La Mesa del Congreso aplaza la decisi¨®n sobre los diputados presos con la oposici¨®n de PP y Cs

El pulso entre el Congreso y el Supremo se recrudece. El Tribunal Supremo ha devuelto de nuevo al Congreso la decisi¨®n sobre la suspensi¨®n de los cinco presos del proc¨¦s que fueron elegidos en las elecciones generales del 28-A. El presidente del tribunal que juzga a los l¨ªderes independentistas, Manuel Marchena, ha enviado este jueves un escrito a la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, en el que rechaza elaborar el informe solicitado por la presidenta sobre la posible aplicaci¨®n del art¨ªculo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Marchena sostiene que la configuraci¨®n que la Constituci¨®n atribuye al Supremo ¡°hace inviable la elaboraci¨®n del informe requerido¡±.

La Mesa del Congreso ha decidido, tras una reuni¨®n de casi tres horas y media, pedir un informe a los letrados y se volver¨¢ a reunir ma?ana para tomar una decisi¨®n sobre los presos.?Pero el ¨®rgano de direcci¨®n de las Cortes ya est¨¢ claramente dividido tras su primera reuni¨®n de la reci¨¦n estrenada decimotercera legislatura porque el PP y Ciudadanos han rechazado esa medida. La propuesta de la presidenta ha salido adelante con el apoyo de los tres miembros del PSOE y los dos de Unidas Podemos. PP y Cs tienen dos componentes cada uno. La Mesa ya ha sido convocada para ma?ana viernes a las 12.30. La presidenta pidi¨® expresamente en la reuni¨®n la unanimidad, "porque val¨ªa la pena", pero no la logr¨®.

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La presidenta Batet ha justificado la decisi¨®n de pedir el informe a la Secretar¨ªa General del Congreso para dotarse de "m¨¢s seguridad jur¨ªdica". Batet ha explicado que hab¨ªa dudas por su parte y por parte de los propios servicios del Congreso ante la "diversidad" de los escritos planteados por diferentes partidos sobre lo que habr¨ªa que hacer ahora, si recurrir al art¨ªculo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o al art¨ªculo 21 del Reglamento de la C¨¢mara.

Batet ha destacado que su "objetivo" al proponer y acordar esas decisiones era "preservar el sistema constitucional, la C¨¢mara y las funciones de la Mesa y garantizar que las decisiones sean conforme a derecho y con la m¨¢xima seguridad jur¨ªdica". La presidenta del Congreso ha afirmado, adem¨¢s, que esas actuaciones tambi¨¦n persegu¨ªan evitar cualquier posibilidad de "arbitrariedad" o intencionalidad "pol¨ªtica". Y a?adi¨® que tampoco tiene "ninguna voluntad de dilatar o retrasar" una decisi¨®n tan importante y por ello ha vuelto a fijar una nueva reuni¨®n de la Mesa este viernes.

Ana Pastor, ahora vicepresidenta tercera, no atendi¨® ni a los argumentos de la mayor¨ªa que ahora encarnan PSOE y Podemos ni a las dudas de los servicios de la C¨¢mara. Dijo, a la salida de la cita, que le parece "evidente que el Congreso debe aplicar la ley" y que esta es "inequ¨ªvoca, clara y de obligado cumplimiento". Y con los art¨ªculos esgrimidos tanto de la Lecrim como del Reglamento afirm¨® que el PP quiere que "se adopten las medidas y se haga efectiva la suspensi¨®n" de los diputados electos separatistas. Pastor rechaz¨® pedir ning¨²n nuevo informe porque defiende que eso solo se debe hacer cuando hay dudas y mantiene que ahora no las hay.

Esta misma ma?ana, tambi¨¦n en una sala de prensa de la C¨¢mara baja, el n¨²mero dos del PP, Teodoro Garc¨ªa Egea, ya hab¨ªa avanzado cu¨¢l era la instrucci¨®n que se le hab¨ªa dado a los dos componentes de su partido en la Mesa. Garc¨ªa Egea asegur¨® que ni Ana Pastor ¡ªpresidenta del Congreso hasta hace tres d¨ªas¡ª ni el diputado Adolfo Su¨¢rez Illana aceptar¨ªan la hip¨®tesis de reclamar un informe a los expertos y que lo rechazar¨ªan porque entend¨ªa que no hab¨ªa lugar para la discusi¨®n y Batet deb¨ªa proceder a suspender a los diputados independentistas sin mayor dilaci¨®n atendiendo a las instrucciones del Supremo.

