La Constituci¨®n bajo el estado de alarma

Al cabo de un mes situados en el estado de alarma, y cuando la salida del mismo se anuncia no como la vuelta directa al statu quo, sino como el paso a una nueva normalidad, conviene interesarse por la suerte de un valor fundamental de nuestra vida colectiva, el valor de la Constituci¨®n. La situaci¨®n de extrema emergencia sanitaria junto a la emergencia social y econ¨®mica consecuente ha situado en el primer plano una serie de valores colectivos fundamentales. Entretanto, el valor propio de la Constituci¨®n se ha visto comparativamente desatendido en todo este anormal contexto. Si se permite decirlo as¨ª, se ha puesto a la Constituci¨®n al servicio de la lucha contra la emergencia, lo cual es justo, pero con el riesgo de olvidar que la propia Constituci¨®n es tambi¨¦n un valor b¨¢sico en s¨ª mismo considerado, y que tambi¨¦n ¨¦l puede salir da?ado en la presente situaci¨®n de emergencia.

Y es que, como punto de partida, no se debe olvidar cu¨¢l era el estado de salud de la Constituci¨®n cuando el pasado 14 de marzo se proclam¨® el estado de alarma. A esta medida, tan dif¨ªcil como necesaria, se llega con una Constituci¨®n aquejada de patolog¨ªas previas, no por la resignaci¨®n con la que las asume menos preocupantes: el principio b¨¢sico de anualidad de los Presupuestos Generales del Estado, el principio b¨¢sico de renovaci¨®n peri¨®dica de los ¨®rganos constitucionales, por no dar otros ejemplos, se encontraban ya en la referida fecha en cuarentena. Se podr¨¢ decir que el remedio a estos males debe esperar en la actual coyuntura, pero no hay s¨ªntomas de que vaya a ser una prioridad en la fase pr¨®xima de la lucha contra el virus. Y todo indica que, ante los pr¨®ximos retos colectivos, vamos a necesitar una Constituci¨®n sin problemas de salud.

Ante los pr¨®ximos retos colectivos, vamos a necesitar una Constituci¨®n sin problemas de salud

A pesar de todo lo anterior preciso es reconocer que la Constituci¨®n, la denostada Constituci¨®n de 1978, una vez m¨¢s ha funcionado. Los constituyentes de 1978 dise?aron un derecho de excepci¨®n del que forma parte el estado de alarma que ahora encuadra nuestros instrumentos de lucha contra la pandemia. Hemos podido disponer de un instituto, concebido para cat¨¢strofes de este tipo, bajo el que acoger las dr¨¢sticas pero necesarias medidas adoptadas. La patente restricci¨®n resultante en el ejercicio de algunos derechos fundamentales ha hecho dudar de la idoneidad de la opci¨®n por este preciso estado de emergencia, que, por lo que hace a su alcance y a diferencia de los estados de excepci¨®n o de sitio, no permite la suspensi¨®n de derecho fundamental alguno. Ocurre, sin embargo, que el estado de excepci¨®n, tal como nuestro ordenamiento lo configura, es expresi¨®n y respuesta a un conflicto pol¨ªtico abierto. Ser¨ªa concebible un estado de excepci¨®n superpuesto al de alarma en una situaci¨®n de amplio desaf¨ªo a este ¨²ltimo, pero esto en modo alguno ha ocurrido, de tal modo que ser¨ªa incluso injusto revestir con los caracteres de una emergencia de orden p¨²blico unas medidas tan generalmente acatadas por la poblaci¨®n.

Dicho esto, la dura realidad es que la presente emergencia es de una magnitud tal que dif¨ªcilmente podr¨ªamos encontrarla acabadamente reflejada en ninguno de los estados de emergencia previstos, sea el estado de alarma, el de excepci¨®n o el de sitio. La extensi¨®n de estas medidas a todo el territorio nacional, su extensi¨®n a toda la poblaci¨®n, sin olvidar ahora su prolongaci¨®n en el tiempo, hacen dif¨ªcil su descripci¨®n con arreglo a las categor¨ªas constitucionales disponibles. Cuando de pronto, salvo excepciones, no se puede abandonar el domicilio, cuando de pronto se deja de poder ir a trabajar, cuando de pronto resulta imposible acceder a la generalidad de los servicios b¨¢sicos no esenciales, la situaci¨®n resultante rebasa el debate sobre si estamos ante una restricci¨®n o una suspensi¨®n de determinados derechos y libertades, y si, en consecuencia, proced¨ªa la declaraci¨®n de un estado u otro. Dicho en t¨¦rminos constitucionales, la realidad es que estamos ante una afectaci¨®n dr¨¢stica del principio general de libertad, la cual se est¨¢ asumiendo ejemplarmente en funci¨®n de su estricta temporalidad, pero que se vuelve una carga tanto m¨¢s pesada conforme esa temporalidad se prolonga.

