La condena del Chapo

Joaqu¨ªn Guzm¨¢n Loera, El Chapo, pasar¨¢ el resto de su vida en una c¨¢rcel de m¨¢xima seguridad en Estados Unidos. El capo del c¨¢rtel de Sinaloa, de 62 a?os, fue sentenciado por una corte de Brooklyn a cadena perpetua. A esta condena se le sumaron 30 a?os de prisi¨®n por violencia armada y otros 20 por lavado de dinero. Medio siglo que se a?ade a la vida en reclusi¨®n que el juez Brian Cogan decidi¨® dar al narcotraficante mexicano m¨¢s conocido, uno de los delincuentes m¨¢s violentos de los a?os recientes. Como da?o colateral, por sabido no menos doloroso, figura la desautorizaci¨®n al sistema judicial mexicano y sus instituciones.

La condena es un castigo ejemplar para un escurridizo criminal que se fug¨® de dos prisiones de m¨¢xima seguridad en su pa¨ªs, se entrevist¨® en la clandestinidad con el actor Sean Penn con la esperanza de ver su historia llevada a la pantalla, y figur¨® en la lista Forbes de las mayores fortunas del mundo. Su segunda detenci¨®n en M¨¦xico provoc¨® marchas de repudio en su tierra natal, Sinaloa. El proceso judicial, que concluy¨® con la sentencia este mi¨¦rcoles, revel¨® detalles del poder corruptor de una de las organizaciones criminales m¨¢s grandes del mundo y desmitific¨® el relato rom¨¢ntico del bandido bueno que El Chapo Guzm¨¢n se construy¨®.

El fin del proceso es un duro recordatorio para M¨¦xico. Nuevamente, como pas¨® con Osiel C¨¢rdenas, el l¨ªder de Los Zetas, o con Juan Garc¨ªa Abrego, del C¨¢rtel del Golfo, un capo mexicano conoce la justicia fuera del territorio donde cre¨® su emporio criminal. La sentencia que acaba con la vida p¨²blica de Guzm¨¢n ilustra el fracaso del sistema judicial mexicano para castigar a aquellos que se han beneficiado de la debilidad del Estado.

El ¨¦xito conseguido por el Departamento de Justicia de EE?UU, que obtuvo una pena superior a la que propuso, deber¨ªa agitar el estado de las cosas al sur de la frontera. M¨¦xico suma un tercer Gobierno consecutivo sumergido en una crisis de violencia, iniciada hace 12 a?os por el combate al narcotr¨¢fico decidido por el ejecutivo de Felipe Calder¨®n. La violencia homicida alarg¨® su racha en el periodo de Enrique Pe?a Nieto, y amenaza con instalarse en el sexenio de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador.

El debate sobre legalizaci¨®n de las drogas y la reforma del sistema de justicia no aparece por ning¨²n lado, en una naci¨®n obsesionada con formar un nuevo cuerpo de polic¨ªa y profundizar en un modelo militar para reducir la inseguridad. Ni el Gobierno de L¨®pez Obrador ni la oposici¨®n han propuesto herramientas para acabar con la impunidad que permiti¨® a personajes como El Chapo, con una trayectoria criminal de m¨¢s de 30 a?os, vivir sin castigo. Sin mensajes ni instrumentos ni ideas claras, M¨¦xico est¨¢ condenado a ser testigo de c¨®mo los tribunales de su vecino del norte le expropian la justicia.