Crimen sin castigo

Las torturas infligidas al capit¨¢n de corbeta opositor Rafael Acosta Ar¨¦valo son propias de dictaduras africanas y estalinistas e inconcebibles en un pa¨ªs que se proclama comprometido con el Estado de derecho. El delito no debiera quedar impune, pero probablemente no se haga justicia porque la divisi¨®n de poderes en Venezuela es simulada o inexistente, seg¨²n convenga. Solo el convencimiento de los torturadores de que ten¨ªan barra libre para arrancar confesiones explica el salvajismo de fracturas, desolladuras, latigazos, politraumatismos y edema cerebral, seg¨²n la autopsia publicada por el periodista de ?ltimas Noticias Eligio Rojas, no desmentida oficialmente.

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Editorial | Muerte sospechosa

Tan incalificable es el martirio al que fue sometido el oficial como incomprensible que la jefatura de la Direcci¨®n General de Contrainteligencia Militar siga al mando, amparada por un Gobierno que pretende justificar lo injustificable y desviar la atenci¨®n liberando a presos que no hubieran debido ser encarcelados o lo fueron sin respetar sus derechos. Esas maniobras son frecuentes. Hace menos de un a?o, el opositor Fernando Alb¨¢n muri¨® en la sede del Servicio de Inteligencia. Solicit¨® ir al ba?o y se lanz¨® al vac¨ªo desde un d¨¦cimo piso. El fiscal general y militante chavista, Tarek Saab, convalid¨® la versi¨®n policial y dio carpetazo al asunto. Ah¨ª qued¨® la ¡°exhaustiva¡± investigaci¨®n prometida.

Poco cabe esperar de la pr¨®xima a su cargo, que probablemente dedique m¨¢s esfuerzos a enfriar el delito y construir coartadas que a esclarecer los hechos, cristalinos a juzgar por el informe forense. Remota la depuraci¨®n de responsabilidades con prontitud e independencia, audiencias internacionales deber¨ªan abordar la muerte del capit¨¢n y las 6.800 atribuidas a los cuerpos de seguridad y milicias parapoliciales, entre enero de 2018 y mayo de 2019, en el informe de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. El n¨²mero de ejecuciones extrajudiciales del documento se antoja exagerado y se omite material que debiera ponderarse, pero el comportamiento gubernamental negando la mayor aporta relevancia al recuento de Naciones Unidas aun corrigi¨¦ndolo a la baja. El Ejecutivo alega que el 82% de las entrevistas corresponden a personas que no viven en el pa¨ªs, cuando debiera preguntarse por el origen de esa desproporci¨®n, por el silencio de quienes callan por miedo a represalias. Llegar¨¢ un momento en que el 100% de los entrevistados responder¨¢ desde Colombia, Espa?a o EE?UU: desde el exilio.

Las invocaciones a cerrar filas arguyendo que Estados Unidos amenaza la soberan¨ªa nacional todav¨ªa movilizan a los militares nacionalistas, pero la muerte a palos de un compa?ero de armas es harina de otro costal. La acusaci¨®n de que tramaba un magnicidio nada cambia porque, como apunta el informe, la complicidad de leyes, pol¨ªticas y pr¨¢cticas redujo el ¨¢mbito de la democracia y la justicia en Venezuela, desmont¨® el control institucional sobre el Ejecutivo y franque¨® el paso a graves violaciones de derechos fundamentales.