La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, 25 a?os despu¨¦s

Pese a los esfuerzos llevados a cabo en las ¨²ltimas d¨¦cadas a nivel nacional e internacional por crear un marco adecuado de lucha contra la corrupci¨®n, este sigue siendo uno de los problemas que m¨¢s intensamente inquietan a los espa?oles. As¨ª lo indican repetidamente los bar¨®metros del CIS en los que la preocupaci¨®n por la corrupci¨®n solo es superada por el paro y la crisis econ¨®mica y, en los pasados y tr¨¢gicos meses de este a?o, tambi¨¦n por la salud y la sanidad en general. Esta preocupaci¨®n, que igualmente reflejan los ?ndices de Percepci¨®n de la Corrupci¨®n elaborados anualmente por Transparencia Internacional o los correspondientes informes de la Comisi¨®n Europea, se ve significativamente acompa?ada por el profundo recelo que tambi¨¦n genera en la ciudadan¨ªa el funcionamiento de los partidos pol¨ªticos, los pol¨ªticos en general y su comportamiento.

Por lo dem¨¢s, las experiencias reales de corrupci¨®n muestran datos coherentes con esta sombr¨ªa percepci¨®n ciudadana y son ciertamente alarmantes. La dimensi¨®n y complejidad de la moderna corrupci¨®n, bien distinta y m¨¢s nociva que la que podr¨ªamos denominar tradicional o hist¨®rica, representa una r¨¦mora para el crecimiento econ¨®mico, pues la desviaci¨®n de recursos p¨²blicos que podr¨ªan destinarse a fines productivos, asistenciales y a reformas estructurales sostenibles socava la eficiencia del gasto p¨²blico, algo especialmente visible en tiempos de crisis. Al margen de esta ya de por s¨ª inquietante realidad, la preocupaci¨®n por la corrupci¨®n nace de la certeza de que con ella disminuye la confianza de los ciudadanos en unas instituciones que esta delincuencia pervierte poniendo a su servicio. Cuando la corrupci¨®n alcanza dimensiones muy profundas acaba manifest¨¢ndose a trav¨¦s de lo que algunos autores han denominado el ¡°s¨ªndrome general de apat¨ªa y desafecci¨®n pol¨ªticas¡±, que puede afectar negativamente a la calidad de la democracia, produciendo una deslegitimaci¨®n de sus instituciones y, por ende, del propio Estado de Derecho.

En este cr¨ªtico contexto opera la Fiscal¨ªa Especial contra la Corrupci¨®n y la Criminalidad Organizada, cuya andadura comenz¨® hoy hace 25 a?os con el ¨¢nimo de abordar la corrupci¨®n y la gran delincuencia econ¨®mica desde una perspectiva, entonces novedosa, de especializaci¨®n org¨¢nica y funcional ante una criminalidad diferente, que hab¨ªa llevado al Consejo de Europa a recomendar la creaci¨®n de organismos espec¨ªficos anticorrupci¨®n, capaces de emplear modernas t¨¦cnicas de investigaci¨®n y de an¨¢lisis financiero-criminal para desarmar los complejos montajes jur¨ªdico-econ¨®micos que respaldan esta delincuencia. Junto a estas razones estructurales tambi¨¦n concurrieron en su creaci¨®n motivos coyunturales pues, indudablemente, con el alumbramiento de la nueva Fiscal¨ªa se pretend¨ªa sosegar el crispado clima social y pol¨ªtico existente en Espa?a en 1994, propiciado por los graves casos de corrupci¨®n que hab¨ªan estallado ruidosamente en los medios de comunicaci¨®n (Rold¨¢n, fondos reservados del Ministerio del Interior, Banesto, PSV, Filesa, AVE¡­).

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que comenz¨® siendo una experiencia pionera en Europa, con la integraci¨®n en ella de unidades policiales, de la AEAT y de la IGAE, ha sido elogiada por relevantes organismos internacionales implicados en la lucha contra la corrupci¨®n y servido de modelo para otras Fiscal¨ªas similares nacidas en los pa¨ªses de nuestro entorno. Tambi¨¦n ha ido creciendo en medios, especialmente personales, con un notable incremento de la plantilla, recientemente consolidado, y la incorporaci¨®n de una valiosa red de delegados en distintas Fiscal¨ªas territoriales. En los ¨²ltimos a?os, la Fiscal¨ªa Especial ha tratado igualmente de dar una respuesta eficaz a la criminalidad asociada a la actividad de grupos delictivos organizados, as¨ª como a los nuevos casos de corrupci¨®n y de delincuencia econ¨®mica, especialmente financiera, surgidos en un entorno de grave crisis econ¨®mica, que se manifest¨® con especial virulencia entre los a?os 2011 y 2013.

A lo largo de estos ¨²ltimos veinticinco a?os, las condenas reca¨ªdas en casos como Gescartera, Ballena Blanca, Malaya, Palma Arena, N¨®os, Las Teresitas, Palau, tarjetas black, Afinsa y Forum Filat¨¦lico o G¨¹rtel, adem¨¢s de los antes mencionados y otros muchos que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n inici¨® y en los que asumi¨® un indiscutible protagonismo, est¨¢n ya en la historia judicial espa?ola y han contribuido, no ya al prestigio de la Fiscal¨ªa sino, lo que es importante, a que los ciudadanos perciban que la justicia en su conjunto es capaz de dar una respuesta contundente a la corrupci¨®n pol¨ªtica y a la m¨¢s compleja criminalidad econ¨®mica y que las conductas delictivas asociadas a esta delincuencia no quedan impunes.

