Criminalizar la solidaridad

?Es salvar vidas un crimen? Para Salvini no hay duda. En 2013 las ONG de salvamento mar¨ªtimo reaparecieron en el Mediterr¨¢neo de la mano de la operaci¨®n italiana Mare Nostrum. Entonces nadie dudaba de su necesidad. En poco m¨¢s de un a?o se salvaron 170.000 vidas. Cinco a?os despu¨¦s, Italia ha prohibido a los barcos de salvamento mar¨ªtimo atracar en sus puertos. Aquellos que como Carola Rackete osen desobeder, son acusados de ¡°criminales¡±, ¡°fanfarrones¡± e ¡°ilegales¡±. Para Salvini ¡°es un acto criminal, un acto de guerra¡±.

Las palabras y formas de Salvini ruborizan a media Europa. El mismo presidente alem¨¢n Frank-Walter Steinmeier declar¨® que cualquiera que salve vidas humanas no puede ser considerado criminal. Y Francia denunci¨® la ¡°estrategia de histeria¡± del ministro Salvini. Seg¨²n su portavoz del Gobierno, el derecho mar¨ªtimo internacional, que obliga a dejar a los migrantes en el puerto mar¨ªtimo m¨¢s cercano y seguro, est¨¢ por encima del decreto de Salvini: ¡°Italia debe respetar las normas internacionales. Es lo que le reclamamos. Y evidentemente la Uni¨®n Europea debe ser capaz de responder con solidaridad¡±.

M¨¢s all¨¢ de las palabras de unos y otros, en la pr¨¢ctica hace tiempo que la Uni¨®n Europea y sus Estados miembros reman en la misma direcci¨®n. En su lucha contra los traficantes, el espacio para la solidaridad se ha visto progresivamente reducido, si no criminalizado. A nivel legislativo, seg¨²n la Directiva 2002/90/CE, el delito de tr¨¢fico consiste en ¡°asistir a inmigrantes irregulares a entrar o permanecer en el territorio de un Estado miembro¡±. Respecto a la definici¨®n de las Naciones Unidas, la Directiva da un doble giro: lo que constituye el delito es la asistencia no s¨®lo en el cruce de fronteras sino tambi¨¦n una vez dentro del territorio nacional; y, en la asistencia en frontera, ya no es necesario que se d¨¦ un ¡°beneficio financiero¡±.

Estamos asistiendo a la progresiva criminalizaci¨®n de las ONG de rescate. Por un lado, se les acusa de ¡°favorecer la inmigraci¨®n clandestina¡±

Es cierto que la propia Directiva establece que cada Estado miembro puede decidir no imponer sanciones cuando la asistencia en frontera sea por razones humanitarias. Pero eso es s¨®lo una recomendaci¨®n. Seg¨²n la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), s¨®lo una cuarta parte de los Estados miembros de la Uni¨®n Europea tienen disposiciones espec¨ªficas para garantizar la excepci¨®n humanitaria. Ya a inicios de 2015, el Foro Europeo de la Migraci¨®n, una plataforma de di¨¢logo entre sociedad civil e instituciones europeas, reclamaba la revisi¨®n de la Directiva para evitar la criminalizaci¨®n de la ayuda humanitaria. En concreto, ped¨ªa que se excluyera expl¨ªcitamente la penalizaci¨®n de la ayuda humanitaria en frontera as¨ª como la provisi¨®n de servicios y bienes, con fines econ¨®micos pero sin condiciones de explotaci¨®n, dentro de la Uni¨®n Europea.

M¨¢s all¨¢ del plano legislativo, el Mediterr¨¢neo se ha convertido en campo de batalla de la lucha contra los traficantes. Aunque en 2015 Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisi¨®n Europea, reconoci¨® que acabar con la operaci¨®n Mare Nostrum hab¨ªa sido un error con un alto coste en vidas humanas, a partir de entonces salvar vidas en el mar se ha traducido sobre todo en una pol¨ªtica de lucha y combate contra los traficantes. El argumento es que destruyendo las embarcaciones de los traficantes se salva a los migrantes de caer en la esclavitud y de arriesgar la vida en alta mar. Se trata, pues, de hacer rescates preventivos, evitando sus muertes dej¨¢ndoles en tierra. No hace falta decir que luchar contra los traficantes en connivencia con Libia, uno de los Estados m¨¢s fallidos, corruptos y violentos del mundo, es de por s¨ª problem¨¢tico.

Adem¨¢s, desde 2018, estamos asistiendo a la progresiva criminalizaci¨®n de las ONG de rescate. Por un lado, se les acusa de ¡°favorecer la inmigraci¨®n clandestina¡± y de ¡°colaborar con los traficantes¡±. Por otro, las ONG tambi¨¦n han sido perseguidas por no colaborar con la guardia costera libia. Da igual qui¨¦nes est¨¦n detr¨¢s de esta guardia costera o en qu¨¦ condiciones realicen los rescates. Es una cuesti¨®n de competencias y ahora las competencias son suyas. En cualquier caso, el objetivo es expulsar a las ONG del Mediterr¨¢neo central. As¨ª es como hemos llegado al 2019, con el mar (casi) desierto de operaciones de rescate.

Pero un campo de batalla siempre tiene dos o m¨¢s contendientes. Por un lado, est¨¢n los Estados, que acostumbran a poner por encima de todo la defensa de las fronteras y la soberan¨ªa nacional. Por otro, no olvidemos tampoco las resistencias: por parte de una sociedad civil organizada, que en pocas horas consigui¨® recaudar casi un mill¨®n de euros para la defensa de Rackete; por parte de ciertas ciudades, en Italia y m¨¢s all¨¢, que se oponen al decreto de Salvini y a la pol¨ªtica europea en el Mediterr¨¢neo; y, no menos importante, por parte del Poder Judicial, por ejemplo con la magistrada de Agrigento que acaba de liberar a Rackete recordando que, efectivamente, el deber de salvar vidas en alta mar est¨¢ por encima de todo.

Blanca Garc¨¦s Mascare?as es investigadora del CIDOB.