Flaqueza p¨²blica

La precariedad del empleo ha quedado tambi¨¦n instalada en el sector p¨²blico. M¨¢s del 28% de los empleados p¨²blicos no dispone de estabilidad laboral, frente al 10% a comienzos de 2013. En el sector privado es actualmente del 25,9%. En los trabajadores con menos de 40 a?os esa tasa de temporalidad asciende al 55%, ampli¨¢ndose a medida que se reduce la edad media, pero superan el 93% si no tienen m¨¢s de 20 a?os. Son datos demoledores los que aporta la ¨²ltima encuesta de poblaci¨®n activa del INE, que nublan cualquier valoraci¨®n favorable que intente hacerse del comportamiento de la econom¨ªa espa?ola, de su recuperaci¨®n tras la crisis de 2008. Es cuando menos inquietante que servicios como la sanidad o la educaci¨®n en un pa¨ªs moderno est¨¦n amparados en ese tipo de interinidad permanente.

De las consecuencias adversas de esa manifiesta dualidad del mercado laboral espa?ol ya tenemos evidencias suficientes. Es dif¨ªcil que una sociedad avanzada pueda garantizar la m¨ªnima cohesi¨®n social con una inseguridad en las condiciones de vida como la que mantienen una proporci¨®n tan elevada de trabajadores. Tambi¨¦n es dif¨ªcil hacerlo con la eficiencia necesaria en el desempe?o de las tareas propias de esos empleados. Esos niveles de precariedad no se concilian con las necesidades de las propias organizaciones que los emplean, no facilitan la formaci¨®n permanente de los trabajadores ni, en ¨²ltima instancia, la calidad de los servicios que desempe?an.

Esas consideraciones deber¨ªan ser suficientes para asumir como prioridad esencial para cualquier Gobierno la mejora de las condiciones de empleo, pero se entiende menos que sean las Administraciones p¨²blicas las que lideren ese empobrecimiento. En mayor medida cuando se verifica que esa precariedad ha sido paralela a la reducci¨®n del n¨²mero de funcionarios estatales, hasta registrar el m¨ªnimo de la democracia.

Esta situaci¨®n no ha sido tanto el resultado de reducciones de las tareas p¨²blicas o de mejoras en su racionalizaci¨®n o automatizaci¨®n, como las derivadas de la mal entendida austeridad fiscal que presidi¨® la gesti¨®n de la crisis, recortando partidas de gasto p¨²blico de forma indiscriminada. Las denominadas tasas de reposici¨®n, la sustituci¨®n de funcionarios que se iban jubilando, cayeron a cero, en posiciones laborales que segu¨ªan siendo necesarias, por eso se recurr¨ªa al empleo de trabajadores con contratos temporales. Una situaci¨®n dif¨ªcil de sostener, no solo por las personas que asumen esa precariedad, suscribiendo contratos de forma continua, sino por la propia estabilidad y calidad de la funci¨®n p¨²blica. En ¨¢reas particularmente sensibles, como la sanidad p¨²blica, dependiente de las comunidades aut¨®nomas, la situaci¨®n es inquietante, con un 37% de temporalidad, pero tambi¨¦n en la educaci¨®n, donde se supera el 26%.

Que no haya tenido apenas efectos el Pacto por la consolidaci¨®n del empleo p¨²blico firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy y los sindicatos en 2017 no significa que deban desestimarse iniciativas tendentes a reducir la temporalidad. En mayor medida si se tiene en cuenta la edad relativamente elevada de los empleados p¨²blicos, determinantes de un ritmo elevado de jubilaciones en los pr¨®ximos a?os. Adem¨¢s de revisar el ritmo de aplicaci¨®n de ese acuerdo es necesaria su revisi¨®n y alcance. Tiene que ser una de las principales prioridades cuando se disponga de nuevos Presupuestos.