Las empresas se colocan al lado de la sociedad

La empresa cumple la funci¨®n social de producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas, en un marco institucional que influye decisivamente en la creaci¨®n y reparto de la riqueza colectiva y en su sostenibilidad.

La sociedad de capitales, como forma dominante de empresa en la econom¨ªa de mercado (propiedad privada, sistema de precios), ha demostrado una gran capacidad de creaci¨®n de riqueza. Sin embargo, con la reciente crisis financiera, se la responsabiliza directamente de la creciente desigualdad en la distribuci¨®n de la renta y riqueza, del deterioro del medio natural y de las amenazas de un cambio tecnol¨®gico acelerado e impredecible. As¨ª se ha llegado al convencimiento de que el modelo de empresa precisa de una reforma que aumente su contribuci¨®n a un crecimiento m¨¢s inclusivo y sostenible.

La declaraci¨®n de la Business Roundtable en el verano de 2019, revocando el criterio de maximizaci¨®n del beneficio para la toma de decisiones empresariales, y sustituy¨¦ndolo por otro m¨¢s inclusivo que tuviera en cuenta el bienestar de todos los grupos de inter¨¦s, es un hito importante en esa direcci¨®n. La declaraci¨®n se produce poco despu¨¦s de que la British Academy hiciera p¨²blico el documento Reforming Business for the 21st Century: A Framework for the Future of the Corporation, fruto de una iniciativa colectiva de 31 acad¨¦micos de las ciencias sociales y humanas, bajo la direcci¨®n del profesor de Oxford Colin Mayer, con el prop¨®sito de ¡°redefinir las empresas del siglo XXI y construir confianza entre las empresas y la sociedad¡±. Los medios de comunicaci¨®n (The Economist, Financial Times, New York Times¡­) se hacen eco repetidamente de estas declaraciones, poni¨¦ndolas en contexto con propuestas de candidatos presidenciables del Partido Dem¨®crata de Estados Unidos sobre futuras reformas.

En un entorno m¨¢s cercano, la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta en Espa?a por la Ley 11/2018 de 28 de diciembre (Ley de Informaci¨®n no Financiera y de Diversidad), revela lo que, a juicio de las autoridades y representantes pol¨ªticos comunitarios, debe ser la buena praxis de transparencia y rendici¨®n de cuentas en la relaci¨®n empresa-sociedad. A trav¨¦s de los requisitos de transparencia sobre unos indicadores de resultados ¡°no financieros¡± (bajo el principio de cumplir o explicar), la Directiva desvela las preferencias de los pol¨ªticos europeos sobre el buen desempe?o de las empresas. La ley espa?ola, en su pre¨¢mbulo, conecta expl¨ªcitamente la demanda de m¨¢s informaci¨®n con la que surge de la responsabilidad social corporativa (RSC), y la relaciona con la ¡°gesti¨®n de la transici¨®n hacia una econom¨ªa mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protecci¨®n del medio ambiente¡±.

La p¨¦rdida de peso del Estado podr¨ªa ser consecuencia de su captura por los propios ¡®lobbies¡¯ empresariales

A escala m¨¢s global, la iniciativa de la ONU alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reconoce la importancia, para el ¨¦xito final, de la implicaci¨®n de las empresas en la consecuci¨®n de los mismos, aunque no se pronuncia sobre la reforma.

La coincidencia de acad¨¦micos, directivos de empresas y pol¨ªticos en la necesidad de reformar la empresa avala la importancia de esta instituci¨®n en nuestra sociedad, aunque la implantaci¨®n de los cambios sigue confi¨¢ndose a la voluntariedad y la autorregulaci¨®n. Se mantiene la tradici¨®n de la RSC, que ha marcado el cambio en la empresa en los ¨²ltimos veinte a?os, a pesar de que durante este tiempo el deterioro del medio ambiente y la desigualdad han seguido creciendo. En el fondo, se pone en evidencia la complejidad del cambio y la necesidad, a nuestro juicio, de un marco de reflexi¨®n y an¨¢lisis m¨¢s comprensivo que el que podr¨ªa resultar de la inercia actual. En este sentido, los autores junto con la Fundaci¨®n Alternativas se proponen contribuir a ese an¨¢lisis y a la generaci¨®n de propuestas de reforma de la empresa, desde las siguientes premisas.

