S¨¢nchez considera ¡°necesaria y coherente¡± la decisi¨®n de Felipe VI de desmarcarse de su padre
El presidente del Gobierno reconoce la gravedad de una medida que ¡°ha sobresaltado al conjunto de la opini¨®n p¨²blica¡±
El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ha calificado este mi¨¦rcoles de ¡°necesaria y coherente¡± la decisi¨®n del Rey de renunciar a cualquier herencia econ¨®mica que pudiera corresponderle de su padre y retirar la asignaci¨®n que recib¨ªa Juan Carlos I de los presupuestos del Estado (194.232 euros al a?o).
En la rueda de prensa telem¨¢tica que ha ofrecido tras el Consejo de Ministros, S¨¢nchez ha reconocido la gravedad de ¡°un asunto que ha sobresaltado al conjunto de la opini¨®n p¨²blica¡±, pero ha mostrado su apoyo a la decisi¨®n de Felipe VI, no solo como presidente sino tambi¨¦n a t¨ªtulo personal, y ha calificado la medida de ¡°necesaria y coherente con el compromiso de transparencia y ejemplaridad¡± que ha impulsado durante su reinado Felipe VI.
Esta es la primera vez que S¨¢nchez se refiere en p¨²blico al comunicado difundido el pasado domingo por la Casa Real, con el que Felipe VI ha querido romper cualquier v¨ªnculo con las supuestas cuentas de su padre en para¨ªsos fiscales y evitar que el esc¨¢ndalo y la investigaci¨®n judicial abierta en Suiza y Espa?a acaben salpicando a la Corona. La renuncia a la herencia tiene car¨¢cter simb¨®lico, pues legalmente solo puede aplicarse cuando se ejecute el testamento, pero la retirada de la asignaci¨®n tiene efectos inmediatos.
El jefe del Estado, seg¨²n fuentes de la Casa del Rey, se mantiene en contacto permanente con el presidente del Gobierno, quien le informa sobre el desarrollo de la crisis de la Covid-19, pero no ha vuelto a aparecer en p¨²blico desde que el pasado d¨ªa 11 viaj¨® con la Reina a Par¨ªs para participar en un homenaje a las v¨ªctimas del terrorismo.
Est¨¢ previsto que este mi¨¦rcoles Felipe VI presida en el Palacio de la Zarzuela una reuni¨®n con S¨¢nchez y los cuatro ministros que integran el Comit¨¦ de Gesti¨®n del Coronavirus (Salvador Illa, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Jos¨¦ Luis ?balos). Hasta ahora, el jefe del Estado no ha hecho ninguna menci¨®n p¨²blica a la pandemia ni a la declaraci¨®n del estado de alarma.
En su comunicado, la Casa del Rey aseguraba que Felipe VI no ten¨ªa constancia de que figurase como beneficiario de ninguna fundaci¨®n en el extranjero y agregaba que, de ser as¨ª, se habr¨ªa hecho en contra de su voluntad y sin su consentimiento. No obstante, admit¨ªa que un despacho brit¨¢nico de abogados se puso en contacto hace un a?o con La Zarzuela para comunicar tal circunstancia y agregaba que el Rey acudi¨® a un notario para renunciar expresamente a cualquier beneficio que pudiera corresponderle de las cuentas que tuviera Juan Carlos I.
La justicia espa?ola ya ha remitido a Suiza toda la informaci¨®n de que dispone sobre el presunto pago de comisiones en la obra del AVE a La Meca pero, acogi¨¦ndose a un problema burocr¨¢tico, la Fiscal¨ªa helv¨¦tica no ha enviado a¨²n la documentaci¨®n obtenida en Ginebra.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Audiencia Nacional aguardan desde hace tres meses a que la justicia suiza les env¨ªe la documentaci¨®n que acredita la supuesta cuenta suiza del Rey em¨¦rito en la banca privada Mirabeaud, en la que Felipe VI figurar¨ªa como segundo beneficiario.
La Fiscal¨ªa suiza reclama el documento original de la petici¨®n de ayuda remitida a Ginebra en diciembre por el fiscal jefe anticorrupci¨®n, Alejandro Luz¨®n, y por el fiscal encargado del caso, Luis Pastor, un original que seg¨²n fuentes judiciales espa?olas s¨ª ha sido enviado. Anticorrupci¨®n ha pedido la documentaci¨®n a Suiza hasta en tres ocasiones. La ¨²ltima, en febrero.
Para desbloquear la situaci¨®n, el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, cuyo juzgado sobresey¨® en septiembre de 2018 la pieza sobre las cintas de Corinna Larsen y las supuestas cuentas suizas de Juan Carlos I, ha hablado con el fiscal Yves Bertossa, que dirige la investigaci¨®n en Ginebra. Pero el problema es ajeno a este fiscal, que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales que sigue sin resolverse.
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