Las defensas de dos exalcaldes de Alicante piden anular las grabaciones en su juicio por corrupci¨®n

Dos exalcaldes de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi y Sonia Castedo, y el empresario m¨¢s influyente de la ciudad, Enrique Ortiz, han cruzado este martes las puertas de la Audiencia Provincial de Alicante. Sin apenas declaraciones, m¨¢s que alg¨²n saludo, se han dirigido a la sala en la que empezaba el juicio en que se resolver¨¢ si los pol¨ªticos ama?aron la redacci¨®n del plan urban¨ªstico de Alicante a favor del constructor. Son los tres principales protagonistas de una causa en la que hay nueve acusados en total, y se enfrentan a penas de 10 a?os, para los exalcaldes, y ocho, para Ortiz, por los presuntos delitos continuados de revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada, cohecho y tr¨¢fico de influencias.

El ambiente enrarecido creado por la pandemia de la covid-19 ha marcado el que ten¨ªa que haberse convertido en el juicio m¨¢s multitudinario celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante. Sin embargo, en una sala presidida por las magistradas Montserrat Navarro, Margarita Esquiv¨¢ y Cristina Costa, mascarillas, cintas de pl¨¢stico para garantizar el distanciamiento social, micr¨®fonos protegidos con bolsas y la difusi¨®n telem¨¢tica de la vista para los medios han sido los protagonistas involuntarios de una jornada en la que se han cambiado los papeles. Las acusaciones se han convertido en defensoras de la celebraci¨®n del juicio en s¨ª mismo y las defensas han tratado de desmontar el entramado de la instrucci¨®n y la investigaci¨®n para anularlo.

Nada fuera de lo esperado en un proceso que naci¨® hace m¨¢s de una d¨¦cada fuera de Alicante, pero que pone la lupa sobre la redacci¨®n de un Plan General de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica (PGOU) para la ciudad. Como en el efecto mariposa, el aleteo de unas conversaciones telef¨®nicas en Orihuela, donde presuntamente se intentaba conceder a dedo una contrata de recogida de basuras, desencaden¨® un tsunami a 60 kil¨®metros m¨¢s al norte, en la capital de la provincia, donde supuestamente Alperi y Castedo entregaban el plano de las parcelas, urbanizables o no, al principal propietario de suelo de Alicante, Ortiz. Con licencia para pintar y repintar, calificar y recalificar a su antojo, a cambio de dinero en met¨¢lico, viajes con gastos pagados a Creta, Andorra o Ibiza y hasta un veh¨ªculo modelo Mini Cooper.

La primera sesi¨®n del juicio, dedicada a las cuestiones previas, no ha cesado de cubrir el itinerario, judicial en este caso, entre Alicante y Orihuela. Los abogados defensores de los acusados han acudido al origen mismo de la investigaci¨®n para socavar toda la instrucci¨®n. Primero, por el conflicto de jurisdicciones de las distintas salas que se han ido encargando del caso en todos estos a?os, entre los juzgados de Orihuela, la Audiencia de Alicante e, incluso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), dado que tanto Castedo como Alperi fueron, en su momento, diputados auton¨®micos. No obstante, el mayor muro de contenci¨®n de las defensas se erige frente a una investigaci¨®n llena de escuchas telef¨®nicas que ellos entienden como ilegales.

Un pinchazo realizado por la Polic¨ªa durante las pesquisas relacionadas con el caso de las basuras oriolanas fue el que deriv¨® en toda una trama de presunta corrupci¨®n pol¨ªtica conocida como caso Brugal, en el que estaban inmersos los principales dirigentes del Partido Popular (PP) de la provincia. Los agentes fueron extendiendo su red de escuchas hasta llegar al tel¨¦fono de Ortiz. Y de todo su entorno, sus familiares, amigos, empleados, colegas y Alperi y Castedo incluidos. Hasta veinte piezas separadas han brotado del mismo origen.

Las defensas han incidido en que estas intervenciones telef¨®nicas no son v¨¢lidas. Principalmente, porque el pasado 10 de junio, el semillero de pinchazos del que nacieron todas las dem¨¢s fue anulado por la secci¨®n s¨¦ptima de la misma Audiencia Provincial que dirime ahora este juicio. Los 34 acusados, todos, del caso de las basuras, incluidos dos exalcaldes oriolanos del PP, Jos¨¦ Manuel Medina y M¨®nica Lorente, fueron absueltos por la irregularidad de las escuchas. Y en esa decisi¨®n se han escudado las defensas. Si la primera intervenci¨®n no vale, cualquier otra que nazca de ella tambi¨¦n es nula.

Dicha sentencia es, adem¨¢s, la bisagra sobre la que gira la argumentaci¨®n del fiscal y de la acusaci¨®n particular. En abril, Ortiz, lleg¨® a un acuerdo con la Fiscal¨ªa por el que reconoc¨ªa todos los hechos que se le imputan a cambio de una rebaja considerable de petici¨®n de pena, de ocho a dos a?os de prisi¨®n. Y de una multa que rondaba los 900.000 euros. El constructor alicantino admit¨ªa de esta forma la corrupci¨®n de Alperi y Castedo, casi veinte a?os de gobierno municipal entre los dos, a los que habr¨ªa ofrecido dinero y regalos. El camino se allanaba para un fallo acusatorio. Hasta la sentencia de las basuras. En cuanto Ortiz supo de la absoluci¨®n de la trama oriolana, se desdijo de su pacto. Fiscal y acusaciones han empezado la jornada de hoy cimentando este documento. Fue suscrito con todas las garant¨ªas legales y con todos los requisitos exigibles. Luego, a su juicio, sigue siendo v¨¢lido. Y elocuente.

Sin embargo, tanto Ortiz como su hermano Virgilio y un empleado, Santiago Bern¨¢ldez, tambi¨¦n acusados, se han retractado de su confesi¨®n. No lo ha hecho, sin embargo, otro empresario, Ram¨®n Salvador, que en un acuerdo similar, asumi¨® una condena de tres meses de prisi¨®n y una multa de 14.500 euros por reconocer el ama?o. Junto a ellos, tambi¨¦n est¨¢n encausados el constructor Pablo Rico y dos abogados, Javier Guti¨¦rrez y Jos¨¦ Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa. Todos ellos han acudido a la sesi¨®n de hoy, la primera de un calendario fijado hasta el 12 de noviembre, y no volver¨¢n hasta la pr¨®xima, prevista para el 7 de julio.