El Poder Judicial renuncia a prolongar ante el Constitucional el choque con el Gobierno por la ley que limita sus funciones
Los vocales rechazan por 13 votos a 8 impugnar la reforma legal
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha renunciado este mi¨¦rcoles a prolongar el choque con el Gobierno y el Congreso a cuenta de la reforma legal que restringe las atribuciones del ¨®rgano de gobierno de los jueces cuando, como ahora, est¨¢ en funciones. El pleno que preside Carlos Lesmes ha rechazado por 13 votos a 8 la propuesta registrada por ocho vocales de llevar la ley al Tribunal Constitucional mediante un ...
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha renunciado este mi¨¦rcoles a prolongar el choque con el Gobierno y el Congreso a cuenta de la reforma legal que restringe las atribuciones del ¨®rgano de gobierno de los jueces cuando, como ahora, est¨¢ en funciones. El pleno que preside Carlos Lesmes ha rechazado por 13 votos a 8 la propuesta registrada por ocho vocales de llevar la ley al Tribunal Constitucional mediante un conflicto entre ¨®rganos constitucionales, una figura que reserva al tribunal de garant¨ªas la competencia para resolver controversias entre los poderes del Estado. Los vocales han desestimado tambi¨¦n con el mismo n¨²mero de votos la otra opci¨®n que se debat¨ªa: pedirle al Defensor del Pueblo que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma legal.
La reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) que entr¨® en vigor a finales de marzo ha protagonizado un intenso conflicto entre los tres poderes del Estado. De un lado, el Ejecutivo ¡ªide¨®logo e impulsor de la norma a trav¨¦s de los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos¡ª y el Legislativo ¡ªque tramit¨® la reforma por la v¨ªa expr¨¦s y contra quien se propon¨ªa presentar el conflicto¡ª; de otro, el Judicial, cuyo actual ¨®rgano de gobierno, que tiene el mandato prorrogado desde diciembre de 2018, se ha visto despose¨ªdo de su atribuci¨®n m¨¢s relevante: el nombramiento discrecional de los altos cargos de la c¨²pula de la judicatura. El Consejo se ha reunido este mi¨¦rcoles en sesi¨®n extraordinaria para tomar una decisi¨®n: si persistir en la pugna o retirarse. Y ha optado por lo segundo.
Conflicto entre ¨®rganos
El rechazo a acudir al Constitucional no implica, aseguran las fuentes consultadas dentro del ¨®rgano, que una mayor¨ªa de vocales den por buena la norma. Entre los miembros del ala conservadora, seg¨²n estas fuentes, son m¨¢s los que sostienen que la ley es inconstitucional, pero el Consejo no puede presentar recursos de inconstitucionalidad y la figura del conflicto entre ¨®rganos constitucionales es la ¨²nica v¨ªa de impugnaci¨®n abierta al ¨®rgano de gobierno de los jueces. Varios miembros del sector conservador que desde el principio se han mostrado muy contrarios a la norma se han opuesto a impugnarla porque consideran que el conflicto entre ¨®rganos constitucionales, pensado para cuando un ¨®rgano considera que otro ha asumido una de las atribuciones que la Constituci¨®n le reserva, estaba abocado al fracaso.
Esta postura la defendi¨® especialmente el vocal Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas, que presento un voto particular concurrente con la decisi¨®n mayoritaria, en el que advierte que no quiere que su voto ¡°se confunda con una aceptacio?n de la bondad de esa Ley. ¡°A mi juicio, la Ley es inconstitucional, gravemente inconstitucional, socava la independencia judicial y atenta contra los pilares que definen el Estado de Derecho en una sociedad democra?tica moderna¡±, sostiene el vocal, abogado de profesi¨®n y miembro del Consejo a propuesta del PP. En un dur¨ªsimo escrito contra la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos, Mac¨ªas desgrana los criterios de inconstitucionalidad que, a su juicio, presenta la reforma legal y asegura que la propuesta que debati¨® el pleno ¡°se queda muy corta al describir los defectos de inconstitucionalidad de la Ley, que son tanto formales como materiales¡±.
