Maltrato en Melilla

Por su ubicaci¨®n en un punto estrat¨¦gico de la frontera sur de Espa?a, la ciudad aut¨®noma de Melilla se enfrenta a una intensa presi¨®n migratoria que no siempre es f¨¢cil de gestionar. Pero esto no justifica que los servicios p¨²blicos no garanticen las prestaciones m¨ªnimas exigibles ni la protecci¨®n de los derechos humanos, como ocurre en La Pur¨ªsima, el principal centro de acogida de menores inmigrantes no acompa?ados, ubicado en un antiguo fuerte militar en las afueras de la ciudad. La situaci¨®n de degradaci¨®n y las graves carencias materiales no son un problema puntual. Hace a?os que diferentes instancias, desde el Defensor del Pueblo a las organizaciones humanitarias que operan en la zona, vienen denunciando las deplorables condiciones en que se encuentra el centro. El maltrato institucional que reciben los menores fue incluso llevado ante la Fiscal¨ªa en diciembre pasado por la consejera de Hacienda del Gobierno local aut¨®nomo.

El recinto ha llegado a albergar a 886 menores, la mayor parte de ellos en los dispositivos restringidos de primera acogida, que apenas tiene capacidad para 350. Las im¨¢genes que ha podido ofrecer este diario son elocuentes: colchones en el suelo, hacinamiento y p¨¦simas condiciones higi¨¦nicas, a lo que hay que a?adir deficiencias graves en la alimentaci¨®n. Tambi¨¦n el r¨¦gimen organizativo ha suscitado cr¨ªticas. Las condiciones materiales y las r¨ªgidas normas internas hacen que muchos menores traten de escapar de un sistema rigorista que produce m¨¢s malestar que respeto, y que acaba provocando que muchos acaben deambulando y durmiendo en la calle, algo especialmente grave teniendo en cuenta que se trata de menores que se encuentran bajo la tutela del Estado.

El centro est¨¢ gestionado bajo r¨¦gimen de concesi¨®n por una entidad privada que ha ido encadenando pr¨®rrogas del contrato durante m¨¢s de una d¨¦cada a pesar de las denuncias. El nuevo Gobierno, formado por el PSOE, Coalici¨®n por Melilla y Ciudadanos, ha tenido diferencias sobre la forma de abordar el problema. Ante la amenaza de despido de los m¨¢s de 200 trabajadores del centro al finalizar el contrato, se decidi¨® una pr¨®rroga de un a?o y la convocatoria de un nuevo concurso para 2021, pero esto implica prolongar tambi¨¦n durante ese tiempo una situaci¨®n en la que no se respetan los derechos humanos ni la normativa sobre infancia.

La ciudad de Melilla recibe fondos finalistas para atender de forma adecuada a estos menores. Si no son suficientes, deben aumentarse. En todo caso es urgente mejorar las condiciones del centro y clarificar su situaci¨®n contractual. Los menores que no puedan ser acogidos en condiciones por falta de espacio deber¨ªan trasladarse a la Pen¨ªnsula. No es aceptable que semejante degradaci¨®n se prolongue por m¨¢s tiempo.