Queremos acoger: por derecho, por ¨¦tica, por humanidad

Nosotras y nosotros, la ciudadan¨ªa madrile?a, hemos visto estos d¨ªas como distintos medios de comunicaci¨®n se hac¨ªan eco de la noticia de que familias enteras solicitantes de protecci¨®n internacional se encontraban durmiendo a las puertas de la oficina central del Samur Social de Madrid por la falta de plazas de acogida en los centros espec¨ªficos para personas refugiadas.

La fotograf¨ªa de ni?os y ni?as cobijados cada d¨ªa, desde mediados de septiembre bajo las mantas pasando la noche al raso que nos ha conmovido, no es nueva. Esta situaci¨®n se viene repitiendo en Espa?a desde hace m¨¢s de cuatro a?os. Ya en julio de 2015, ciudadan¨ªa organizada y redes solidarias nos concentramos en la puerta del entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social (hoy Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) denunciando la situaci¨®n de los ¡°refugiados sin refugio¡±. Desde entonces no hemos dejado de denunciar y tratar de visibilizar esta situaci¨®n. En diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid conden¨® al Ministerio de Trabajo por vulnerar los derechos de dos personas refugiadas al denegarles la acogida.

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No hemos cejado en el empe?o de denunciar pero tambi¨¦n de movilizarnos ante ella, articulando respuestas desde la ciudadan¨ªa para dar acogida y apoyo a las personas vulnerabilizadas en sus derechos y atacadas en su dignidad. La experiencia de acompa?amiento de todos estos a?os, pero muy en especial de los ¨²ltimos meses, es que las personas vienen huyendo de contextos de violencia expl¨ªcita y al llegar a Espa?a se encuentran sometidas a un nuevo circuito de violencia institucional que termina de quebrar sus resistencias vitales.

Las redes solidarias de acogida y las vecinas y vecinos que cada d¨ªa nos acercamos a la verja del Samur Social consideramos que las Administraciones han respondido ante esto de un modo muy cicatero: de anunciar planes que no se llegan a concretar, hasta la guerra de competencias, con las declaraciones de reproche efectuadas por la ministra portavoz a los Ayuntamientos en un asunto que es competencia gubernamental. Sabemos bien que las competencias en materia de acogida de personas refugiadas son del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a ellos han ido dirigidos nuestras quejas y nuestras demandas judiciales. Pero tambi¨¦n sabemos que en materia de derechos humanos y en materia de infancia todos somos responsables, por eso no dejaremos de evidenciar la irresponsabilidad de la Comunidad de Madrid en la materia y la exigua respuesta del Ayuntamiento de Madrid. Constituye una aut¨¦ntica burla a la ciudadan¨ªa que desde el Ayuntamiento se anuncie la cesi¨®n de seis espacios de acogida, cuando es notorio que solo uno de ellos est¨¢ habilitado y disponible ¡ªel centro de Cercedilla¡ª y los dem¨¢s no est¨¢n acondicionados y no sirven para el uso de acogida. Todo esto, mientras mantienen cerrado la Residencia Escuela ¡°Palacios Vald¨¦s¡± perfectamente acondicionada para acoger a 80 personas. Necesitamos respuestas honestas y soluciones viables ya, no tras reuniones planificadas para un futuro no concretado.

Mientras esto ocurr¨ªa en los despachos, nos hemos organizado: hemos puesto parroquias y casas particulares al servicio de la acogida; se ha hecho acopio de productos de primera necesidad para la gente en calle; hemos organizado talleres jur¨ªdicos para preparar las entrevistas de asilo y conocer los derechos; hemos puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo esta situaci¨®n, y siempre hay alguien que se ocupa de que la comida caliente est¨¦ dispuesta.

La respuesta que los vecinos y vecinas de Madrid estamos dando ha dejado clara una cosa: queremos acoger. Una solidaridad desbordada de manos y voluntades que desde las periferias al coraz¨®n de la ciudad de Madrid lo tienen claro: la acogida es un obligaci¨®n legal, un imperativo ¨¦tico y un mandato ciudadano. Quienes hemos abierto nuestras casas para albergar, quienes hemos salido de casa para acompa?ar, quienes hemos puesto dinero para pagar hostales, y quienes hemos puesto nuestro grito para la denuncia, somos personas de distinta condici¨®n social, de distintas sensibilidades pol¨ªticas y religiosas, y de muy diferentes or¨ªgenes.

Este hecho nos legitima para exigir a todas las Administraciones P¨²blicas que cumplan con su mandato y con su obligaci¨®n: que no miren para otro lado. Hacen falta pol¨ªticas valientes que tomen el testigo de la ciudadan¨ªa y apuesten por los derechos humanos como una forma v¨¢lida de gestionar las migraciones y de atenci¨®n a las personas vulnerables. No queremos protocolos de actuaci¨®n: exigimos derechos. La acogida como un derecho, la inclusi¨®n como un horizonte social.

Y esto exige del concurso de todas las Administraciones p¨²blicas y de todos los agentes sociales: que se siente en una mesa y pongan sus recursos, competencias e instrumentos legales para dise?ar esas pol¨ªticas ya. Frente a la guerra de competencias, la solidaridad de responsabilidades.

Firman esta tribuna: Nabiil Maxamed, Daniel M¨¦ndez, Susana Pineda, Eneko Lizarraga, ?ngela Escribano, Maria Teresa Mart¨ªn, Isabel Herrero Garc¨ªa, M¨ªriam Lozano, Beatriz Tejedor, Iria Candal, M¨®nica Hidalgo, Sandra Hermida, Olaya Osoro, Mar¨ªa Pilar Villarejo, Vanessa Bejarano, Luc¨ªa Lois, Yolanda Mart¨ªnez, Mar¨ªa Zapico, Ana Camacho, Celia de Molina, Isabel S¨¢nchez-Jara, Carmina Monferrer, Mas¨¦ Rivas Franco, Maite Ripoll, Karin Avaria, Paola Vargas, Massimo Cirolli, Francesca Fiume, In¨¦s Osoro, Roc¨ªo L¨®pez, Jos¨¦ Manuel Val, Yesika Mena, Carles Roca, Ana Laura ?lvarez, Paz Gonz¨¢lez, Carol Bl¨¢zquez y Merche Negro, vecinas y vecinos de Madrid frente a la verja del Samur Social. Kena Yuguero, de la Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel; Carmen Rodr¨ªguez, de la Red Solidaria de Acogida; y Javier Baeza, sacerdote de la parroquia de Entrev¨ªas, San Carlos Borromeo.