Con todo, Mac¨ªas explica que no ha apoyado la presentaci¨®n del conflicto entre ¨®rganos constitucionales porque la v¨ªa adecuada para la impugnaci¨®n no es esa sino el recurso de inconstitucionalidad. ¡°En un momento en el que legislador y gobierno han tensado las costuras del Estado de Derecho con su maltrato al poder judicial hasta extremos no conocidos hasta ahora, entiendo que no es inteligente que sea el CGPJ quien tense al Tribunal Constitucional planteando un debate cuya sede natural no es la del conflicto de atribuciones, sino el recurso de inconstitucionalidad¡±, se?ala el vocal.
La propuesta de acudir al Constitucional estaba avalada por ocho de los 12 miembros propuestos en su d¨ªa por el PP para integrar el Consejo: Rafael Fern¨¢ndez Valverde, Carmen Llombart, Jos¨¦ Antonio Ballestero, Gerardo Mart¨ªnez Trist¨¢n, Juan Manuel Fern¨¢ndez, Juan Mart¨ªnez Moya, Nuria D¨ªaz y ?ngeles Carmona. Pero necesitaba tres votos m¨¢s para conseguir los once necesarios para resultar aprobada y no consiguieron recabar ninguno. En contra de llevar el conflicto ante el Constitucional votaron el presidente del Consejo, Carlos Lesmes; tres de los vocales elegidos por el PP (Mac¨ªas, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte ) y los propuestos por PSOE, IU y PNV.
Los ocho impulsores de la propuesta rechazada emitieron un comunicado tras el pleno en el que explican que su intenci¨®n al defender esta opci¨®n ha sido ¡°salvaguardar el principio fundamental de la divisi¨®n de poderes¡± y consideran que el Consejo debi¨® dirigirse a las Cortes solicitando que dejasen sin efecto la ley ¡°al producir un menoscabo en algunas de las principales competencias que la Constituci¨®n le encomienda¡± al ¨®rgano de gobierno de los jueces. ¡°Los ocho vocales quieren poner de manifiesto que ninguno de los asistentes al Pleno ha defendido la bondad constitucional de dicha ley¡±, concluyen su escrito.
No se recurrir¨¢ al Defensor del Pueblo
El pleno ha rechazado ¡ªtambi¨¦n por 13 votos a 8¡ª una v¨ªa indirecta de impugnaci¨®n que tambi¨¦n se someti¨® a debate: pedir al Defensor del Pueblo ¡ªlegitimado para presentar un recurso de inconstitucionalidad¡ª que recurra la norma. El tribunal, no obstante, tendr¨¢ que pronunciarse sobre la reforma legal porque Vox ya la ha recurrido y el PP ha impugnado la decisi¨®n de PSOE y Unidas Podemos de tramitarla por la v¨ªa expr¨¦s.
El o?rgano de gobierno de los jueces tambi¨¦n ha aprobado la contestacio?n a las preguntas remitidas por la Comisio?n Europea en el marco de la preparacio?n del informe sobre el Estado de Derecho 2021. En este caso, los vocales debatieron un borrador redactado por la vocal Nuria D¨ªaz que, en respuesta a una de las preguntas formuladas por Bruselas, advert¨ªa del ¡°impacto¡± para el Tribunal Supremo de la ley que impide al Consejo realizar nombramientos discrecionales estando en funciones. Durante el debate se pactaron leves cambios a la propuesta de la vocal D¨ªaz, los m¨¢s significativos relativos, precisamente, a la respuesta sobre c¨®mo afecta la reforma legal al funcionamiento de la Justicia. El borrador inicial solo se?alaba que en el Supremo hay actualmente siete vacantes que, tras el veto a los nombramientos, ya no se pueden cubrir. El pleno acord¨® introducir un nuevo p¨¢rrafo que advierte de que, a fecha 30 de abril de 2021, se habr¨¢n producido ocho vacantes en el Supremo, sobre una planta de 80 magistrados (lo que representa un porcentaje del 10%) y 22 puestos gubernativos vacantes sobre un total de 117 (lo que supone un porcentaje del 18,80%). El texto final obtuvo 17 votos a favor, 3 en contra ¨Clos de los vocales Enrique Lucas, Clara Marti?nez de Careaga y Concepcio?n Sa?ez- y uno en blanco ¨CRoser Bach-.