Urgencias auton¨®micas

La reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica es una de las cuentas pol¨ªticas en n¨²meros rojos que trasladaron los Gobiernos de Mariano Rajoy a Pedro S¨¢nchez. La reforma deber¨ªa haberse negociado y aprobado en 2014, pero la crisis pol¨ªtica catalana aconsej¨® demorar la negociaci¨®n. Cinco a?os despu¨¦s, nada se ha avanzado en la reforma, salvo la redacci¨®n de recomendaciones generales elaboradas por un grupo de expertos y de representantes auton¨®micos que yace en alguno de los cajones del escritorio de la ministra de Hacienda en funciones, Mar¨ªa Jes¨²s Montero.

El problema es que el retraso, que nada ni nadie puede justificar hoy, est¨¢ estrangulando las fuentes de ingresos de las comunidades aut¨®nomas, en particular Valencia, Murcia y Andaluc¨ªa; que los servicios p¨²blicos b¨¢sicos en estas autonom¨ªas empiezan a degradarse a ritmo acelerado, que su deuda aumenta, que no se paga a los acreedores y que su propio funcionamiento administrativo se aproxima al colapso. Se recortan servicios, se demoran prestaciones y se recurre a elevar la deuda con el fin de sufragar servicios transferidos que forman parte del Estado de bienestar debido a todos los espa?oles. El Gobierno parece entender las dificultades reales de las autonom¨ªas desde el momento que ha prometido a Bruselas que abordar¨¢ la reforma de la financiaci¨®n en esta legislatura.

Lo que en 2014 era necesario, hoy es urgente. Es perentorio enfrentarse al fen¨®meno de la despoblaci¨®n y a su inmediata consecuencia, financiar servicios b¨¢sicos como la educaci¨®n o la sanidad en zonas de poblaci¨®n muy dispersa; decidir c¨®mo se aliviar¨¢ la carga de la deuda auton¨®mica sobre los Gobiernos regionales, por ejemplo, aplazando los vencimientos y bajando los intereses; establecer principios b¨¢sicos duraderos de reparto, y establecer m¨ªnimos de gravamen fiscal para todos los impuestos. Los tributos cedidos, como el de sucesiones, tienen que estar sujetos a una imposici¨®n m¨ªnima, para evitar que algunos Gobiernos regionales decidan reducir pr¨¢cticamente a cero un gravamen, como ha hecho Andaluc¨ªa con el de sucesiones, y reclamen fondos al Estado para cubrir la recaudaci¨®n perdida.

Los principales obst¨¢culos para la reforma son pol¨ªticos. S¨¢nchez tiene que tomar una decisi¨®n b¨¢sica: o inicia las negociaciones aunque Catalu?a no participe en ellas o espera a que se resuelva el problema catal¨¢n. Puesto que no es previsible que se llegue a un pacto de Estado que resuelva, durante este a?o o el pr¨®ximo, los problemas planteados por el independentismo, la elecci¨®n no es dif¨ªcil. Torra y su Gobierno tienen que entender que si la Generalitat se niega a entrar en una negociaci¨®n, estar¨¢ incurriendo en la pr¨¢ctica en un bloqueo a la financiaci¨®n del resto de las comunidades; bloqueo que Valencia y Andaluc¨ªa no pueden soportar por m¨¢s tiempo.

Por supuesto, hay que contar con que la reforma de la financiaci¨®n se har¨¢ de buena fe. Dadas las graves dificultades financieras de algunas comunidades, el boicot o los entorpecimientos provocados estar¨ªan de m¨¢s. Si los Gobiernos auton¨®micos se justifican por la proximidad con que prestan servicios a los ciudadanos, justo es que reciban un reparto pactado con lealtad.