La juez archiva el caso del inmigrante muerto en un olivar y abandonado en un centro de salud

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Cazorla (Ja¨¦n) ha dado carpetazo al caso del inmigrante saharaui de 31 a?os Said Aballa, que, el 14 de diciembre pasado, falleci¨® mientras trabajaba en la recolecci¨®n de la aceituna. Tras su fallecimiento, el empresario que lo ten¨ªa empleado traslad¨® su cuerpo hasta el centro de salud de Pozo Alc¨®n (Ja¨¦n), dej¨¢ndolo abandonado en una camilla del consultorio m¨¦dico. Ahora, 10 meses despu¨¦s, el Juzgado ha decretado el archivo del caso al entender que no hubo explotaci¨®n laboral por parte del empresario (Said falleci¨® de un infarto mientras cog¨ªa aceituna, seg¨²n decret¨® la autopsia) ni tampoco ning¨²n delito vinculado con la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales.

El auto de la jueza cierra la puerta a la v¨ªa penal, pero el empleador del temporero se enfrenta ahora a posibles sanciones econ¨®micas por haber incurrido en infracci¨®n administrativa al contratar al temporero careciendo de permiso de trabajo. Y es que, pese a llevar varios a?os en Espa?a (migr¨® en solitario cuando era menor de edad), Aballa no ten¨ªa regularizada su situaci¨®n en Espa?a.

En la sentencia de sobreseimiento del caso, la jueza considera que ¡°no existen indicios s¨®lidos y suficientes de la comisi¨®n de un delito contra los derechos de los trabajadores¡±, seg¨²n se indica en el auto divulgado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) y del que se ha hecho eco Europa Press.

La Guardia Civil detuvo poco despu¨¦s al due?o de la explotaci¨®n agr¨ªcola en el que trabajaba Said cuando falleci¨®. Al empresario agr¨ªcola de 34 a?os Francisco Moreno (que hab¨ªa sido apoderado de Vox y concejal del PP en su pueblo, Hinojares) se le imput¨® inicialmente un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, aunque qued¨® en libertad con cargos. Por su parte, los familiares del inmigrante saharaui declinaron personarse en la causa.

El Juzgado ha estado esperando ocho meses al informe de la Inspecci¨®n de Trabajo de Ja¨¦n, donde conclu¨ªa que no hubo incumplimientos vinculados a la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales y que, por tanto, en lo ocurrido no hab¨ªa delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. Y sostiene que ¡°no se aprecia relaci¨®n directa entre el fallecimiento y el incumplimiento de la condiciones materiales en aplicaci¨®n a la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales¡±. Tambi¨¦n la Fiscal¨ªa apoy¨® el sobreseimiento del caso.

Eso s¨ª, tanto la Inspecci¨®n de Trabajo como la Seguridad Social han apreciado por parte del empresario investigado incumplimientos en lo que respecta a derechos y libertades de los extranjeros en Espa?a y su integraci¨®n social por dar ocupaci¨®n al fallecido sin hacer obtenido con car¨¢cter previo la correspondiente autorizaci¨®n de trabajo, algo que, seg¨²n la jueza, ser¨ªan ¡°meras infracciones administrativas¡±. Para concluir que ¡°no existe la suficiente relevancia penal¡± para considerar esta muerte como un caso de explotaci¨®n laboral.

Los sindicatos del campo denunciaron en los d¨ªas posteriores a la muerte de Said Aballa el alto porcentaje de contrataci¨®n irregular en la campa?a de la aceituna, una pr¨¢ctica por fortuna no generalizada. A los trabajadores en situaci¨®n irregular se les suele pagar menos de lo que corresponde, unos 50 euros por siete horas de jornal, frente a los 65 que marca el convenio del campo.

Adem¨¢s, los sindicatos reclamaron m¨¢s recursos de la Inspecci¨®n de Trabajo contra la precariedad laboral en los tajos. En la provincia de Ja¨¦n, la mayor productora de aceite de oliva del mundo, solo hubo en la pasada campa?a ole¨ªcola una decena de inspectores y en la campa?a anterior apenas se impusieron medio centenar de sanciones, ninguna relacionada con la explotaci¨®n de inmigrantes