Justicia en tiempos de coronavirus
Ante esta terrible crisis sanitaria, econ¨®mica y social, es obligado defender los derechos de las personas m¨¢s vulnerables as¨ª como de las afectadas econ¨®micamente
En estas dif¨ªciles semanas de confinamiento, sanitarios, polic¨ªas, militares, transportistas, empleados de supermercados, entre otros, est¨¢n dando lo mejor de s¨ª mismos para protegernos contra este maldito virus. Son el orgullo de nuestra sociedad y todo un ejemplo a seguir cuando cese la crisis sanitaria y se produzca la tan deseada vuelta a la normalidad.
Al igual que ellos, jueces, fiscales, letrados de la Administraci¨®n de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales junto con los representantes pol¨ªticos, tendremos que arrimar el hombro para hacer frente a la situaci¨®n de colapso en que se encontrar¨¢ nuestra ya sobrecargada Administraci¨®n de Justicia. Sacrificio, esfuerzo, colaboraci¨®n y consenso deben ser algo m¨¢s que meras palabras para reflotar este servicio p¨²blico esencial. Resulta inaplazable un gran acuerdo entre todas las fuerzas pol¨ªticas, con la colaboraci¨®n de los operadores jur¨ªdicos, para sacar adelante un ambicioso plan para afrontar los efectos perniciosos de esta crisis tan dram¨¢tica.
Ser¨¢ imprescindible adoptar unas medidas de choque ante la in¨¦dita y excepcional situaci¨®n que se producir¨¢ cuando se alce el estado de alarma en nuestros juzgados y tribunales.
Mientras tanto la Justicia sigue funcionando, cierto que a un ritmo menor. Ha de dar respuesta a todos los problemas que se antojan inaplazables y cuyas actuaciones aparecen detalladas como esenciales en el decreto declaratorio del estado de alarma. Lamentablemente la actividad criminal no cesa, se registran m¨¢s episodios de violencia contra las mujeres y de abuso infantil, por citar solo algunos casos m¨¢s llamativos. Sin olvidar la imperiosa actualizaci¨®n de las inscripciones de defunci¨®n y de los consiguientes certificados que en algunas de las importantes oficinas del registro civil se han visto colapsadas por mor de la obligada reducci¨®n de plantilla. Son muchas las personas que est¨¢n pendientes estos d¨ªas de esos documentos indispensables para gestionar la obtenci¨®n de pensiones, cancelar cuentas bancarias o simplemente dar de baja unos suministros.
Levantado el estado de alarma, habr¨¢ que reanudar la actividad judicial suspendida y hacer frente al m¨¢s que previsible incremento de la litigiosidad fruto de la propia emergencia sanitaria as¨ª como de las medidas adoptadas por el Gobierno para amortiguar los efectos sociales de esta crisis. Preocupante es el aluvi¨®n de demandas previstas en las jurisdicciones social y mercantil, ya de por si saturadas por el impacto de la ¨²ltima crisis financiera. Y ser¨¢ prioritario en la jurisdicci¨®n social poner en marcha de forma inmediata planes de refuerzo basados fundamentalmente en la dotaci¨®n de medios materiales y personales.
De entrada, las medidas a adoptar, normativas, organizativas y tecnol¨®gicas, deber¨¢n limitarse a actuaciones puntuales exclusivamente ligadas a proporcionar una respuesta r¨¢pida y concreta a los problemas que se planteen al t¨¦rmino de la crisis sanitaria. En particular, evitar un colapso generalizado en la Administraci¨®n de Justicia y ofrecer una pronta soluci¨®n a todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir m¨¢s negativamente en la recuperaci¨®n econ¨®mica y en la especial atenci¨®n a los grupos m¨¢s vulnerables.
Conviene tener presente que nuestros ¨®rganos judiciales tienen inmovilizados m¨¢s de 4.000 millones de euros producto de fianzas, costas y otros dep¨®sitos que se ingresan en las cuentas del Ministerio de Justicia. Dinero, en su mayor parte retenido y fuera del circuito econ¨®mico, a veces durante varios a?os, a la espera de una resoluci¨®n judicial. Una respuesta ¨¢gil incidir¨¢, sin lugar a dudas, positivamente en nuestro sistema econ¨®mico tan falto de recursos.
Hay que apostar por agilizar plazos procesales, concentrar actuaciones judiciales, buscar alternativas como la mediaci¨®n y conciliaci¨®n, extender los efectos de los pleitos que van a ser masivos, dictar sentencias in voce en determinados procedimientos a fin de flexibilizar las cargas de trabajo de los ¨®rganos judiciales, reducir tr¨¢mites procesales innecesarios e incluso habilitar el mes de agosto. Todo ello requerir¨¢ un mayor esfuerzo de todos los operadores jur¨ªdicos y seguramente algunos sacrificios y poder estar a la altura de nuestros h¨¦roes del estado de alarma. Eso s¨ª, bajo ning¨²n concepto, estas medidas pueden alterar los principios constitucionales ni suponer una merma de los derechos y garant¨ªas de los justiciables. Y, lo que es m¨¢s importante, ante esta terrible crisis sanitaria, econ¨®mica y social, es obligado defender los derechos de las personas m¨¢s vulnerables as¨ª como de las afectadas econ¨®micamente por la covid-19, garantizando para empezar su acceso a la Justicia.
Ignacio Gonz¨¢lez Vega es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia
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