La Abogac¨ªa del Estado propone suspender las manifestaciones de Vox solo si hay riesgo sanitario ¡°considerable¡±
El informe plantea a las delegaciones del Gobierno recabar informes de la polic¨ªa y las autoridades m¨¦dicas antes de tomar una decisi¨®n
La abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, ha enviado a las delegaciones del Gobierno un informe sobre las manifestaciones convocadas por Vox para el pr¨®ximo 23 de mayo en todas las capitales de provincia en el que concluye que solo si existe un riesgo sanitario ¡°considerable¡± estas protestas deben ser prohibidas. El documento, de 15 p¨¢ginas de extensi¨®n y al que ha tenido acceso EL PA?S, plantea la necesidad de que los delegados del gobierno soliciten con car¨¢cter previo a la toma de una decisi¨®n sendos informes a las Fuerzas de Seguridad y a las autoridades sanitarias para determinar si los actos de protesta tal y como han sido convocados ¨Dlos manifestantes har¨ªan el recorrido a bordo de sus veh¨ªculos¨D pueden facilitar la propagaci¨®n de la covid-19.
El pasado lunes, el Ministerio del Interior prohibi¨® las que Vox pretend¨ªa llevar a cabo en las cuatro provincias catalanas tras esgrimir motivos de seguridad sanitaria y la imposibilidad de mantener las distancias. ¡°No se preve?n por los organizadores medidas de control de la transmisio?n del virus especi?ficas, ni destinadas a compensar la previsible concentracio?n de automo?viles que podri?a producirse si existiera una masiva respuesta a la convocatoria¡°, se le¨ªa en sus resoluciones. La decisi¨®n ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. En Le¨®n, tambi¨¦n ha sido prohibida.
El nuevo informe de la Abogac¨ªa, fechado el pasado 14 de mayo, recalca que el estado de alarma a¨²n en vigor no supone la suspensi¨®n de los derechos fundamentales, incluido el de reuni¨®n, aunque, como determin¨® el Tribunal Constitucional, si se pueden ¡°limitar o restringir¡± por cuestiones de salud p¨²blica porque este se decret¨® ante una enfermedad, la covid-19, ¡°de f¨¢cil contagio entre las personas y que ha provocado un gran n¨²mero de fallecimientos y enfermos¡±. No obstante, recuerda que la actual ¡°evoluci¨®n favorable¡± de la situaci¨®n sanitaria ya ha permitido ¡°la modificaci¨®n de algunas medidas de limitaci¨®n de la libertad de circulaci¨®n de las personas¡± que estaban recogidas en el art¨ªculo 7 del decreto y recalca que el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez ha elaborado, en este sentido, un ¡°plan para la transici¨®n hacia una nueva normalidad¡± por cuatro fases y aplicaci¨®n por provincias.
Por ello, la abogada general de Estado pide a las delegaciones del Gobierno que antes de tomar una decisi¨®n sobre las manifestaciones de Vox recaben ¡°datos objetivos suficientes¡± para fundamentarla. ¡°No basta con que existan dudas sobre si el derecho de reuni¨®n pudiera producir efectos negativos¡±, recalca. La Abogac¨ªa -que cita en varias ocasiones la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avalaba la decisi¨®n de impedir una marcha sindical en Galicia en coche convocada por el 1 de mayo por ¡°falta de las garant¨ªas de seguridad en una situaci¨®n de m¨¢ximo contagio¡±- recalca que hay que reclamar a los organizadores un informe sobre el recorrido de la protesta, el n¨²mero ¡°previsible¡± de asistentes y las medidas de car¨¢cter sanitario que ¡°se hayan proyectado aplicar¡±. El informe que se pida a las Fuerzas de Seguridad debe analizar tanto estos aspectos como ¡°otros que estimen relevantes¡±. Y, finalmente, el que se reclame a los servicios sanitarios, que valore tanto ¡°la incidencia que la manifestaci¨®n pueda tener sobre la propagaci¨®n de la enfermedad¡± como ¡°la adecuaci¨®n de las medidas propuestas por los promotores¡± de la protesta.
La Abogac¨ªa considera que si estos dos ¨²ltimos informe concluyen que no hay riesgo de propagaci¨®n de la enfermedad, no procede prohibir las manifestaciones convocadas por Vox. En el caso de que se considere que haya ¡°cierto riesgo¡± y ¡°este pueda aminorarse mediante la imposici¨®n de determinadas condiciones¡±, plante que las delegaciones del Gobierno supediten la celebraci¨®n de las mismas a que se cumplan estas. Finalmente, si ese riesgo fuera ¡°considerable¡± y no se pudiera aminorar ¡°con la imposici¨®n de condiciones¡±, aboga por prohibirlas.
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