La infancia confinada

Cuando la emergencia es extrema, las decisiones pol¨ªticas se adoptan poniendo en la balanza c¨®cteles de cosas que mezclan mal. La evidencia cient¨ªfica gu¨ªa la acci¨®n de los Gobiernos, pero la decisi¨®n en ¨²ltima instancia siempre es pol¨ªtica. Incluso suponiendo consenso absoluto sobre la soluci¨®n t¨¦cnica ¨®ptima para salvar m¨¢s vidas humanas, su implementaci¨®n es sopesada con sus repercusiones en otros ¨¢mbitos y en el largo plazo. Es un delicad¨ªsimo juego de malabares envuelto en una espesa nube de inc¨®gnitas, incertidumbres y falta de precedentes. M¨¢s tarde o m¨¢s temprano, entran c¨¢lculos utilitarios sobre el coste de tomar o no tomar una decisi¨®n. Estos d¨ªas hemos visto a distintos l¨ªderes explicitando algunos de estos dilemas: ?a partir de cu¨¢ntos muertos paralizamos la actividad econ¨®mica? ?Bajo qu¨¦ excepcionalidad debemos ceder nuestras libertades? ?Cu¨¢ntos males menores estamos dispuestos a asumir para evitar el mal mayor?

Para una sociedad no es f¨¢cil hablar en estos t¨¦rminos, pero las decisiones a las que se enfrentan gobernantes del mundo entero se toman en contextos as¨ª de complejos. Estos dilemas acontecen tambi¨¦n a una escala mucho m¨¢s pr¨®xima e inmediata. Existe una medicina de cat¨¢strofe que busca optimizar la asignaci¨®n de unos recursos insuficientes siguiendo criterios de justicia distributiva. Como bien explican Borja Barragu¨¦ y Javier Padilla en su art¨ªculo A qui¨¦n (no) debemos dejar morir, publicado en Agenda P¨²blica, combatir una pandemia plantea cuestiones de car¨¢cter ¨¦tico relacionadas con la justicia entre grupos de edad.

Por caprichos de la biolog¨ªa, el coronavirus fuerza de manera muy extra?a una fuerte tensi¨®n intergeneracional. Mientras ni?os y j¨®venes pr¨¢cticamente salen indemnes, los m¨¢s viejos son extremadamente vulnerables. La proximidad f¨ªsica entre unos y otros es de pronto un riesgo que urge contener. Desde el principio, el confinamiento total de los menores no ha tenido ni alternativa ni matiz. Tan absoluto es su encierro que en las primeras correcciones al texto del decreto hubo que introducir la posibilidad de que a una persona adulta le pudiera acompa?ar un o una menor a hacer la compra. Nadie pareci¨® sospechar que infantes de corta edad no pueden quedarse solos en casa. Pronto aprendimos que la excepcionalidad de nuestro estado de alarma ser¨ªa el ins¨®lito privilegio de pasear con un perro por las calles desiertas mientras ni?as, ni?os y adolescentes acumulan semanas de reclusi¨®n.

?D¨®nde est¨¢n los ni?os? Cuando hablamos de familias hablamos tambi¨¦n de infancia, pero no es lo mismo formar parte de una unidad que ser titular de derechos subjetivos. Para muchos menores, confiemos en que sean la mayor¨ªa, el confinamiento es un tiempo detenido en un hogar feliz. Para otros, en cambio, el aislamiento es una trampa que multiplica su vulnerabilidad. Adem¨¢s, el espacio de confinamiento est¨¢ socialmente repartido de manera muy desigual. La calle, sobre todo en latitudes mediterr¨¢neas, es un importante nivelador social. Resulta ir¨®nico que la irrupci¨®n de la pandemia aplazara por segunda vez la aprobaci¨®n en el Congreso de los Diputados del Anteproyecto de Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, aprobado por Consejo de Ministros en diciembre de 2018. Organizaciones de la sociedad civil no cesan en su empe?o de advertir que sin ley no hay registros fiables, ni medidas para detectar el riesgo, ni conocimiento colectivo de c¨®mo y en qu¨¦ medida se vulneran a diario los derechos m¨¢s fundamentales de ni?as, ni?os y adolescentes.

La falta de una red de apoyo o el aislamiento son factores relacionales vinculados directamente con el riesgo de maltrato infantil y juvenil. La Organizaci¨®n Mundial de la Salud lleva tiempo advirtiendo de que las secuelas del abuso emocional o f¨ªsico sufridas en el entorno familiar a una edad temprana son pr¨¢cticamente indelebles. Incluso en una situaci¨®n de alarma sanitaria de esta magnitud, los efectos que el confinamiento puede tener sobre el bienestar f¨ªsico y emocional de los menores, sobre su rendimiento acad¨¦mico o seguridad alimentaria deber¨ªan figurar en alg¨²n lugar prominente de la agenda pol¨ªtica y, sin embargo, est¨¢ siendo una clamorosa ausencia que parece ser la expresi¨®n de algo m¨¢s estructural.

Cuando esta pesadilla pase, ser¨ªa importante incorporar consideraciones de justicia distributiva entre generaciones que nos permita observar c¨®mo repartimos sacrificios y beneficios ahora y en los a?os o d¨¦cadas que seguir¨¢n. Ni?os, ni?as y j¨®venes han sido los grandes damnificados de la crisis de 2008. La tasa de riesgo de pobreza persistente en hogares con menores de 18 a?os es casi el doble que en hogares con s¨®lo personas adultas. En esta ocasi¨®n, todas las medidas de escudo social intentan amortiguar los efectos de la crisis en los grupos sociales con potencialmente mayor riesgo y es evidente que protegiendo a las familias m¨¢s vulnerables se protege a la infancia. Pero necesitamos an¨¢lisis de m¨¢s largo recorrido. An¨¢lisis que pongan en la balanza, por ejemplo, la enorme asimetr¨ªa que observamos entre la gesti¨®n de la crisis de la Covid-19 y el cambio clim¨¢tico, la primera, m¨¢s r¨¢pida e inmediata; la segunda, m¨¢s lenta, pero no menos urgente.

Margarita Le¨®n es profesora de Ciencia Pol¨ªtica de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona.