Cuba y los derechos inform¨¢ticos

Cuando en el a?o 2015 la administraci¨®n Obama permiti¨® a las compa?¨ªas estadounidenses contratar a programadores e inform¨¢ticos cubanos, el gobierno de Ra¨²l Castro se dio cuenta de que nadie hab¨ªa aclarado si esos programadores pod¨ªan trabajar legalmente para compa?¨ªas extranjeras.

Hab¨ªa un agujero en la legislaci¨®n de una sociedad donde la combinaci¨®n entre la empresa privada y las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n parec¨ªa algo impensable. Resultaba dif¨ªcil creer que el pa¨ªs con el menor ¨ªndice de acceso a Internet en todo el hemisferio occidental fuera capaz de brindar una fuerza de trabajo calificada con salarios de cinco d¨®lares la hora.

Dos a?os despu¨¦s, en febrero de 2017, cuando se constituy¨® oficialmente el club de desarrolladores para Android, la comunidad de programadores cubanos atravesaba su mejor momento. Ten¨ªan, por supuesto, que sortear grandes dificultades: estaban casi obligados a trabajar offline (sin posibilidad de conexi¨®n o sin poder pagar los altos precios de una) y al intentar descargar software desde el sitio oficial de Android Studio el programa les devolv¨ªa un error que se traduc¨ªa en ¡°p¨¢gina bloqueada¡±.

Estos retos fueron superados gracias a la proverbial facilidad del cubano para "resolver". Eran soluciones semisecretas porque la mayor¨ªa de estos j¨®venes prefer¨ªa trabajar en la sombra: ofrec¨ªan sus servicios directamente a las empresas extranjeras o creaban sinergias con el incipiente sector privado y el turismo en alza.?

Entre el 2017 y el 2018 el mercado de las apps cubanas, tanto para locales como para turistas, conoci¨® un florecimiento in¨¦dito: Zapya, OsmAnd, toDus, Alamesa, KeHayPaHoy, HabanaTrans, Qvacall o la Chopi son hoy algunas de las herramientas m¨¢s conocidas y descargadas.?

Este singular y estimulante panorama ha recibido una p¨¦sima noticia con la publicaci¨®n en la Gaceta Oficial del Decreto-Ley 370, m¨¢s otros dos decretos, un acuerdo del Consejo de Ministros y varias resoluciones ministeriales.

Como las cifras de conexi¨®n en la isla han aumentado, el Gobierno cubano retoma un enfoque ultrapolitizado de la tecnolog¨ªa para regular, por una parte, la "tierra de nadie" de los "cuentapropistas" y, por otra, imponer un control m¨¢s estricto sobre el uso tecnol¨®gico y el intercambio de informaci¨®n.

?Cu¨¢les son los cambios concretos introducidos por este nuevo conjunto de normas, que insiste m¨¢s de una vez en "consolidar el uso y desarrollo de las TIC como instrumento para la defensa de la Revoluci¨®n"?

El ¡°proceso de informatizaci¨®n de la sociedad¡± encubre una operaci¨®n de control gubernamental, que apela a ¡°razones estrat¨¦gicas¡±

Primero, todas las personas jur¨ªdicas en Cuba est¨¢n obligadas a utilizar un ¨²nico antivirus nacional. En los servicios inform¨¢ticos se dar¨¢ prioridad a aplicaciones propias de c¨®digo abierto: el Gobierno establece un plazo de tres a?os para migrar los datos gubernamentales hacia plataformas locales. Los programadores que ejerc¨ªan por su cuenta son ahora el objetivo de la Resoluci¨®n 125, que en su art¨ªculo 5 los obliga a inscribir sus productos, con el correspondiente pago, "a trav¨¦s de la Unidad Presupuestada T¨¦cnica de Control del Espectro Radioel¨¦ctrico del Ministerio de Comunicaciones¡±. Ya no podr¨¢n comercializar directamente sus productos con empresas extranjeras y tienen la obligaci¨®n legal de revelar proyectos, dise?os, arquitectura y c¨®digo fuente. Sus proyectos pueden ser denegados por las autoridades, y han de cumplir una serie de tr¨¢mites que, conociendo la burocracia cubana, podr¨ªan convertirse en obst¨¢culos insalvables.

