Pago por uso

Espa?a dispone de una de las infraestructuras f¨ªsicas m¨¢s completas de la Uni¨®n Europea. Su mantenimiento tiene un coste relativamente elevado que, en algunos casos, no soportan ¨²nicamente quienes las usan, sino el conjunto de los contribuyentes. Esa anomal¨ªa es dif¨ªcil pasarla por alto en presencia de restricciones presupuestarias como las que ha mantenido Espa?a y seguir¨¢ manteniendo, hasta que satisfaga los compromisos de estabilidad con la Uni¨®n Europea. Con independencia de quien gobierne, tendr¨¢ tambi¨¦n en ese ¨¢mbito que enfrentarse a la elecci¨®n: mantener las asimetr¨ªas tan acusadas entre infraestructuras de pago (autopistas, aeropuertos) y las gratuitas (autov¨ªas), o ir conformando un sistema m¨¢s homog¨¦neo y que garantice un mayor equilibrio entre territorios.

El mantenimiento de la extensa red de autov¨ªas tiene un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros, que es previsible que vaya aumentando a medida que las exigencias de preservaci¨®n medioambiental lo hagan. Es razonable que su asunci¨®n, en lugar de recaer de forma indiscriminada en la totalidad de los contribuyentes, sea asumida al menos parcialmente por los usuarios directos, como ocurre en otros pa¨ªses europeos. Es la propuesta del Ministerio de Fomento.

Aunque existan Presupuestos, el horizonte de crecimiento econ¨®mico ser¨¢ en los pr¨®ximos a?os de menor intensidad que en los ¨²ltimos, lo que plantea la necesidad de buscar alternativas para conseguir aumentar los ingresos. Y esa es una, si no se quieren suprimir, o reducir a¨²n m¨¢s, otros cap¨ªtulos de gasto m¨¢s justificados socialmente.

El planteamiento de Fomento no es descabellado. En mayor medida si el coste asumido por el usuario es relativamente reducido, unas diez veces inferior al peaje de las autopistas. Su aceptaci¨®n puede ser igualmente razonable si parte de esos ingresos se destinan a reducir las acusadas diferencias entre el uso de unas y otras. Las autopistas ser¨¢n gratuitas cuando su concesi¨®n vaya venciendo y su titularidad pase al Estado, frente a la pr¨®rroga de las concesiones hasta ahora vigente.

El resultado ser¨ªa que el coste de utilizaci¨®n de las v¨ªas de gran capacidad fuera haci¨¦ndose m¨¢s homog¨¦neo en el Estado frente a la disparidad tan acusada hasta ahora vigente. La mejora de la cohesi¨®n territorial ser¨ªa una de las contrapartidas m¨¢s expl¨ªcitas. Por eso es de todo punto necesario que no se limite a una iniciativa aislada del Gobierno, sino que pueda formar parte de un pacto de Estado por la movilidad. Para conseguirlo, una de las condiciones necesarias es el apoyo de las comunidades aut¨®nomas.