La agricultura espa?ola y el salario m¨ªnimo
La ca¨ªda en las rentas de los trabajadores del campo se explica por los precios en declive y el deterioro de los m¨¢rgenes ante unos costes crecientes. Ah¨ª es donde se deben focalizar las respuestas pol¨ªticas
Durante los ¨²ltimos d¨ªas, las protestas registradas en buena parte del mundo rural espa?ol, cuya intensidad no ser¨ªa aconsejable desconocer, han vuelto a traer al primer plano las preocupaciones y las dificultades que aquejan a nuestra agricultura. Adem¨¢s, la coincidencia en el tiempo de la emergencia de esta situaci¨®n con la revisi¨®n de la cuant¨ªa del salario m¨ªnimo interprofesional (SMI) para 2020 ha a?adido un nuevo elemento en el debate sobre el que resulta imprescindible reflexionar.
La historia de la evoluci¨®n del SMI en Espa?a hasta 2004 no es desde luego especialmente brillante. Hasta aquel a?o, la cuant¨ªa del sueldo salarial hab¨ªa acumulado varias d¨¦cadas de reducidas elevaciones que apenas hab¨ªan compensado la inflaci¨®n y que progresivamente hab¨ªan situado al SMI cada vez m¨¢s lejos de los niveles salariales medios y de los salarios m¨ªnimos que establec¨ªan los convenios colectivos.
La raz¨®n para esta evoluci¨®n del salario m¨ªnimo espa?ol, singular en el contexto europeo, estribaba en que al estar vinculadas a ¨¦l algunas rentas y pol¨ªticas p¨²blicas de gasto ¡ªespecialmente, el subsidio por desempleo¡ª, elevar el salario m¨ªnimo significaba tambi¨¦n elevar el gasto p¨²blico, de forma que su cuant¨ªa ten¨ªa m¨¢s que ver con las necesidades de la pol¨ªtica fiscal y presupuestaria que con la propia pol¨ªtica salarial. Ese v¨ªnculo, verdaderamente funesto, fue roto en 2004 por el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero, abriendo as¨ª el camino a una progresiva recuperaci¨®n del papel del SMI en la pol¨ªtica salarial espa?ola. Desde entonces, el SMI se ha m¨¢s que duplicado en t¨¦rminos nominales (460,5 euros mensuales en 2004 hasta los 950 euros vigentes en 2020 tras la reciente revisi¨®n del 5,5%), y ello, pese a permanecer pr¨¢cticamente estancado en el periodo 2012-2016.
Si, pese a esta recuperaci¨®n del SMI, tan excepcional como necesaria, el empleo apenas se ha resentido marginalmente, ello se ha debido a que solo en muy contadas ocasiones el salario m¨ªnimo afectaba a los salarios de convenio. Sin embargo, esta situaci¨®n comenzar¨¢ a cambiar a medida que el salario m¨ªnimo legal se acerque a los salarios de convenio. Aunque existe todav¨ªa un margen no peque?o entre uno y otros en la mayor¨ªa de las ramas productivas de la industria y los servicios, es cierto que ese margen es ya muy estrecho en buena parte de los convenios colectivos del campo tanto para el personal fijo como incluso para los trabajos de campa?a (olivar, vid, productos hortofrut¨ªcolas, etc¨¦tera). De ah¨ª que aparezca ya muy pr¨®xima una situaci¨®n en la que el SMI termine modificando el suelo salarial de los convenios colectivos con menor retribuci¨®n m¨ªnima, entre los que se encuentran los que afectan a las principales campa?as agr¨ªcolas.
La cadena agroalimentaria ha sufrido una transformaci¨®n radical desde el ingreso de Espa?a en la Uni¨®n Europea
En nuestra opini¨®n, resulta todav¨ªa precipitado imputar a la evoluci¨®n del SMI el d¨¦bil comportamiento del empleo en una comunidad aut¨®noma, en este caso nos referimos a Extremadura. Entre 2012 y 2019, el empleo en el sector agrario extreme?o ha sido casi siempre negativo en el ¨²ltimo trimestre de cada a?o (solo en 2017 se registr¨® una mejora en la ocupaci¨®n agraria). Es cierto que lo ocurrido al final del pasado a?o supera las p¨¦rdidas de empleo de otros a?os, pero si ello pudiera ser imputable a los efectos del SMI, algo parecido deber¨ªa haber sucedido en otras comunidades aut¨®nomas con estructura agraria similar. Sin embargo, en Andaluc¨ªa, la ocupaci¨®n agraria no parece haber sufrido, todav¨ªa, fatiga alguna ante la evoluci¨®n del SMI: el empleo agrario en Andaluc¨ªa ha continuado su pauta de ascenso tradicional en el ¨²ltimo trimestre de cada a?o y lo ha hecho incluso en mayor medida que en a?os anteriores.
