Garantismo fiscal

Bruselas ha pedido a la Justicia comunitaria que condene a Espa?a por la norma que aplica en la declaraci¨®n de bienes en el extranjero superiores a los 50.000 euros. La Comisi¨®n Europea se refiere al conocido Modelo 720, el que desde 2013 obliga a los contribuyentes a declarar sus bienes en el extranjero con el fin de evitar el fraude tributario; y m¨¢s concretamente al cuadro de sanciones incluidos en la norma. La Comisi¨®n considera abusivo e inaceptable que los bienes no declarados sean considerados imprescriptibles a efectos de posible delito fiscal; que la sanci¨®n se aplique de forma autom¨¢tica, sin que medie opci¨®n alguna de defensa del contribuyente; y que la cuant¨ªa de la sanci¨®n sea del 150% de la cuota exigida, sin graduaci¨®n alguna en funci¨®n de las circunstancias de la infracci¨®n. En su d¨ªa, el cuadro normativo del modelo 720 ya fue criticado precisamente por lo que hoy denuncia la CE; a pesar de lo cual, el ministro Crist¨®bal Montoro sigui¨® adelante con sus planes y aprob¨® una legislaci¨®n fuera del acervo com¨²n europeo, que ahora el pr¨®ximo Gobierno tendr¨¢ que modificar bajo presi¨®n europea.

El modelo 720 entr¨® en vigor en 2013 y desde su creaci¨®n se interpret¨® como un instrumento coactivo de acompa?amiento a la disparatada amnist¨ªa fiscal. Como Hacienda no consegu¨ªa obtener de dicha amnist¨ªa los ingresos fiscales esperados, se aplic¨® una exigencia de informaci¨®n de bienes en el exterior con fines claramente intimidatorios. La redacci¨®n no pudo ser m¨¢s desafortunada. La prescripci¨®n de un delito, y esto deber¨ªan saberlo los juristas del equipo del entonces ministro, es una pieza fundamental de la garant¨ªa jur¨ªdica que debe ofrecer todo sistema legal. Es absurdo que a un presunto delincuente fiscal se le aplique el estigma de imprescriptibilidad, como si se tratase de un caso de genocidio o de lesa humanidad.

Las sanciones, adem¨¢s, tienen que ser proporcionadas a la gravedad de la falta. No es de extra?ar que la Comisi¨®n Europea haya entendido, a instancias de los denunciantes, que la punici¨®n de la norma Montoro no solo es excesiva sino que no puede ser aplicable en el espacio jur¨ªdico europeo. El recurso de Bruselas est¨¢ puesto en raz¨®n, para bochorno del aparato administrativo espa?ol; el nuevo Gobierno deber¨ªa admitirlo sin m¨¢s y proceder a su rectificaci¨®n inmediata.

A la vista de las numerosas reprimendas de Bruselas o de los tribunales europeos a piezas legislativas espa?olas habr¨ªa que preguntarse si los legisladores nacionales son conscientes de que operan en un espacio jur¨ªdico m¨¢s amplio que el espa?ol; y que este espacio, que es el europeo, tiene dominio o superioridad en muchos aspectos de la regulaci¨®n econ¨®mica y social espa?ola. Los desprop¨®sitos del modelo 720, previsibles hace seis a?os y evidentes hoy, podr¨ªan haberse evitado f¨¢cilmente con las consultas debidas a la legislaci¨®n europea y con un periodo de reflexi¨®n en la redacci¨®n del texto administrativo. La inconsecuencia jur¨ªdica, quiz¨¢ tambi¨¦n el desconocimiento, y el ¨¢nimo de usar las leyes como medida de presi¨®n, acaban pasando una factura muy onerosa: se paga en credibilidad, ante Europa y ante el contribuyente. Una Administraci¨®n a la que rectifican sus decisiones est¨¢ incapacitada para gestionar con equidad y firmeza.