La suspensi¨®n de los diputados presos

La suspensi¨®n de los 5 parlamentarios independentistas ha sido presentada como una cuesti¨®n autom¨¢tica: por aplicaci¨®n del art. 21 1.2 del Reglamento del Congreso, o por aplicaci¨®n del art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tambi¨¦n coinciden en que esa decisi¨®n debe ser adoptada sin m¨¢s dilaci¨®n por las mesas del Congreso y del Senado. Aunque las interpretaciones propuestas son jur¨ªdicamente aceptables, existen tambi¨¦n algunas dudas jur¨ªdicas que deben ponerse de manifiesto antes de dar por buenas dichas soluciones.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, solicit¨® al Tribunal Supremo aclaraciones sobre su decisi¨®n de 14 de mayo en la que daba respuesta a los presos preventivos del proc¨¦s sobre la improcedencia de exigir la petici¨®n del suplicatorio. Sin embargo, la decisi¨®n no conten¨ªa un requerimiento directo a las mesas parlamentarias de aplicar el art. 384 LECr. En su escrito, la presidenta del Congreso ped¨ªa, precisamente, que el Supremo aclarara este particular. El Magistrado Marchena, agarr¨¢ndose a una equivocaci¨®n en el redactado de la petici¨®n de aclaraci¨®n, se sale por la tangente y devuelve la pelota a la mesa, sin resolver la duda expuesta por su presidenta.

Por otra parte, el art¨ªculo 21. 2 RCD indica la autom¨¢tica suspensi¨®n en sus derechos y prerrogativas como diputado de aquel respecto del que se haya concedido el suplicatorio, est¨¦ procesado y en prisi¨®n preventiva. Algunos sostienen, en efecto, que en este caso no es necesario pedir el suplicatorio, ya que los diputados y senador afectados se encuentran en una causa en fase oral. As¨ª, no tiene sentido tener que suspender el procedimiento judicial para solicitar al Congreso y al Senado si se autoriza que sean juzgados. Recu¨¦rdese que el suplicatorio tiene como funci¨®n asegurar que los parlamentarios no sean apartados de sus funciones representativas por motivos meramente pol¨ªticos y no jur¨ªdicos.

Esta es una interpretaci¨®n, pero no la ¨²nica posible. Cabe entender que la inmunidad empieza en el momento del nuevo mandato representativo, dado que las prerrogativas protegen a las C¨¢maras, no a las personas. Esto conllevar¨ªa la suspensi¨®n del procedimiento judicial mientras se solicita y resuelve el suplicatorio, respetando en sus m¨¢ximos todas las garant¨ªas que la inmunidad prev¨¦ en el art. 71 CE.

As¨ª, las Presidencias de ambas C¨¢maras podr¨ªan requerirle al Supremo el suplicatorio. De esta forma, los grupos parlamentarios deber¨ªan posicionarse, con sus respectivas repercusiones pol¨ªticas, y, adem¨¢s, se har¨ªa una interpretaci¨®n indudablemente garantista de los derechos en juego.

El respeto de los derechos fundamentales debe priorizarse siempre, tambi¨¦n respecto de aquellos que han puesto en entredicho una y mil veces el sistema que los garantiza pero que son inocentes, hasta que, en su caso, un Tribunal dictamine lo contrario. No puede olvidarse que este episodio se repetir¨¢ en breve respecto de los diputados electos del Parlamento Europeo y que, de buen seguro, el Tribunal de Estrasburgo acabar¨¢ conociendo de este caso en el futuro pr¨®ximo. Pong¨¢moselo f¨¢cil.