El Supremo reconoce al PP el derecho a que Antifraude le informe de su investigaci¨®n en curso sobre un hermano de Ximo Puig

La secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, inform¨® este martes de que el Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la Agencia Antifraude contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que se obliga a entregar documentaci¨®n al PP sobre su investigaci¨®n a las empresas relacionadas con Francis Puig, hermano del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, relativas a las ayuda al valenciano concedidas por la Generalitat. La sala entendi¨® que la negativa de Antifraude vulneraba el derecho a la participaci¨®n pol¨ªtica y entend¨ªa que era de aplicaci¨®n preferente frente a otras normas auton¨®micas el Reglamento de Les Corts. El Supremo ratifica esta decisi¨®n y condena a Antifraude al pago de las costas, que fija en 2.000 euros.

As¨ª consta en una providencia de 4 de febrero, en la que el alto tribunal explica esta inadmisi¨®n en que se han incumplido las exigencias de la Ley Reguladora de la Jurisdicci¨®n Contencioso-Administrativa, por falta de justificaci¨®n de que las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisi¨®n adoptada en la resoluci¨®n recurrida. Francis Puig y sus socios est¨¢n investigados por un presunto fraude en la subvenciones al valenciano que recibieron en varios a?os por un montante de medio mill¨®n de euros, seg¨²n cifr¨® Antifraude.

¡°No entendemos por qu¨¦ el presidente de la Generalitat no responde a cuestiones que tienen ver directamente con sus hermanos, su padre, su hijo y los socios de su hermano. No entiendo la cobard¨ªa del presidente de no contestar y no salir a explicar lo que tenga que explicar cuando se le pregunta en las Cortes. Puig no hace frente a nada de lo que tiene que ver con su hermano. Si a m¨ª me dijeran lo que dijo la testigo en una entrevista y no fuera cierto, habr¨ªa demandado y no tenemos ninguna noticia al respecto¡±, apunt¨® Ortiz, que centra su labor en la oposici¨®n en el caso de Francis Puig.

¡°En total el PP ha presentado 130 recursos por denegaci¨®n de documentaci¨®n que se han agrupado en 70. Todos los procedimientos han resultado hasta ahora favorables al PP. En algunos se han dictado condenas contra el Consell por negarse a entregarlas por ser un derecho constitucional. En el resto, el Consell ha reconocido el derecho despu¨¦s de que el TSJCV les hubiera requerido que den esa documentaci¨®n y evitar as¨ª una condena¡±, agreg¨®.

Le respondi¨® el portavoz socialista en las Cortes, Manolo Mata. La decisi¨®n del Supremo supone un ¡°rej¨®n de muerte¡± para esta instituci¨®n, porque ya no podr¨¢ desarrollar su trabajo con discreci¨®n y podr¨¢ ver ¡°reventadas¡± todas sus investigaciones, en su opini¨®n. ¡°Si [a la Agencia Valenciana Antifraude] se le considera como un ¨®rgano administrativo m¨¢s, y todos los diputados podemos pedir informaci¨®n, la agencia pierde su sentido, es como si la Polic¨ªa tuviese la obligaci¨®n de informar sobre lo que investiga¡±.

La Agencia Antifraude es ¡°un experimento de mucho calado, bueno en la lucha contra la corrupci¨®n y el fraude, y alguien lo ha reventado¡±, a?adi¨®. Record¨® que la creaci¨®n de este organismo se aprob¨® ¡°con el voto en contra del PP¡±, y que el entonces diputado auton¨®mico Luis Santamar¨ªa dijo de ¨¦l que ¡°era la gestapo¡±, cuando ¡°ha recibido menciones internacionales por su labor y su trabajo siempre ha pasado por la discreci¨®n¡±.

Antifraude responde

Por su parte, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) asegur¨® que seguir¨¢ defendiendo la ¡°independencia¡± e ¡°imparcialidad¡± de sus investigaciones contra la corrupci¨®n. Su director, Joan Llinares, ha afirmado que ¡°nunca¡± se han opuesto a la entrega de documentaci¨®n sobre su trabajo ¡°pero otra cuesti¨®n muy diferente son los expedientes de hechos que est¨¢n siendo investigados¡±. En esta l¨ªnea, ha advertido que ¡°si hay que entregar los expedientes a los grupos pol¨ªticos, se quebrar¨ªa el procedimiento en s¨ª mismo¡±.

As¨ª lo ha indicado en un comunicado en el que Antifraude subraya que se trata de la petici¨®n de un grupo pol¨ªtico de Les Corts de acceder a la documentaci¨®n ¡°de un expediente de investigaci¨®n abierto y en curso relativo a presuntas conductas de corrupci¨®n que podr¨ªan afectar al ¨¢mbito de otro grupo pol¨ªtico distinto¡±.

Seg¨²n detalla, el TS ha se?alado que, a su entender, ¡°no hay normas estatales infringidas por lo que deriva la decisi¨®n a la Sala Especial de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana¡±, lo que supone que la sentencia no sea ¡°firme todav¨ªa¡± porque habr¨¢ que esperar el dictamen de esta instancia judicial.

¡°La Sala Especial deber¨¢ entrar a analizar si ha existido o no infracci¨®n de la normativa auton¨®mica e incluso de la jurisprudencia del propio Tribunal Superior de Justicia el cual ya se ha pronunciado determinando que los parlamentarios de Les Corts no ten¨ªan derecho de acceso cuando requirieron de la Consejer¨ªa de Hacienda el plan de control tributario que, de acuerdo con la Ley General Tributaria, tiene car¨¢cter reservado¡±, subraya la entidad dirigida por Llinares.