Protestas sociales y cambio clim¨¢tico en Am¨¦rica Latina y el Caribe

Por toda Am¨¦rica Latina y el Caribe han venido surgiendo protestas populares en las que la gente exige a sus Gobiernos que mejoren en forma inmediata la educaci¨®n y los servicios p¨²blicos, que aumenten los salarios y que reduzcan las desigualdades.

?Significa esto que tanto quienes protestan como sus dirigentes ya no se preocupan por otros desaf¨ªos, como el cambio clim¨¢tico y la sostenibilidad ambiental? Decididamente, no. Una tras otra, las encuestas de opini¨®n han demostrado que en la regi¨®n la gente est¨¢ mucho m¨¢s preocupada por los impactos del cambio clim¨¢tico que lo que est¨¢n los habitantes de otras zonas del planeta.

El a?o pasado, una encuesta del bar¨®metro de las Am¨¦ricas revel¨® que ocho de cada 10 adultos en M¨¦xico y Am¨¦rica Central y unos siete de cada 10 en Am¨¦rica del Sur y el Caribe consideran que el cambio clim¨¢tico es un problema muy serio para sus pa¨ªses. En abril, un sondeo del centro de investigaciones Pew tambi¨¦n puso en evidencia que los latinoamericanos le temen mucho m¨¢s a la amenaza del cambio clim¨¢tico que a otros riesgos.

Esto refleja el hecho de que mucha gente en Am¨¦rica Latina y el Caribe ya est¨¢ sufriendo los efectos del cambio clim¨¢tico, tales como inundaciones, sequ¨ªas sin precedentes y, cada vez m¨¢s, huracanes como Dorian, que devast¨® las Bahamas en agosto pasado.

Tambi¨¦n explica por qu¨¦ los Gobiernos de la regi¨®n han estado formulando ambiciosos planes para reducir las emisiones de carbono, a la vez que atienden a urgentes problemas sociales. En febrero, Costa Rica se convirti¨® en el primer pa¨ªs de Am¨¦rica Latina en anunciar planes para convertirse en una econom¨ªa de ¡°cero emisiones netas¡± para el 2050. En junio, Chile anunci¨® planes similares. Y en septiembre, 21 pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y el Caribe declararon su intenci¨®n alcanzar esta meta para 2050.

Para lograr estos compromisos y otras metas fijadas por los Acuerdos de Par¨ªs, Am¨¦rica Latina y el Caribe necesitar¨¢ apoyo.

Se estima que los Gobiernos de la regi¨®n deber¨¢n invertir unos 77.000 millones de d¨®lares para el 2030 en infraestructura sostenible. Incluso en el escenario m¨¢s optimista, las inversiones p¨²blicas s¨®lo pueden cubrir aproximadamente una cuarta parte de esa cifra. Otro peque?o aporte podr¨ªa proceder de instituciones internacionales, incluyendo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero la mayor parte deber¨¢ provenir de inversionistas del sector privado.

La buena noticia es que existen billones de d¨®lares disponibles en activos del sector privado que pueden contribuir a cerrar esa brecha financiera. Solamente los fondos de pensi¨®n globales tienen en cartera m¨¢s de 40 billones de d¨®lares en activos, seg¨²n el Thinking Ahead Institute. Adem¨¢s, las tasas de inter¨¦s en las econom¨ªas avanzadas est¨¢n en niveles hist¨®ricamente muy bajos e incluso negativos, y los inversionistas buscan cada vez m¨¢s oportunidades para poder cumplir con sus propias metas ambientales, sociales y de gobernanza.

Entonces, ?por qu¨¦ no est¨¢n llegando mayores flujos de capital privado para proyectos de infraestructura sostenible en la regi¨®n? La raz¨®n principal es que los inversionistas son reacios a asumir los riesgos inherentes a todo proyecto complejo cuyo retorno puede llevar d¨¦cadas. Ante esta situaci¨®n, los Gobiernos deben ofrecer a los inversionistas una s¨®lida protecci¨®n legal, regulaciones transparentes y previsibles, y una variada gama de garant¨ªas.

Muchos Gobiernos de Am¨¦rica Latina y el Caribe est¨¢n dispuestos a impulsar reformas que cumplir¨ªan con esos requisitos, pero necesitan ayuda. Las instituciones de financiamiento para el desarrollo, como el BID, la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) y el banco alem¨¢n de desarrollo KfW de Alemania pueden dar esa asistencia.

Estas instituciones ya est¨¢n trabajando con Costa Rica y otros pa¨ªses para desarrollar planes de descarbonizaci¨®n, con el fin de garantizar que la transici¨®n hacia una econom¨ªa baja en carbono se implemente de manera tal que maximice las oportunidades econ¨®micas para hacer frente a las desigualdades sociales y econ¨®micas.

El BID tambi¨¦n est¨¢ trabajando con KfW para ayudar a los bancos centrales de Am¨¦rica Latina a promover regulaciones de inversi¨®n que incentivan proyectos que contribuyen a metas clim¨¢ticas. Ambas instituciones lanzaron recientemente la Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes para difundir la informaci¨®n que los inversores necesitan para certificar que esos instrumentos financieros cumplan con las metas ambientales y sociales.

Ya vemos evidencia de que cuando los pa¨ªses crean un ambiente favorable para los inversionistas de largo plazo, los recursos comienzan a fluir. Este a?o, los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y el Caribe emitieron cerca de 5.000 millones de d¨®lares en bonos verdes, llevando el total hist¨®rico de la regi¨®n a 13.600 millones, seg¨²n la Climate Bonds Initiative.

Como prueba del creciente deseo de buscar inversiones verdes, m¨¢s de 300 inversionistas expresaron inter¨¦s en adquirir los bonos verdes que Chile emiti¨® este a?o. Actualmente, esos bonos est¨¢n ayudando a Chile a invertir en edificios verdes y en proyectos de biodiversidad y transporte el¨¦ctrico.

En la actualidad, las emisiones totales de bonos verdes en la regi¨®n representan apenas 2% del mercado global de dichos instrumentos. Existe un gran potencial para que estos bonos¡ªjunto a otras clases de financiamiento privado relacionado con el clima¡ªse conviertan en una de las principales opciones de inversi¨®n en Am¨¦rica Latina y el Caribe.

Si lo logramos, estaremos mucho m¨¢s cerca de un paradigma de desarrollo que prioriza de manera integrada las aspiraciones sociales de los ciudadanos de Am¨¦rica Latina y el Caribe, junto con el objetivo impostergable de descarbonizar nuestras econom¨ªas.

Luis Alberto Moreno es presidente del BID, R¨¦my Rioux es director ejecutivo de la AFD y Joachim Nagel es miembro del Directorio Ejecutivo de la KfW.