La sentencia como oportunidad
Tras casi diez a?os de desgaste, todos deber¨ªan haber aprendido c¨®mo no hacer las cosas
Con la primera de las sentencias contra los dirigentes pol¨ªticos del independentismo catal¨¢n culmina un periodo pol¨ªtico en el que los jueces han rellenado el espacio desocupado por la pol¨ªtica, despu¨¦s de que los partidos y sus dirigentes perdieran el control del conflicto institucional en unas condiciones especialmente adversas. Habr¨¢ quienes pongan el foco sobre lo excesivamente duro de las penas impuestas, quienes vean exactamente lo contrario, quienes incluso discutan la idoneidad de este proceso judicial, y quienes se feliciten por ¨¦l.
Como se?alaba Ran Hirschl en Towards Juristocracy, en un tiempo en el que las ¨¦lites pol¨ªticas se muestran demasiado d¨¦biles para afrontar problemas de especial trascendencia para la comunidad de ciudadanos a los que no ven salida f¨¢cil, por los costes pol¨ªticos y electorales que pueden acarrear, estas pueden optar por trasladar el peso de la resoluci¨®n a los agentes judiciales. De este modo, mediante la judicializaci¨®n de la alta pol¨ªtica, Gobiernos y Parlamentos renuncian a resolver aquellos asuntos que, en otros tiempos, hubieran quedado reservados al mundo de la decisi¨®n puramente pol¨ªtica.
Ese era el terreno en el que siempre debi¨® haber quedado la disputa entre el Estado y las instituciones catalanas, el de la negociaci¨®n y la contenci¨®n institucional. Pero una acumulaci¨®n poco usual de impotencias y de errores de c¨¢lculo por parte de los m¨¢ximos dirigentes en los Gobiernos de uno y otro lado desliz¨® el desencuentro hacia el ¨¢mbito de lo constitucional, lo legal y lo penal, en el que nunca faltar¨¢n actores judiciales predispuestos a suplir la indecisi¨®n pol¨ªtica. Por eso la sentencia no puede significar ninguna soluci¨®n para el problema de fondo, pero abre una oportunidad para que los dirigentes pol¨ªticos recuperen en exclusiva su responsabilidad. ?Con qu¨¦ consecuencias y en qu¨¦ condiciones?
A pesar de la expresi¨®n emocional de descontento que se visibilizar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas, es dif¨ªcil pensar por qu¨¦ esta sentencia deber¨ªa tener efectos electorales may¨²sculos. El realineamiento producido por el proceso soberanista ha segmentado hasta tal punto los grupos de votantes en Catalu?a y m¨¢s all¨¢ que m¨¢s bien suceder¨¢ lo contrario: la sentencia y sus derivados ser¨¢n interpretados seg¨²n la adscripci¨®n partidista de cada uno. En todo caso, ser¨¢ el comportamiento de l¨ªderes e instituciones los que pueden acabar de decantar una parte de los indecisos en disputa en estos momentos. En realidad, el peso de la sentencia se har¨¢ sentir despu¨¦s del 10-N, cuando el mapa parlamentario confirme que el esquema b¨¢sico de la pol¨ªtica espa?ola apenas habr¨¢ variado tras una d¨¦cada de intensa tempestad: los dos principales partidos, PSOE y PP, seguir¨¢n siendo los representantes principales, m¨¢s debilitados, de los bloques que organizan la competici¨®n pol¨ªtica, y el nacionalismo catal¨¢n, ahora m¨¢s fragmentado y mutado en independentismo, la voz predominante de la tercera Espa?a indispensable para completar cualquier mayor¨ªa cualificada. Es cierto que ahora tenemos expresiones propias de los discursos m¨¢s extremos, el de la naci¨®n espa?ola y el de la naci¨®n catalana. En ese escenario, el Estado tendr¨¢ que seguir plante¨¢ndose c¨®mo actualizar su plebiscito cotidiano en un proyecto com¨²n que integre a casi dos millones de independentistas catalanes.
Ciertamente, hay algunas novedades. Por primera vez, desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Catalu?a, los principales partidos en Espa?a podr¨¢n abordar esta cuesti¨®n sin el temor por su supervivencia. La sentencia llega en un momento de recomposici¨®n de la pol¨ªtica espa?ola hacia el centro, en el que PSOE y PP tendr¨¢n escasos incentivos para promover reformas institucionales sin una aproximaci¨®n consensual entre ambos. Esa exclusi¨®n mutua se halla en el origen de la revuelta catalana hace m¨¢s de una d¨¦cada. Desde esta perspectiva, quiz¨¢ se entienda mejor la renuencia de S¨¢nchez a enfrascarse en una coalici¨®n que, probablemente, a estas horas estar¨ªa a punto de explotar. Ahora dispondr¨¢ de mayor margen para que en esa posible ecuaci¨®n de los grandes acuerdos de Estado tambi¨¦n pueda estar el PP. Si bien los nuevos partidos complicar¨¢n la suma de programas en los grandes temas abiertos, la tendencia menguante de sus electores no parece la mejor perspectiva para aparecer como los outsiders del consenso. Solo el PNV ha sabido gestionar ese arte de facilitar acuerdos de cuya firma se esfuma si conviene.
Es cierto que la parte catalana sigue pareciendo la pata d¨¦bil para afrontar una negociaci¨®n: excesivamente vol¨¢til y fragmentada, y con un n¨²cleo operativo en los sectores unilateralistas con demasiada capacidad de irradiaci¨®n para que ERC y la mayor¨ªa de los protopartidos que buscan la estela de CiU acepten fijar unos l¨ªmites a ese acuerdo multilateral. Por ello, es probable que estos actores busquen tiempo y eviten precisamente sacar provecho de la contestaci¨®n emocional de los pr¨®ximos d¨ªas. Necesitan despejar su propia debilidad para hallar el punto de equilibrio en la fuerza que a¨²n mantienen. No estamos muy lejos de 2010, cuando todo empez¨® a venirse abajo, pero hoy todos tienen m¨¢s experiencia, han consumido demasiado tiempo y energ¨ªas, han sufrido m¨¢s y, por ello, al menos deber¨ªan haber aprendido, por ambas partes, c¨®mo no hacer las cosas.
Juan Rodr¨ªguez Teruel es profesor de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad de Valencia. Este articulo ha sido elaborado por Agenda P¨²blica para EL PA?S
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