En resumen, las nuevas normas jur¨ªdicas otorgan el protagonismo de la industria inform¨¢tica a la empresa estatal, y relegan al sector privado, que hab¨ªa conocido un auge inesperado en estos ¨²ltimos a?os, a una simple "complementaci¨®n" vigilada.

Est¨¢ tambi¨¦n el tema del control de iniciativas que antes funcionaban en una "zona gris". El inciso b del Decreto-Ley 370, por ejemplo, tipifica como contravenci¨®n "fabricar, comercializar, transferir, instalar equipos y dem¨¢s dispositivos para brindar, facilitar o recibir servicios asociados a las TIC, sin la correspondiente autorizaci¨®n", evidente alusi¨®n a redes ciudadanas, como SNET, que han conseguido subsistir al margen del control gubernamental.

Aun cuando los usuarios de estas redes (cerca de 40.000 solo en La Habana) han tratado de dialogar con el Estado y poseen estrictas normas para evitar su uso con fines pol¨ªticos, el Gobierno las ve con sospecha y busca eliminarlas.

Estas medidas coinciden con un recrudecimiento de viejas pol¨ªticas de censura y control. La marginaci¨®n del arte contestatario, el veto en servidores de la isla de medios independientes (14ymedio, El Estornudo, Diario de Cuba, y m¨¢s recientemente, ADNCuba) y una ret¨®rica de "plaza sitiada" prueban que la mejora en el acceso a Internet no implicar¨¢ autom¨¢ticamente una mayor libertad de informaci¨®n.

Primero hay que cambiar la naturaleza autoritaria del Estado para acomodar lo dem¨¢s, incluyendo la tecnolog¨ªa

El llamado "proceso de informatizaci¨®n de la sociedad" encubre en realidad una operaci¨®n de control gubernamental, que apela a "razones estrat¨¦gicas". Hace diez a?os las autoridades de la isla ya ve¨ªan en Microsoft un arma de doble filo, porque el gigante inform¨¢tico pod¨ªa pasar sus c¨®digos al enemigo. ¡°No tenemos forma de protegernos si no es a trav¨¦s del software libre, que nos permite ser independientes¡±, declaraba el decano de la Universidad de Ciencias Inform¨¢ticas, en 2010.

Aquella "independencia", sin embargo, sali¨® cara. Cuba se convirti¨® en "la isla de los desconectados", mientras que el software libre no pas¨® de ser una tendencia pasajera y acab¨® sustituida por la pirater¨ªa masiva. En 2010, cuando a¨²n no estaba en funcionamiento el cable de fibra ¨®ptica entre Venezuela y Cuba, solo 600.000 cubanos de una poblaci¨®n de 11 millones usaban tel¨¦fonos m¨®viles. No ten¨ªa sentido discutir sobre "soberan¨ªa tecnol¨®gica" porque el porcentaje de "usuarios soberanos" de esa tecnolog¨ªa en la isla era rid¨ªculo.

Hoy los cubanos se asoman a un mundo interconectado y saben que el futuro digital depende de la capacidad para acceder, usar y desarrollar la tecnolog¨ªa de la manera m¨¢s libre posible. Tambi¨¦n comienzan a darse cuenta de que las autoridades pol¨ªticas no deber¨ªan tratar de controlar a toda costa un espacio cuya esencia es la no regulaci¨®n.

Es obvio que Cuba necesitaba un marco legal que estableciera el concepto de industria en el ¨¢mbito de las telecomunicaciones. Pero ese paso requiere de otras discusiones sobre innovaci¨®n, neutralidad de la red, libertad de expresi¨®n y asociaci¨®n, etc¨¦tera. En esas cosas, como en tantas otras de la sociedad cubana, primero hay que cambiar la naturaleza autoritaria del Estado para acomodar lo dem¨¢s, incluyendo la tecnolog¨ªa.

Ernesto Hern¨¢ndez Busto es ensayista (premio Casa de Am¨¦rica 2004). Entre 2006 y 2016 edit¨® Pen¨²ltimos D¨ªas, una de las webs de referencia sobre temas cubanos y fue redactor del cap¨ªtulo dedicado a la isla en el informe global Freedom on the Net.