La Guardia Civil registra la casa de un exconsejero de Zaplana por la trama de corrupci¨®n del ¡®caso Erial¡¯

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado en las ¨²ltimas horas el domicilio del Fernando Castell¨® Boronat, exconsejero del Ejecutivo valenciano de Eduardo Zaplana y exsecretario de Estado con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, en busca de documentaci¨®n sobre la trama corrupta presuntamente encabezada por el expresidente valenciano, seg¨²n han confirmado a EL PA?S fuentes cercanas a la investigaci¨®n. La UCO busca nuevos datos sobre las supuestas irregularidades destapadas en la Operaci¨®n Erial de corrupci¨®n y, en concreto, sobre la adjudicaci¨®n entre 2002 y 2003 de los parques e¨®licos de la Comunidad Valenciana cuando Castell¨® era responsable de Industria del Gobierno de la Comunidad Valenciana y presid¨ªa la comisi¨®n que decidi¨® el concurso. Las pesquisas forman parte de una nueva pieza secreta del sumario.

El exconsejero, que no ha sido detenido, ha sido interrogado por los agentes tras el registro, seg¨²n las fuentes consultadas. Previsiblemente, en los pr¨®ximos d¨ªas ser¨¢ llamado a declarar como imputado por la titular del Juzgado de Instrucci¨®n 8 de Valencia, Isabel Rodr¨ªguez, instructora del caso Erial. El instituto armado tambi¨¦n ha realizado en los ¨²ltimos d¨ªas diversos requerimientos de documentaci¨®n a instituciones p¨²blicas para recabar nueva informaci¨®n, a?aden fuentes jur¨ªdicas.

Fernando Castell¨® fue uno de los hombres de confianza de Eduardo Zaplana durante su mandato de la Generalitat, entre 1995 y 2002, y tambi¨¦n cuando fue nombrado ministro de Trabajo en 2002. Castell¨® ocup¨® entre 1999 y 2003 el cargo de Consejero de Industria y Comercio en el Gobierno valenciano y, posteriormente, fue nombrado por el propio Zaplana secretario de Estado de Seguridad Social, cargo que ocup¨® entre 2003 y 2004. Fue tambi¨¦n miembro del Consejo de Seguridad Nuclear y diputado por el PP en el Congreso en la octava legislatura (2004-2008).

La presunta relaci¨®n del Castell¨® con el caso Erial es su participaci¨®n en la adjudicaci¨®n en 2003 del Plan E¨®lico Valenciano, que contemplaba la instalaci¨®n y explotaci¨®n de seis parques e¨®licos en la monta?osa geograf¨ªa de la comarca del Alto Palancia, en la provincia de Castell¨®n. Aunque cuando fueron adjudicados Zaplana ya se hab¨ªa incorporado al Gobierno de Aznar, los investigadores creen que el momento decisivo del ama?o se produjo antes. En enero de 2002, despu¨¦s de un largo proceso de cocina, la Generalitat todav¨ªa presidida por Zaplana preadjudic¨®, seg¨²n la terminolog¨ªa utilizada en el Diario Oficial de la Generalitat, las 15 zonas de parques e¨®licos de la Comunidad Valenciana a cinco uniones de empresas. Las mismas que un a?o m¨¢s tarde resultaron confirmadas como adjudicatarias.

La comisi¨®n que se encarg¨® de aquel concurso estaba integrada solo por cargos pol¨ªticos: dos consejeros del Gobierno valenciano, un subsecretario y tres directores generales. La presid¨ªa el entonces consejero de Industria, Fernando Castell¨®. En uno de los informes periciales elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude se concluye que el concurso del plan e¨®lico se realiz¨® de tal forma que solo pod¨ªan salir elegidas determinadas empresas, entre ellas, la gran beneficiada, Proyectos E¨®licos Valencianos, la firma participada por el tambi¨¦n investigado Vicente Cotino, sobrino del exdirector general de la Polic¨ªa con el gobierno de Aznar, Juan Cotino. Este ¨²ltimo falleci¨® tras contraer la covid-19 el pasado 13 de abril cuando ya estaba abierto el juicio por el supuesto ama?o en las contrataciones para la organizaci¨®n de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, en el que tambi¨¦n estaba imputado.

El registro del domicilio de Castell¨® es un nuevo impulso al caso Erial, que se inici¨® en 2015, despu¨¦s de que la UCO encontrara, gracias a la colaboraci¨®n del arrepentido del caso Taula, Marcos Benavent, indicios de que Zaplana hab¨ªa recibido presuntamente pagos por dos grandes adjudicaciones p¨²blicas gestadas durante su etapa como presidente de la Generalitat (1995-2002): la privatizaci¨®n de las inspecciones t¨¦cnicas de veh¨ªculos (ITV), a finales de los a?os noventa, y el plan e¨®lico valenciano. La investigaci¨®n dio un salto decisivo en mayo de 2018, cuando la Guardia Civil detuvo a Zaplana, que permaneci¨® en prisi¨®n preventiva hasta febrero de 2019, cuando fue excarcelado por su estado de salud. El expresidente valenciano est¨¢ acusado de 10 delitos, entre ellos malversaci¨®n, cohecho y prevaricaci¨®n continuados, tr¨¢fico de influencias, falsedad, blanqueo y pertenencia a grupo criminal.

Un informe de la UCO detalla que el dinero de las supuestas comisiones circul¨® por una mara?a de sociedades y cuentas bancarias que se extendi¨® por 14 pa¨ªses antes de regresar a Espa?a en forma de inversiones inmobiliarias y dinero en efectivo. Los investigadores estiman que por el circuito de blanqueo del exdirigente del PP se movieron casi 20 millones de euros. Zaplana siempre ha negado las acusaciones.