Ahora bien, sin perjuicio de la indudable funci¨®n preventiva que tambi¨¦n cumplen las sanciones penales, podemos convenir que la prevenci¨®n resulta siempre m¨¢s eficaz que el castigo para alcanzar ese com¨²n objetivo de reducir la corrupci¨®n. En palabras del gran penalista Jim¨¦nez de As¨²a, ¡°es necesario actuar sobre el ambiente mejor¨¢ndolo, y as¨ª se obtendr¨¢n resultados admirables en la lucha contra el crimen¡±. Y entre estas pol¨ªticas preventivas, la transparencia, la rendici¨®n de cuentas y el f¨¢cil acceso a la informaci¨®n de inter¨¦s p¨²blico constituyen instrumentos de capital importancia. Tambi¨¦n existe un amplio acuerdo en que es imprescindible una protecci¨®n jur¨ªdica efectiva de los denunciantes de corrupci¨®n, una rigurosa regulaci¨®n de las llamadas ¡°puertas giratorias¡± y de los lobbies, el refuerzo de la meritocracia, la generalizaci¨®n del principio de objetividad en la toma de decisiones por los servidores p¨²blicos y la mejora de los mecanismos de control de las administraciones regionales y locales y de los sistemas de contrataci¨®n p¨²blica. Sobre estas cuestiones, entre otras, vienen advirtiendo hace a?os distintos organismos e instituciones, de modo que el diagn¨®stico y el tratamiento del problema est¨¢n identificados. Solo falta que los responsables pol¨ªticos trabajen decididamente en esta direcci¨®n.

Claro est¨¢ que la simple adopci¨®n de medidas administrativas no es suficiente, pero su aplicaci¨®n efectiva y sostenible s¨ª supondr¨¢ un avance en la lucha contra la corrupci¨®n, que se reducir¨¢ significativamente cuando exista un aut¨¦ntico cambio de mentalidad en los organismos p¨²blicos y la sociedad en su conjunto. Para ello, y en un planteamiento m¨¢s ambicioso, que permita sanear realmente la sociedad espa?ola, desterrar comportamientos deshonestos y establecer una verdadera cultura ¨¦tica ante lo p¨²blico, la educaci¨®n en valores, ya desde la ense?anza primaria, no es la mejor soluci¨®n. Es la ¨²nica.

Si el ¨¢mbito preventivo de la lucha contra la corrupci¨®n tiene todav¨ªa un amplio margen de mejora, no aprecio, por el contrario, carencias significativas en el ¨¢mbito represivo. El C¨®digo Penal contiene un cat¨¢logo de delitos suficiente para hacer frente a la delincuencia organizada, a la econ¨®mica y, desde luego, a la corrupci¨®n y las penas previstas son, en t¨¦rminos generales, adecuadas. Ante este panorama correctivo, solo el delito de enriquecimiento il¨ªcito, cuya tipificaci¨®n se viene defendiendo ¡ªsin ¨¦xito alguno¡ª en las ¨²ltimas memorias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, vendr¨ªa a cubrir el principal vac¨ªo que subsiste en esta materia.

Dejando de lado el est¨¦ril debate de si existe hoy m¨¢s o menos corrupci¨®n que en d¨¦cadas pasadas y sin caer en una siempre perniciosa autocomplacencia, pienso que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha cumplido con creces los objetivos que animaron su creaci¨®n hace ya veinticinco a?os. En el horizonte aguarda una tarea may¨²scula, con la asunci¨®n de la nueva responsabilidad investigadora que al fiscal le atribuye el flamante anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, ante la que la Fiscal¨ªa Especial se encuentra particularmente preparada tras a?os de llevar a buen t¨¦rmino complejas investigaciones penales. Este apasionante reto exigir¨¢, no obstante, al margen de un cierto cambio de mentalidad y el refuerzo de la independencia del poder ejecutivo, en lo tocante espec¨ªficamente a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la plena implementaci¨®n de las tecnolog¨ªas en los procesos de trabajo, el incremento de los medios personales y materiales, la mejora y ampliaci¨®n de los mecanismos de cooperaci¨®n institucional e internacional y la determinaci¨®n del marco de relaciones con la nueva Fiscal¨ªa Europea.

El objetivo ¨²ltimo no cambia: afrontar con la m¨¢xima eficacia, celeridad y transparencia y, por supuesto, con todo rigor jur¨ªdico, los procedimientos penales, para transmitir a la sociedad espa?ola que el Ministerio Fiscal no tolera espacio alguno de impunidad, y con ello contribuir a regenerar una confianza en las instituciones democr¨¢ticas y en quienes las sirven que buena parte de los ciudadanos espa?oles parece haber perdido.

Alejandro Luz¨®n C¨¢novas es fiscal de Sala jefe de la Fiscal¨ªa Especial contra la Corrupci¨®n y la Criminalidad Organizada.