Debates y formatos

El comit¨¦ de campa?a del Partido Socialista ha descartado pr¨¢cticamente la celebraci¨®n de un cara a cara entre su candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, y el del Partido Popular, Pablo Casado. Casi a la misma hora en que los socialistas hac¨ªan p¨²blica su negativa, el l¨ªder popular realizaba unas declaraciones impropias de un representante electo, y aspirante a una de las m¨¢s altas magistraturas del Estado, acusando a Pedro S¨¢nchez de preferir ¡°manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco¡±.

El hecho de que un candidato electoral se pierda el respeto a s¨ª mismo intentando perd¨¦rselo a un adversario, y de paso, a todos y cada uno de los ciudadanos a la espera de argumentos para decidir su voto, no es ¨®bice para que nadie deje de cumplir con los usos requeridos en democracia, en particular la celebraci¨®n de debates para contrastar programas alternativos. Incluso en el supuesto de que algunos de los l¨ªderes que se proponen dirigir el Ejecutivo confundan la cr¨ªtica racional y fundada en hechos contrastados con la visceralidad m¨¢s incivil, y de que s¨®lo parezcan esperar de una eventual confrontaci¨®n televisiva con los rivales una audiencia multiplicada desde la que exhibir su ret¨®rica pendenciera y agitar la crispaci¨®n con la aspiran a movilizar a los ciudadanos, degrad¨¢ndose y degrad¨¢ndolos.

El formato de los debates puede ser objeto de discusi¨®n, en ning¨²n caso el principio de que es un derecho de los ciudadanos. Un derecho que, sin duda, se vulnera cuando se les obliga a acudir a las urnas sin otros criterios que los que hayan podido formarse a partir de mensajes que los partidos emiten en paralelo, y cuando la campa?a se convierte en simple excusa para llevar al extremo una propaganda que no distingue entre la verdad y la mentira, ni entre el argumento y el insulto. Pero un derecho del que tambi¨¦n se ven privados cuando lo que se les ofrece como debate es espect¨¢culo grosero en lugar de intercambio racional sobre la viabilidad de los programas.

Al igual que en las dos ¨²ltimas elecciones generales celebradas en Espa?a, la encrucijada a la que se enfrentan tanto la Junta Electoral Central como los partidos es qu¨¦ criterio seguir para la organizaci¨®n de los debates y la determinaci¨®n de los participantes, en el supuesto que las fuerzas pol¨ªticas cumplieran con su deber y los aceptaran. Hasta la irrupci¨®n de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos, el criterio utilizado tomaba en consideraci¨®n los resultados obtenidos en procesos electorales anteriores, no los pron¨®sticos anticipados por las encuestas. Es cierto que este criterio impidi¨® advertir las transformaciones emergentes del panorama electoral, pero, en contrapartida, limit¨® la posibilidad de utilizar de forma espuria los estados de opini¨®n para intentar influir en los resultados. La experiencia acumulada, dentro y fuera de Espa?a, exigir¨ªa una respuesta espec¨ªfica y sosegada a este dilema, no la est¨¦ril espiral por la que la crispaci¨®n cierra las puertas a los debates, y la ausencia de debates se las abre a la crispaci¨®n.