La emergencia es tan grande que dif¨ªcilmente se encontrar¨ªa reflejada en ninguno de los estados previstos

Para el Gobierno como primer responsable han sido sin duda decisiones enormemente dif¨ªciles. Pero por ello mismo no cabe minusvalorar el apoyo por parte de gran parte de la oposici¨®n en el Congreso de los Diputados a las dos pr¨®rrogas hasta ahora solicitadas de este estado de alarma, con sus extremas exigencias. Los poderes p¨²blicos, ocioso es decirlo, han de actuar, como en l¨ªnea de principio est¨¢n haciendo, en el marco del ordenamiento jur¨ªdico. Pero no hay que excluir que, en ¨²ltimo t¨¦rmino, la necesidad pura y simple puede llegar a imponerse, y tambi¨¦n para las circunstancias de estado de necesidad el Estado democr¨¢tico de derecho cuenta con instrumentos propios. Se necesita mucho sentido de la responsabilidad para operar en situaciones extremas determinadas por un estado de necesidad, sabiendo siempre de los controles pol¨ªticos y judiciales de, entre otras, la efectiva y real necesidad unida a la estricta proporcionalidad de las decisiones tomadas. Ocioso es decir que todo esto hace imperativo disponer de un engranaje constitucional impecable.

Es as¨ª como llegamos al anuncio de que el fin, en su d¨ªa, del estado de alarma puede no suponer la exacta vuelta a la normalidad, sino el tr¨¢nsito a lo que se est¨¢ llamando una nueva normalidad. La expresi¨®n, seguramente con la mejor voluntad, no deja de tener un punto de inquietante: la normalidad, por definici¨®n, no es f¨¢cilmente adjetivable. Todos sabemos que esta primera oleada del paso de la pandemia por Espa?a nos habr¨¢ hecho cambiar en multitud de perspectivas, mentales, desde luego, pero tambi¨¦n sociales, de h¨¢bitos de vida. Nuestra cotidianidad no volver¨¢ a ser la misma, y esto puede calificarse de una forma u otra. El problema surge cuando el t¨¦rmino quiere describir una situaci¨®n posterior al estado de alarma en la que acaso se mantengan restricciones en el pleno ejercicio de cualesquiera derechos fundamentales. La desescalada en el r¨¦gimen de este estado de alarma por definici¨®n s¨®lo podr¨¢ ser gradual, pero, en atenci¨®n a ello, parece preferible mantener la vigencia del estado de alarma todo lo suavizado que resulte viable antes que proceder a levantarlo para hacerlo suceder por una situaci¨®n a medio camino entre el estado de alarma y la normalidad sin adjetivos, todo ello sin base constitucional precisa.

Por ¨²ltimo, y todav¨ªa por lo que hace a los tiempos que se avecinan, con o acaso incluso sin estados excepcionales, aumentan las voces favorables a medidas supuestamente efectivas en la lucha contra el virus, pero que, m¨¢s all¨¢ de sus posibles beneficios para el bien constitucional que es la salud p¨²blica, producen un rechazo instintivo a partir de una moderada sensibilidad constitucional. La geolocalizaci¨®n de toda la poblaci¨®n, dirigida a la identificaci¨®n de la afectada por el virus, por ejemplo, o la reclusi¨®n en ¨²ltimo t¨¦rmino obligada de dichos sectores de poblaci¨®n, supondr¨ªa una degradaci¨®n alarmante de la calidad de nuestra Constituci¨®n. Es cierto que ning¨²n valor constitucional tomado aisladamente tiene car¨¢cter absoluto, pero, precisamente por ello, esto mismo vale para todos.

Pedro Cruz Villal¨®n es catedr¨¢tico em¨¦rito de Derecho Constitucional. Fue magistrado y presidente del Tribunal Constitucional