Amnist¨ªa en la encrujicada

Las leyes de amnist¨ªa han sido instrumentos clave en transiciones a la democracia del pasado, como Brasil, Chile, Espa?a, Per¨² y Uruguay, entre otras. No obstante, con el paso del tiempo, se han convertido en instrumentos m¨¢s pol¨¦micos e incluso inaceptables desde el punto de vista del derecho internacional, al menos cuando pretenden excluir graves violaciones de derechos humanos del alcance de la justicia penal. Tal avance normativo se debe sobre todo al sistema interamericano de derechos humanos, que desde los a?os noventa ha venido desarrollando jurisprudencia de acuerdo a la cual los Estados tienen el deber de investigar y juzgar tales violaciones. Ello con independencia de la identidad de sus redactores, los motivos por las cuales fueron adoptadas y las circunstancias en que pretendan desplegar sus efectos.

Aun as¨ª, casos m¨¢s recientes como Afganist¨¢n y la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo ponen de manifiesto no solo la popularidad de tales instrumentos normativos en nuestros d¨ªas; tambi¨¦n evidencian la dificultad o indisposici¨®n por parte de diversos Gobiernos de respetar l¨ªmites impuestos por el derecho internacional. En concreto, se ha buscado otorgar amnist¨ªas, aunque impliquen denegar justicia a v¨ªctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluso cuando se refieran a cr¨ªmenes de lesa humanidad. Por ello han soportado cr¨ªticas de la comunidad internacional.

En este momento, queda por determinar si la ley de amnist¨ªa que la Asamblea Nacional de Venezuela acord¨® aprobar el pasado 25 de enero ser¨¢ otro ejemplo de esta realidad. Tal iniciativa busca, como en otros casos, generar incentivos para que las fuerzas armadas, pero tambi¨¦n otros funcionarios, colaboren para lograr una transici¨®n a la democracia en este pa¨ªs. Su objetivo principal es decretar ¡°amnist¨ªas y garant¨ªas constitucionales para militares y civiles que colaboren o hayan colaborado con la restituci¨®n del orden constitucional¡± y se aplicar¨¢ a ¡°hechos penales en los que se hayan visto involucrados militares, diputados y otras personas que se encuentren detenidas, exiliadas o perseguidas judicialmente por razones pol¨ªticas¡±.

Su redacci¨®n deja que desear en t¨¦rminos de claridad y precisi¨®n en lo que concierne a hechos penales que los jueces ya no puedan investigar o sancionar o que ya hayan sido sancionados, pero que, como consecuencia de esta ley, conduzcan a la extinci¨®n de responsabilidades penales o de otra ¨ªndole. Tampoco queda claro si pretende cubrir violaciones graves de derechos humanos o no. Por ello ha sido criticada por Human Rights Watch, organizaci¨®n que insiste en la necesidad de precisar esta cuesti¨®n. En esta misma l¨ªnea, Foro Penal, ONG nacional, propone agregar una cl¨¢usula de exclusi¨®n de los cr¨ªmenes m¨¢s graves, como de lesa humanidad y guerra. Todo para asegurar que la ley cumple no solo est¨¢ndares internacionales, sino tambi¨¦n la propia Constituci¨®n venezolana, que establece la obligaci¨®n de investigar y sancionar delitos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades.

Es dudoso si la Asamblea General ha pensado en reformar su proyecto de ley en esta direcci¨®n. El estatuto que rige la transici¨®n a la democracia para restablecer la vigencia de la Constituci¨®n, adoptado por la Asamblea Nacional el 4 de febrero, parece m¨¢s bien indicar lo contrario. Por un lado, en ¨¦l, la Asamblea proclama su intenci¨®n de desarrollar un sistema de justicia transicional orientado a lograr la justicia, reparaci¨®n, verdad y reconciliaci¨®n ¡°de acuerdo con lo dispuesto en los tratados de derechos humanos¡±. Por otro, se compromete a crear una Comisi¨®n de la Verdad que se ocupe de investigar violaciones de derechos humanos y proponer pautas para lograr una reconciliaci¨®n nacional y reparaci¨®n a v¨ªctimas, sin menci¨®n alguna a la justicia penal. Es preciso recordar que una comisi¨®n de la verdad no puede sustituir el papel que tienen asignados los tribunales penales nacionales.

En cualquier caso, el proyecto de ley se encuentra ahora mismo en una situaci¨®n delicada. Es evidente que su eventual ¨¦xito depender¨¢ de la disposici¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica a aplicarla. Por ello, en el caso de los jueces, la promesa de amnist¨ªa lleva asociada un palo: de acuerdo con la ley, los jueces que se nieguen a darle cumplimiento ser¨¢n sancionados (art¨ªculo 5). Pero pese a la oferta de amnist¨ªa y garant¨ªas constitucionales a todo funcionario civil y militar que se una al proyecto de Guaid¨®, hasta ahora la ley no ha sido capaz de atraer a las fuerzas armadas que siguen apoyando a Nicol¨¢s Maduro.

Al fin y al cabo, la decisi¨®n de hacer justicia, realizar reparaciones y establecer la verdad para venezolanos que hayan sufrido violaciones graves de los derechos humanos est¨¢ en manos de los propios venezolanos, pero no solo. Tambi¨¦n depende de la comunidad internacional. Desafortunadamente, aunque no sea menos esperado, hasta la fecha esta solo ha conseguido rescatar viejas batallas ideol¨®gicas arriesgando que escale el conflicto.

Jessica Almqvist es profesora de Derecho Internacional P¨²blico de la Universidad Aut¨®noma de Madrid.

Este es un art¨ªculo elaborado por Agenda P¨²blica para El Pa¨ªs.