Las primarias de Vox acaban en los tribunales

Las elecciones primarias de Vox, rodeadas de m¨²ltiples denuncias de irregularidades, han acabado en los tribunales. La candidatura cr¨ªtica de Granada encabezada por el abogado y empresario Ignacio Pozo, a la que no se permiti¨® presentarse, ha planteado una demanda civil en los juzgados de la capital andaluza en la que reclama la nulidad del proceso electoral de Vox en la provincia y una indemnizaci¨®n de 120.000 euros por no haberse respetado las m¨ªnimas garant¨ªas democr¨¢ticas.

Si el juez atiende a sus argumentos, la sentencia podr¨ªa afectar a las primarias de Vox en toda Espa?a, pues pide que se declare nulo el acuerdo del Comit¨¦ Nacional presidido por Santiago Abascal que las convoc¨® el pasado 31 de agosto. Adem¨¢s de Granada, candidaturas cr¨ªticas de varias provincias han adelantado su intenci¨®n de recurrir tambi¨¦n a la justicia.

Tras haberlas aplazado apelando a la pandemia, Vox convoc¨® tras el verano elecciones primarias en 19 provincias, las ¨²nicas que cumpl¨ªan el requisito de tener m¨¢s de 500 afiliados, pero finalmente redujo el proceso electoral a solo siete, con el argumento de que ¨²nicamente en ellas m¨¢s de una candidatura obtuvo el requerido aval del 10% de los afiliados. Antes el aluvi¨®n de quejas, el Comit¨¦ Electoral de partido ultra orden¨® que las votaciones se repitieran en tres provincias (Ja¨¦n, Alicante y M¨¢laga), aunque en la primera de ellas la crisis interna llev¨® a que se retiraran todas las listas y se nombrara una gestora.

En Granada, se declar¨® directamente ganadora a la candidatura oficial, encabezada por Manuel Mar¨ªn Montero, presidente desde abril de 2019 de la gestora nombrada a dedo por Madrid. El Comit¨¦ Electoral aleg¨® que la lista de Pozo tuvo 73 avales (cinco menos de los 78 necesarios para llegar al 10%). En realidad, recibi¨® 88, diez m¨¢s de los requeridos, pero el CEL le anul¨® 15, sin ofrecer ninguna explicaci¨®n coherente y neg¨¢ndose a aportar copia de los avales que consigui¨® cada candidatura, con el argumento de que t¨¦cnicamente no era posible. Tampoco se permiti¨® la presencia de interventores u observadores de las listas no oficiales en el recuento.

La demanda sostiene que las candidaturas oficiales conoc¨ªan de antemano la fecha de las primarias, lo que les permiti¨® adelantarse en la recogida de avales, y que utilizaron en su beneficio el censo oficial de afiliados, del que no dispon¨ªan los cr¨ªticos, para llamarles y mandarles mensajes de WhatsApp masivos en los que les solicitaban ¡°coactivamente y bajo enga?o¡± su respaldo. Adem¨¢s, aportan documentaci¨®n que demuestra que al menos nueve concejales y un parlamentario auton¨®mico de Vox apoyaron p¨²blicamente la lista oficial, incumpliendo la norma que exig¨ªa neutralidad a los cargos p¨²blicos. Incluso la vicepresidenta de la gestora provincial adelant¨® por las redes sociales el resultado del c¨®mputo de avales antes de que se conocieran.

Por su parte, el Comit¨¦ Electoral no cumpl¨ªa la exigencia estatutaria de neutralidad pues una de sus vocales, la vicesecretaria jur¨ªdica Marta Castro, pertenece al Ejecutivo de Abascal; y otro, Juan Cremades, era candidato por Barcelona en las mismas primarias.

La demanda recuerda que, seg¨²n ha dejado claro el Supremo, bas¨¢ndose en la Constituci¨®n y la legislaci¨®n sobre partidos pol¨ªticos, su ¡°estructura interna y funcionamiento han de ser democr¨¢ticos¡±. Abascal ha sugerido que estas podr¨ªan haber sido las ¨²ltimas primarias de Vox para renovar sus directivas provinciales (el partido ultra no tiene estructura auton¨®mica) y que en adelante todos sus cargos territoriales podr¨ªan ser designados desde Madrid, para evitar la ¡°zozobra y el enfrentamiento¡± que causan estas elecciones.