Deslindar los conceptos de mercado y capitalismo.Existen razones, desde el avance tecnol¨®gico y desde la innovaci¨®n financiera, para justificar un creciente protagonismo de formas de empresa no capitalistas, es decir, empresas en las que la propiedad y la capacidad de decisi¨®n no radiquen s¨®lo en quienes aportan el capital. Un espectro m¨¢s amplio de formas de empresa deber¨¢ facilitar la implantaci¨®n de los nuevos criterios de decisi¨®n, distintos de la maximizaci¨®n del beneficio, as¨ª como incrementar la inversi¨®n en las nuevas fuentes de creaci¨®n de riqueza, dentro de lo que Hanskel y Westlake denominan ¡°capitalismo sin capital¡±, en referencia al peso creciente de los activos intangibles en el capital productivo de las empresas.

Recuperar el papel del Estado en la correcci¨®n de los fallos del mercado. Una explicaci¨®n benevolente sobre por qu¨¦ el Estado no ha cumplido con su funci¨®n de impedir el deterioro en el capital colectivo puede basarse, tanto en el hecho de que los Estados nacionales han visto reducida su capacidad de iniciativa por la globalizaci¨®n, como en la ausencia de una autoridad supranacional con fuerza para defender intereses globales. Desde otro punto de vista menos benevolente, la p¨¦rdida de peso del Estado podr¨ªa ser consecuencia de su captura por los propios lobbies empresariales.

Es imprescindible que la informaci¨®n no financiera se publique de forma f¨¢cil de conocer y procesar

Reforzar la disciplina de la competencia. La competencia act¨²a cuando existe mercado y los actores tienen amplias posibilidades reales de elegir. Sin embargo, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental no han sido posible alcanzarlas, hasta el momento, por mecanismos estrictos de mercado y competencia. Para que la autorregulaci¨®n, que rige tanto en la Directiva 2014/95/UE como en la Ley 11/2018, sea sensible a las demandas del entorno es imprescindible que la informaci¨®n no financiera se publique de forma f¨¢cil de conocer y procesar.

Redefinir la responsabilidad social de las empresas. Si la intervenci¨®n del Estado y la competencia son contrapesos necesarios para mitigar las externalidades negativas del mercado, las empresas ¡°responsables¡± deben renunciar a cualquier acci¨®n u omisi¨®n que vaya contra estos mecanismos compensatorios. Ello significa pagar los impuestos que correspondan seg¨²n el esp¨ªritu de la ley, favorecer las posibilidades de elegir de los consumidores, facilitar la defensa de intereses colectivos y renunciar al lobby partidario.

Responsabilidad ante un cambio tecnol¨®gico acelerado y disruptivo. La innovaci¨®n tecnol¨®gica ha contribuido a la globalizaci¨®n y ha generado tensiones entre las empresas globales de base digital y las restricciones que han tratado de introducir los sistemas pol¨ªticos de ¨¢mbito nacional. La capacidad de comunicaci¨®n y de procesamiento, el funcionamiento en red, la disponibilidad de datos, la inteligencia artificial y el blockchain, entre otros, abren muchas inc¨®gnitas alrededor de los beneficios y costes sociales derivados de los usos de la innovaci¨®n tecnol¨®gica en las decisiones empresariales, principalmente en mercados donde las econom¨ªas de red presionan hacia la concentraci¨®n. Todo ello aumentar¨¢ las exigencias sobre las empresas para adaptar la propiedad, el gobierno y la gesti¨®n hacia unas tecnolog¨ªas en red, globales, automatizadas y con capacidad de aprendizaje.

La sociedad espera de las empresas que interioricen los objetivos de justicia social y sostenibilidad, sin perder su capacidad para crear riqueza. En el corto plazo, la Ley 11/2018 y los ODS marcan el camino. Actuar conforme al fondo (asimilando los objetivos que se persiguen) y la forma (informando con la m¨¢xima transparencia) de estas iniciativas servir¨¢ para demostrar el compromiso con objetivos mayores.

Diego L¨®pez Garrido es vicepresidente ejecutivo de la Fundaci¨®n Alternativas; Francisco Ros, ingeniero de telecomunicaciones; Vicente Salas, profesor en la Universidad de Zaragoza, e Ignacio Santillana, economista.