Justicia prepara la reforma de la sedici¨®n que facilitar¨¢ dejar libres a los presos del ¡®proces¡¯
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, prev¨¦ presentar antes de fin de a?o el anteproyecto de ley de reforma del C¨®digo Penal
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, prev¨¦ presentar antes de fin de a?o el anteproyecto de ley de reforma del C¨®digo Penal en el que se incluir¨¢ una redefinici¨®n del delito de sedici¨®n que implicar¨¢ una rebaja a la mitad de las penas ¡ªahora, entre ocho y 15 a?os de c¨¢rcel¡ª, seg¨²n fuentes del Gobierno. Si la reforma sale adelante, se producir¨¢ una reducci¨®n autom¨¢tica de la condena impuesta a los l¨ªderes del proc¨¦s independentista catal¨¢n. El Supremo, por otro lado, presentar¨¢ en diciembre los informes sobre los indultos solicitados para ellos.
La libertad de los nueve dirigentes independentistas condenados a penas de entre nueve y 13 a?os de c¨¢rcel ¡ªuna excarcelaci¨®n reclamada por ERC, principal aliado parlamentario del Gobierno¡ª depende de dos iniciativas del Ministerio de Justicia. Por un lado, la reforma legal que prepara el ministro Campo con el argumento de que el delito de sedici¨®n se ha quedado anticuado y hay que ajustarlo ¡°a la realidad actual¡±, para lo que, entre otras medidas, se reducir¨¢ el castigo previsto.
Esa reforma, sin embargo, no resolver¨ªa necesariamente la reclamaci¨®n de ERC, pues la pena impuesta a cuatro de los exmiembros del Govern que impulsaron el refer¨¦ndum ilegal ¡ªentre ellos, Oriol Junqueras¡ª sumaba dos delitos: sedici¨®n y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. El Supremo consider¨® probado que los dirigentes independentistas utilizaron dinero p¨²blico para organizar el 1-O, y dict¨® penas por ¡°sedici¨®n en concurso medial con malversaci¨®n¡±. La malversaci¨®n es un delito muy vinculado a la corrupci¨®n, que el Gobierno no quiere reformar. Por tanto, aun en el caso de que las penas por sedici¨®n fueran rebajadas, podr¨ªa darse la circunstancia de que esos cuatro l¨ªderes del proc¨¦s siguieran en la c¨¢rcel por malversaci¨®n.
La otra v¨ªa que permitir¨ªa excarcelarlos es la de las solicitudes de indulto que tramita el ministerio y cuya resoluci¨®n est¨¢ pendiente de los informes de la sala sentenciadora ¡ªlos siete magistrados del Supremo que juzgaron el 1-O¨D y de los cuatro fiscales que intervinieron en el juicio. Las c¨¢rceles catalanas donde est¨¢n presos los l¨ªderes independentistas s¨ª han enviado sus informes.
El alto tribunal y la Fiscal¨ªa ya se han pronunciado en los ¨²ltimos meses en contra de los beneficios penitenciarios concedidos a los presos del proc¨¦s. El Supremo dict¨® un auto revocando los concedidos a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En esa resoluci¨®n, recordaba que los hechos sentenciados eran ¡°muy graves¡± y ten¨ªan ¡°efectos demoledores para la convivencia democr¨¢tica¡±. Un recurso de la Fiscal¨ªa en julio pasado contra la concesi¨®n del tercer grado penitenciario a los presos criticaba igualmente la pol¨ªtica penitenciaria de la Generalitat por entender que persegu¨ªa no tanto la rehabilitaci¨®n de los presos sino ¡°alterar la sentencia¡± del Tribunal Supremo. La Fiscal¨ªa ped¨ªa revocar el tercer grado para evitar trasladar el mensaje de que ¡°puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley fuera de los cauces legalmente establecidos¡±.
En todo caso, el Gobierno puede indultar a un preso pese a tener informes en contra de la Fiscal¨ªa y del tribunal sentenciador y. aunque no es lo habitual, no ser¨ªa la primera vez que ocurre.
Hay muchas modalidades de indulto, entre ellos el parcial, donde el Ejecutivo puede decidir qu¨¦ rebaja aplica a la condena. Una de las posibilidades que, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, podr¨ªa estar barajando el Gobierno es reducir primero las penas a trav¨¦s de la reforma del delito de sedici¨®n y, a continuaci¨®n, conceder un indulto parcial: as¨ª, formalmente solo se estar¨ªa indultando por una parte de la pena, pero en la pr¨¢ctica esa ser¨ªa la parte que quedar¨ªa por cumplir y por tanto los presos del proc¨¦s saldr¨ªan en libertad.
La ley que regula los indultos, de 1870, no permite indultar de manera autom¨¢tica las penas de inhabilitaci¨®n para desempe?ar cargo p¨²blico cuando estas van aparejadas a penas de prisi¨®n. Sin embargo, existe un resquicio para que el Gobierno pueda eliminar tambi¨¦n las penas de inhabilitaci¨®n. El art¨ªculo 6 de la ley del indulto exige para ello que el Consejo de Ministros haga ¡°menci¨®n especial¡± a esta pena accesoria en la concesi¨®n de la gracia. Los dirigentes independentistas fueron condenados a entre 10 y 13 a?os de inhabilitaci¨®n.
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