PSOE, PP y Podemos vetan a Vox en la renovaci¨®n de la Junta Electoral

Vox quiere entrar por primera vez en la Junta Electoral Central, el ¨®rgano que vela por la transparencia y objetividad de los procesos electorales, pero el PSOE mantiene su veto al partido ultra para cualquier cargo institucional. El Congreso apremi¨® esta pasada semana a pactar una ¡°soluci¨®n conjunta¡± para renovar a los cinco miembros de este ¨®rgano electoral que proponen los partidos, ya fuera de plazo. PP y Podemos se disponen a aceptar la propuesta socialista.

Este jueves, el secretario general del Congreso envi¨® a todos los grupos parlamentarios una resoluci¨®n en la que les urge a encontrar una soluci¨®n pactada para la renovaci¨®n de los cinco vocales de la Junta Electoral Central, ¡°catedr¨¢ticos de Derecho o de Ciencias Pol¨ªticas y de Sociolog¨ªa, en activo, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representaci¨®n¡± en la C¨¢mara baja. Es como se ha hecho desde que se reform¨® la Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Electoral General en 1985.

Este ¨®rgano es clave para los periodos electorales. En los ¨²ltimos tuvo un papel relevante al reclamar la inhabilitaci¨®n del presidente catal¨¢n, Quim Torra, o al imponer luego las primeras sanciones a un presidente del Gobierno, en este caso Pedro S¨¢nchez, por conceder una entrevista en campa?a desde La Moncloa. Tambi¨¦n sancion¨® a la entonces ministra portavoz, Isabel Cela¨¢, y ahora est¨¢ investigando al PP por un tuit de su l¨ªder, Pablo Casado, en el que avanz¨® una resoluci¨®n de ese ¨®rgano.

La Junta Electoral Central la componen 13 miembros, ocho vocales magistrados del Tribunal Supremo designados mediante insaculaci¨®n (sorteo en un saco) por el Consejo General del Poder Judicial y los otros cinco expertos a propuesta pol¨ªtica. Ese procedimiento debe realizarse en los 90 d¨ªas siguientes a las elecciones, un plazo que ya concluy¨® el pasado 3 de marzo tras la ¨²ltima cita con las urnas del 10-N.

El Congreso acept¨® as¨ª la semana pasada la representaci¨®n planteada por el Poder Judicial con Miguel Colmenero Men¨¦ndez de Luarca (Sala de lo Penal), Concepci¨®n Rosario Ureste Garc¨ªa (Social), Andr¨¦s Palomo del Arco (Penal), Esperanza C¨®rdoba Castroverde (Contencioso-administrativo), Pedro Jos¨¦ Vela Torres (Civil), Fernando Pignatelli Meca (Militar), Mar¨ªa Luisa Segoviano Astaburuaga (Social) y Ana Mar¨ªa Ferrer Garc¨ªa (Penal).

El secretario general del Congreso ha comunicado a los grupos, y as¨ª se discuti¨® en la Mesa del martes, que deben pactar una propuesta y ya se han producido los primeros contactos. La Mesa analiz¨® la situaci¨®n y concluy¨® que en el escenario actual, de gran polarizaci¨®n pol¨ªtica y con el esc¨¢ndalo a¨²n vivo del exmiembro propuesto por Ciudadanos (Andr¨¦s Betancor) en la anterior legislatura que cobraba como asesor de ese partido, era mejor no imponerse un plazo concreto para la renovaci¨®n actual. Hay urgencia pero sin fecha tope. No es la primera vez que no se cumplen los plazos fijados para la renovaci¨®n. Los retrasos fueron habituales entre 1987 y 2000, se recuper¨® cierta normalidad entre 2000 y 2012 y desde entonces, y especialmente tras las elecciones sin gobierno de 2015, se han reproducido notables demoras.

El PSOE ahora quiere evitar que Vox entre y ese mensaje ha llegado a Podemos y el PP, los otros partidos con los que van a negociar en este caso los socialistas y que no tienen mucha capacidad de presi¨®n si pretenden conservar su representaci¨®n. En la anterior composici¨®n de este ¨®rgano electoral, que se renov¨® en septiembre tras las elecciones del 28 de abril de 2019, hab¨ªa dos vocales a propuesta del PSOE, y uno del PP, Podemos y Ciudadanos, que entonces ten¨ªa 56 esca?os.

El 10-N Ciudadanos baj¨® a 10 diputados y Vox subi¨® de 24 a 52. Vox reclama ahora esa posici¨®n que ejerci¨® Cs, algo que el PP y Podemos no est¨¢n dispuestos a apoyar a su costa. En el PP se temen que el PSOE les plantee, como trampa, un reparto en bloques, con tres componentes a designar desde el lado progresista que ahora forman el Gobierno de coalici¨®n entre PSOE y Unidas Podemos, y dos para el conservador, esperando que si quieren cedan uno de esos puestos a Cs o incluso a Vox y poder as¨ª denunciar su alianza con el partido ultra.

En el PP, y en Podemos, ver¨ªan bien una soluci¨®n diferente, que evitar¨ªa tener que retratarse y facilitar¨ªa una salida a esta negociaci¨®n que se prev¨¦ tan compleja: dejar las cosas como est¨¢n, prorrogar a los cinco miembros elegidos en septiembre y que la experta de Cs (la catedr¨¢tica de la UNED Silvia del Saz) siga ocupando su cargo. Los miembros de la Junta no tienen incompatibilidad y cobran 3.000 euros al trimestre y 150 euros por sesi¨®n: entre 12.000 y 13.000 euros brutos anuales.