El limbo legal de los menores inmigrantes que se hacen adultos
El Ejecutivo endureci¨® hace tres semanas las condiciones para dar la residencia a miles de j¨®venes
Al tiempo que facilita el acceso al mercado laboral de los menores inmigrantes, el Gobierno de Pedro S¨¢nchez ha complicado la situaci¨®n legal de miles de j¨®venes migrantes que fueron tutelados por las Administraciones cuando eran menores y que, al dejar de serlo, quedan desamparados. Con una instrucci¨®n dictada hace tres semanas, el Ejecutivo ha endurecido los requisitos para que esos j¨®venes renueven sus permisos de residencia. A partir de ahora deber¨¢n acreditar que ganan 537 euros al mes ¡ªsi tienen 18 a?os y solicitan por primera vez como adultos permanecer en Espa?a¡ª o 2.151 euros al mes ¡ªsi despu¨¦s de un a?o quieren renovar su residencia¡ª. El Gobierno alega que esta nueva exigencia responde a la necesidad de adaptarse a dos sentencias del Tribunal Supremo, y busca ahora la f¨®rmula para evitar que miles de j¨®venes queden en una situaci¨®n de estancia irregular.
¡°?D¨®nde voy a encontrar yo 2.000 euros al mes si estoy haciendo unas pr¨¢cticas? Hace un a?o estaba durmiendo en la calle y en el albergue de Jerez, y hoy aprendo sobre mantenimiento en un camping¡±, dice Rachid El Massuodi, de 21 a?os, que vive en Chiclana de la Frontera (C¨¢diz). Su solicitud est¨¢ pendiente de aprobaci¨®n en la Subdelegaci¨®n del Gobierno en C¨¢diz, que le reclama que acredite un sueldo mensual de 2.151 euros pese a que tiene 150 euros en el banco como todo capital.
Las comunidades aut¨®nomas acogen hoy a 12.417 ni?os y adolescentes; cuando se hacen adultos, estas Administraciones o las ONG se hacen cargo de su manutenci¨®n mientras se siguen formando o hacen pr¨¢cticas en empresas. Hasta ahora las ONG pod¨ªan amparar y responsabilizarse de sus gastos corrientes ante las autoridades, que renovaban sus permisos de residencia. Hace tres semanas el Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones cambi¨® de criterio y remiti¨® una instrucci¨®n para exigir a estos j¨®venes ¡ªen su mayor¨ªa marroqu¨ªes¡ª que acrediten ¡°recursos econ¨®micos o los medios de vida propios suficientes¡±, seg¨²n expone el Gobierno en las peticiones tramitadas.
Sentencias ¡°ineludibles¡±
El cambio administrativo llega tras dos sentencias del Tribunal Supremo de 2018 y 2019 que establecieron que, seg¨²n el Real Decreto 557/2011, vigente desde hace ocho a?os, y la Ley de Extranjer¨ªa, los j¨®venes migrantes deben contar con recursos propios y no procedentes de terceros. Desde 2011, los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP han hecho la vista gorda y asumido la posibilidad de que las ONG avalaran a los j¨®venes migrantes, sin exigirles directamente a ellos el dinero; pero el Supremo dice ahora que esa interpretaci¨®n de la norma es incorrecta.
¡°Debido a las numerosas consultas recibidas desde las Oficinas de Extranjer¨ªa, aunque el criterio mantenido por esta Secretar¨ªa de Estado era de flexibilidad para evitar la irregularidad sobrevenida, el cumplimiento de las sentencias es ineludible porque crea jurisprudencia¡±, alega la instrucci¨®n de la Secretar¨ªa de Estado de Migraciones. Fuentes de dicho Departamento avanzan: ¡°Estamos estudiando c¨®mo aclarar el concepto de asistencia social [incluido en la sentencia], vamos a intentar resolverlo con la mayor celeridad, es una prioridad c¨®mo flexibilizar los requisitos¡±. Mientras, las peticiones de residencia pendientes de resolver se acumulan en las 68 Oficinas de Extranjer¨ªa.
