Desorden laboral

A pesar de que el desempleo y la precariedad laboral son los problemas m¨¢s graves de la sociedad espa?ola, las pol¨ªticas de empleo han sido o inexistentes, cuando los Gobiernos han entendido que la responsabilidad de crear puestos de trabajo correspond¨ªa exclusivamente al sector privado, o ineficaces, por su escasa cuant¨ªa o su nulo desarrollo. En cuanto a los organismos p¨²blicos encargados de gestionar el mercado laboral, como las oficinas de empleo, han reducido tradicionalmente su funci¨®n a tomar nota del n¨²mero de parados y medir sus variaciones temporales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) acaba de confirmar lo que muchos ciudadanos sospechaban: es imposible saber c¨®mo se gastan los 6.500 millones anuales destinados a pol¨ªticas de empleo, y el sistema administrativo ¡ªdel que las oficinas p¨²blicas constituyen la estructura visible¡ª es un caos organizativo que impide saber cu¨¢l es la eficacia de dichas pol¨ªticas.

La l¨®gica elemental sugiere que la tarea principal de una oficina p¨²blica de empleo es colocar o recolocar a los parados. Sin embargo, solo el 2,1% de los trabajadores ha encontrado su puesto de trabajo a trav¨¦s de sus servicios. Las oficinas p¨²blicas est¨¢n organizadas en Espa?a como centros donde el parado acude a registrarse para confirmar su derecho a recibir la prestaci¨®n por desempleo y como ventanillas de recogida de datos estad¨ªsticos que despu¨¦s se difunden como ¡°paro registrado¡±. Es evidente que la probabilidad de ¨¦xito para reducir el paro y aumentar la ocupaci¨®n depende en gran parte de que los centros p¨²blicos sean capaces de gestionar con ¨¦xito el drama del desempleo. Para ello, tienen que fichar al parado, orientar su formaci¨®n profesional y, por ¨²ltimo pero lo m¨¢s importante, buscarle un empleo adecuado. En la medida en que lo consiga, las oficinas cumplir¨¢n con su funci¨®n y ser¨¢n rentables. Por eso tienen que orientar su organizaci¨®n hacia la recolocaci¨®n; es decir, tienen que utilizar la informaci¨®n abundante de que disponen para cruzar ofertas y demandas de empleo, seguir la trayectoria de cada trabajador registrado y reclamar el personal y los medios t¨¦cnicos suficientes para cumplir con tales tareas.

La Airef denuncia caos organizativo en las pol¨ªticas de empleo: desorden en las bases de datos, cruces de competencias estatales y auton¨®micas, falta de personal cualificado e imposibilidad en la pr¨¢ctica de identificar el dinero que se destina a pol¨ªticas activas. De todas las pol¨ªticas econ¨®micas, la de empleo es la que exige una informaci¨®n m¨¢s completa sobre la evaluaci¨®n de sus resultados. Es obligado saber si las decisiones tomadas y el dinero gastado son eficaces para aumentar la ocupaci¨®n y corregir tales pol¨ªticas cuando sea necesario.

Ventanilla ¨²nica para gestionar la colocaci¨®n y las ayudas sociales y volver a la obligaci¨®n de que las empresas comuniquen sus vacantes a las oficinas p¨²blicas son los remedios que propone la Airef. Son, sin duda, acertados. Pero los Gobiernos en Espa?a habitualmente han considerado que su tarea estaba cumplida una vez que la ley o norma est¨¢ en el BOE y la partida presupuestaria est¨¢ aprobada. No se piden memorias econ¨®micas en cada proyecto, ni se vigila el cumplimiento de las normas ni mucho menos se eval¨²a su eficacia. Estas carencias, m¨¢s el caos organizativo, son las que condenan a la irrelevancia a las pol¨ªticas actuales de empleo.