Como casi siempre suele suceder en este tipo de an¨¢lisis es mejor ser prudente, permanecer atentos y, sobre todo, actuar preventivamente. El a?o 2019 se sald¨® con uno de los mayores descensos hist¨®ricos en la renta agraria espa?ola. Pese a que el a?o se cerr¨® con niveles de producci¨®n alt¨ªsimos en t¨¦rminos comparados, las rentas del sector cayeron al -8,6%. Hay que remontarse a 2005 para encontrar una evoluci¨®n tan negativa de la renta agraria, y entonces (a diferencia de lo ocurrido en 2019) la ca¨ªda en la renta fue debida a una reducci¨®n sustancial en la producci¨®n. Son los precios en declive y el deterioro de los m¨¢rgenes ante unos costes crecientes los factores que explican esta ca¨ªda excepcional en las rentas de los agricultores. Ah¨ª es donde debemos focalizar las respuestas pol¨ªticas. Y para conseguir algunas respuestas a esta situaci¨®n se hace imprescindible conocer sus causas.
La cadena agroalimentaria ha sufrido una transformaci¨®n radical desde nuestro ingreso en la UE. La distribuci¨®n acapara la mayor parte del crecimiento del valor a?adido bruto del sector frente a los productores, de modo que la capacidad del sector primario para influir en la formaci¨®n de precios y repercutir en ellos los costes de explotaci¨®n es muy reducida o pr¨¢cticamente nula.
Otra manifestaci¨®n de esta dependencia estructural es el comportamiento del mercado en las fluctuaciones de precios. Espa?a es una penosa excepci¨®n en la UE, ya que, seg¨²n Eurostat, a mayor fluctuaci¨®n de precios, mayor es el margen obtenido por la distribuci¨®n o la industria transformadora. Las subidas en los mercados de origen se repercuten inmediatamente, pero no sus bajadas, que dejan el margen comercial pr¨¢cticamente congelado.
Cada vez es m¨¢s importante la reputaci¨®n de las empresas y la elaboraci¨®n de c¨®digos ¨¦ticos en su actuaci¨®n
La ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, no ha podido impedir esta grave situaci¨®n de dependencia, ni dar respuesta a nuevas y perniciosas situaciones con la entrada de poderosos fondos de inversi¨®n, en lo que se ha venido en llamar la uberizaci¨®n del campo.
De este modo se ha venido conformando, con una pasividad pol¨ªtica elocuente desde la aprobaci¨®n de la ley, un modelo de mercado agroalimentario donde las explotaciones agrarias se ven abocadas a la desaparici¨®n por ser imposible su competencia real en este mercado. Con los niveles tecnol¨®gicos actuales, debe ser posible tener un modelo robusto de creaci¨®n y seguimiento peri¨®dico en la configuraci¨®n de precios y m¨¢rgenes comerciales en un marco de mucha mayor transparencia en el mercado agroalimentario.
El papel de las organizaciones profesionales agrarias, como representantes legitimas de los agricultores y ganaderos, deber¨ªa ser reforzado en la relaci¨®n contractual con la industria procesadora de modo que la ley de contratos agrarios vigente pueda potenciar la homologaci¨®n de acuerdos y salir del testimonialismo actual que nos ofrecen sus resultados.
Estas aspiraciones de mayor transparencia no deber¨ªan encontrar resistencias en un mercado donde cada vez es m¨¢s importante la reputaci¨®n de las empresas y la elaboraci¨®n de c¨®digos ¨¦ticos en su actuaci¨®n. Conocer oficialmente sus verdaderas pr¨¢cticas en la asignaci¨®n de precios no solo ayudar¨ªa notablemente a la transparencia del mercado, sino a un cambio de actitud y de comportamiento que hasta ahora no se ha producido.
Aun as¨ª, no se deben descartar otras respuestas en el ¨¢mbito de los costes fiscales y, sobre todo, en los costes laborales. Reducir las cotizaciones sociales en el sector agrario para neutralizar el impacto de las subidas actuales y las que se prev¨¦n en el futuro para el SMI resulta imprescindible. Los ingresos del sistema de seguridad social est¨¢n recuper¨¢ndose a buen ritmo como consecuencia de las intensas subidas en el suelo salarial. Destinar una parte de tales ingresos a reducir los costes sociales y laborales de la actividad agraria en un contexto de nuevas pol¨ªticas de apoyo y protecci¨®n de las rentas para afrontar el despoblamiento rural debe tambi¨¦n formar parte de una estrategia tan ambiciosa como urgente.
Valeriano G¨®mez fue ministro de Trabajo y Fernando Moraleda, secretario general de Agricultura.
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