Ante el giro, una plataforma formada por 250 ONG ha reclamado al Gobierno cambios legales de fondo que corrijan la exigencia de tener ingresos propios a los j¨®venes. Juan Molina dirige la ONG gaditana Familias Solidarias para el Desarrollo y es portavoz de la plataforma: ¡°Es un paso atr¨¢s, una regresi¨®n. Es incomprensible que este Gobierno haya dejado que esta situaci¨®n se traslade porque la sentencia es clara, son los fundamentos de Derecho y est¨¢ en manos de los legisladores cambiarlos. No pedimos la flexibilizaci¨®n de condiciones, sino cambios legales de fondo para no estar en manos de la buena voluntad del Gobierno de turno¡±, afirma. Esta ONG acoge en Chiclana de la Frontera a 18 chicos y cuatro chicas, nueve de ellos con contratos temporales en hosteler¨ªa, peluquer¨ªa, mec¨¢nica y carpinter¨ªa.
La sentencia del Supremo de 2019 abordaba el caso de un joven marroqu¨ª en Barakaldo que en 2015 pidi¨® renovar su permiso de residencia temporal ¡°de car¨¢cter no lucrativo¡±, avalado por la Comisi¨®n de Ayuda al Refugiado en Euskadi y con ingresos de 559 euros mensuales. El subdelegado del Gobierno en Vizcaya deneg¨® la solicitud en virtud del Real Decreto 557/2011¡±. Tras dos fallos judiciales favorables, el Supremo tambi¨¦n le dio la raz¨®n al Gobierno. Ahora, el Gobierno ha endurecido los requisitos.
La odisea de hacerse mayor en Espa?a
El d¨ªa en que los menores extranjeros tutelados cumplen 18 a?os no tienen nada que celebrar. Acaban de comunicarles que deben abandonar el centro donde viven, as¨ª que recogen sus cuatro b¨¢rtulos y se marchan para siempre. Ya ni siquiera formar¨¢n parte de la estad¨ªstica.
En el mejor de los casos alguna ONG les ayuda a instalarse en un piso y les acompa?a en los primeros meses de su vida adulta. En el peor de los escenarios, el que enfrentan la mayor¨ªa de los extutelados, se encuentran en la calle. Sin autorizaci¨®n de residencia, sin permiso de trabajo y casi sin formaci¨®n.
El n¨²mero de extutelados que tramita y consigue una autorizaci¨®n de residencia y trabajo en Espa?a es insignificante. En 2018 solo 65 j¨®venes lo intentaron y apenas 54 lo consiguieron, seg¨²n datos obtenidos a trav¨¦s de la Ley de Transparencia. Son las cifras m¨¢s bajas ¨Caunque similares¨C de los ¨²ltimos cinco a?os.
Los n¨²meros ilustran la dificultad de este colectivo para regularizarse cuando dejan de estar tutelados por las comunidades aut¨®nomas. Los requisitos burocr¨¢ticos y econ¨®micos para poder trabajar son exigentes y apenas los que cuentan con el apoyo de entidades sociales y un empleador dispuesto a ofrecer un contrato de un a?o, enfrentar el papeleo y el pago de las tasas consiguen cumplirlos. Las sentencias del Supremo y la instrucci¨®n del Gobierno complican un poco m¨¢s los tr¨¢mites de los que quieren renovar un permiso de residencia que no les permite trabajar. El requisito de contar con recursos propios para su manutenci¨®n son los mismos que se les exigen por ejemplo a los extranjeros que llegan a Espa?a a vivir su jubilaci¨®n y que necesitan un permiso de residencia pero no de trabajo. Las circunstancias de ambos colectivos, sin embargo, son radicalmente distintas.
Los papeles son un problema incluso cuando son menores y la Administraci¨®n est¨¢ obligada a facilit¨¢rselos: a 30 de junio del a?o pasado solo un 21% de los cerca de 12.300 menores extranjeros registrados ten¨ªa un permiso de residencia en vigor.
La transici¨®n de los menores extranjeros a la vida adulta es una de las tareas que la Secretar¨ªa de Migraciones ha metido en su agenda. El departamento estudia ahora c¨®mo flexibilizar la aplicaci¨®n de la norma a trav¨¦s de una modificaci¨®n del reglamento. Es decir, facilitar la transici¨®n a la vida adulta de estos j¨®venes, sin necesidad de cambiar la ley. / MAR?A MART?N
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