Teodoro Garc¨ªa Egea anunci¨®, primero en un mitin de campa?a y luego en los pasillos del Congreso, que si Batet y el PSOE no acomet¨ªan hoy mismo esa suspensi¨®n su partido registrar¨ªa en la tarde de este mismo jueves alg¨²n tipo de iniciativa para reprobar a la presidenta de la C¨¢mara baja y estudiar¨ªan c¨®mo llevarla a los tribunales por presuntos delitos de "prevaricaci¨®n y desobediencia". El PP acus¨® as¨ª a Batet de querer "lavarse las manos" y "ganar tiempo" y la ha calificado de "un instrumento del sanchismo" para favorecer los pactos del l¨ªder del PSOE con Podemos y los partidos secesionistas para su investidura.

El PP, ahora, no cree necesario ni conveniente esperar a conocer la opini¨®n de los letrados de la C¨¢mara, en contra de lo que hizo durante todo su mandato como presidenta Ana Pastor, que siempre acud¨ªa a ellos ante situaciones de esta complejidad. Egea se remiti¨® en todo momento a lo que defiende en sus auto el juez Marchena.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, concluy¨® que la actuaci¨®n de Batet fue "inadecuada" y lleg¨® a afirmar que con la misma estaba "arrodillando" y "humillando" al Congreso y provocando un "conflicto y echando un pulso" al Supremo. Girauta enumer¨® una serie de "anomal¨ªas" vividas en el Congreso tras el arranque de la legislatura para advertir a Batet, a la que tach¨® junto al presidente Pedro S¨¢nchez de "c¨®mplice de los golpistas", de que s¨ª tras la sesi¨®n de la Mesa de ma?ana no suspende de inmediato a los pol¨ªticos presos Ciudadanos pedir¨¢ su dimisi¨®n.

Lo que el Supremo entiende

Y es ah¨ª, en su ¨²ltimo escrito de este jueves, de apenas dos p¨¢rrafos, donde el Supremo vuelve a insistir en los argumentos que ya ofreci¨® en su auto de 14 de mayo y ¡°que fue debidamente comunicado a la C¨¢mara¡±. ¡°A lo all¨ª expuesto nos remitimos¡±, a?ade el tribunal en su respuesta a Batet. En ese auto al que se refiere Marchena la sala que juzga a los l¨ªderes independentistas autoriz¨® a los parlamentarios presos (Oriol Junqueras, Ra¨¹l Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi S¨¤nchez) a asistir a la sesi¨®n de constituci¨®n de las Cortes, pero rechaz¨® que debiera pedir permiso a las C¨¢maras (mediante el llamado suplicatorio) para continuar con el juicio. Esa resoluci¨®n se acompa?¨® de un breve oficio en el que la Sala informa de que remite el auto ¡°a los efectos legales que resulten procedentes¡±. A partir de ah¨ª, el Supremo entiende que el Congreso deber¨ªa poner en marcha la suspensi¨®n de los cinco parlamentarios.

En el escrito enviado este jueves, el tribunal a?ade que el juicio seguir¨¢ su curso y que es misi¨®n del tribunal "salvaguardar los fines del proceso". El Supremo tiene pendiente contestar la petici¨®n que registr¨® el mi¨¦rcoles la Fiscal¨ªa para que el tribunal ordene a las Cortes suspender de forma ¡°inmediata¡± a los dirigentes independentistas encarcelados. La Fiscal¨ªa, y en esto coincide con el Congreso, considera que debe aplicarse a este caso el art¨ªculo 384 bis de la Lecrim, el mismo que us¨® el alto tribunal para ordenar al Parlament la suspensi¨®n de los diputados catalanes procesados por rebeli¨®n. Seg¨²n el ministerio p¨²blico, este precepto es de ¡°obligado cumplimiento¡± y el Supremo debe comunicarlo as¨ª a las C¨¢maras para que suspenda a Junqueras, Turull, Rull y S¨¤nchez, que obtuvieron esca?o en el Congreso, y Romeva (ERC), senador.

Pero el tribunal considera que la aplicaci¨®n de la Lecrim en este caso es "controvertida" porque el art¨ªculo 384 bis establece la suspensi¨®n de una persona ¡°que estuviere ostentando funci¨®n o cargo p¨²blico¡± cuando se dicte contra ella auto de procesamiento firme por rebeli¨®n y se haya decretado adem¨¢s la prisi¨®n preventiva. En este caso, los l¨ªderes del proc¨¦s han sido elegidos parlamentarios en las Cortes casi un a?o despu¨¦s de ser procesados, por lo que el Supremo alberga dudas sobre que se les pueda aplicar la Lecrim para suspenderlos ahora de esos nuevos cargos. Sin embargo, seg¨²n el tribunal, el art¨ªculo 21 del Reglamento del Congreso, que prev¨¦ la suspensi¨®n de los procesados que est¨¦n en prisi¨®n preventiva, s¨ª es plenamente aplicable en este caso, pero debe ser el Congreso quien lo haga. Lo contrario, seg¨²n los magistrados, ser¨ªa "una injerencia" del poder judicial en el pol¨ªtico.