¨®n y el desarrollo legal de la Constituci¨®n, no ya unos observadores tra¨ªdos del extranjero con pretensiones de imparcialidad sino cada ciudadano, sin importar si es partidario o no del programa de la secesi¨®n, est¨¢ legitimado para seguir el desarrollo de las sesiones sin necesidad de ninguna autorizaci¨®n. Sencillamente porque las sesiones judiciales, incluidas las celebradas en el Tribunal Supremo, son p¨²blicas, lo mismo que las sentencias.

El president Joaquim Torra ha anunciado su intenci¨®n de estar presente en el Supremo cuando se inicien las sesiones. El presidente del Tribunal ha manifestado su voluntad de prever para ¨¦l un lugar que se corresponda con la dignidad de lo que es y representa, una autoridad e instituci¨®n del Estado. Otra cosa diferente es que, de cumplir lo anunciado, Torra deba una urgente explicaci¨®n pol¨ªtica a los ciudadanos de Catalu?a, que tienen derecho a saber por qu¨¦ dejar¨¢ desatendidas las funciones para las que fue elegido, y si este injustificable absentismo se prolongar¨¢ mientras dure el juicio.