Hostales o viviendas

El Ayuntamiento de Madrid ha comprendido, igual que los de Barcelona, Valencia y Palma, que la proliferaci¨®n de los llamados pisos tur¨ªsticos?en el centro de las ciudades constituye un grave peligro para la estabilidad urbana. El pleno municipal decidi¨® el mi¨¦rcoles pasado imponer severas condiciones para conceder licencias de pisos de uso tur¨ªstico, la principal de las cuales ¡ªla exigencia de que tengan entrada propia y separada de la que da acceso al resto de los vecinos¡ª elimina de un plumazo el 95% de las viviendas destinadas a este tipo de alquileres y obliga a los propietarios de viviendas destinadas a este tipo de usos a replantearse el uso de sus propiedades. Quien quiera utilizar un piso como una pensi¨®n con una rotaci¨®n elevada de inquilinos tendr¨¢ que acogerse a una regulaci¨®n muy estricta. Una decisi¨®n que puede ser considerada extrema incluso por algunos especialistas pero que al menos tiene la virtud de abrir un debate en serio.

Existe un acuerdo general en que el fen¨®meno de los pisos tur¨ªsticos ha producido una grave distorsi¨®n en los espacios c¨¦ntricos urbanos. El piso tur¨ªstico es fuente de problemas potenciales entre turistas y vecinos, a causa del deterioro de las zonas comunes, la utilizaci¨®n irresponsable de los servicios de la comunidad o las molestias de los alborotos nocturnos. La presi¨®n de los alquileres tur¨ªsticos, servidos de forma masiva a trav¨¦s de plataformas digitales, provoca una presi¨®n alcista de los precios, demostrada en estudios hechos en ciudades como Barcelona. Se impide as¨ª el acceso a la vivienda de profesionales con salarios medios o bajos; y producen un cambio en el paisaje comercial de las zonas que ocupan en beneficio de tiendas o servicios de escaso valor a?adido y empleo precario.

Las autonom¨ªas y Ayuntamientos tienen el derecho a imponer una regulaci¨®n que limite los efectos m¨¢s perversos de este coste externo del turismo; es m¨¢s, tienen la obligaci¨®n de reaccionar a tales consecuencias con una legislaci¨®n razonable. La que acaba de imponer Madrid es una respuesta a los da?os mencionados y a la multiplicaci¨®n evidente del n¨²mero de pisos que de forma ilegal se han convertido en pensiones a costa de los vecinos. Los argumentos en contra de esta regulaci¨®n concreta, esgrimidos por PP y Ciudadanos, se fundamentan en la idea gen¨¦rica de que ¡°regular no es prohibir¡±. Sin embargo, los propietarios tienen garant¨ªas legales a trav¨¦s de un procedimiento administrativo para defender sus derechos. Y estaban advertidos de los graves problemas econ¨®micos y de convivencia que causaba el alquiler sin regular.

El mercado de la vivienda exige, hay que insistir en ello, una reforma integral que articule las acciones del Estado con las intervenciones posibles de comunidades y Ayuntamientos. Esa reforma tendr¨ªa como finalidad situar la evoluci¨®n de los precios en una senda moderada, mediante la construcci¨®n de viviendas sociales en promoci¨®n y alquiler, y solucionar el problema de los j¨®venes profesionales y trabajadores que quieren independizarse. La decisi¨®n del Ayuntamiento de Madrid, extremadamente severa, va en esa direcci¨®n, igual que las leyes hipotecarias y de propiedad horizontal.