El pleno del Poder Judicial aprueba el informe que cuestiona que el Gobierno pueda ilegalizar fundaciones franquistas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes su informe sobre la Ley de Memoria Democr¨¢tica, que avala en l¨ªneas generales el anteproyecto del Gobierno, aunque cuestiona algunos de sus aspectos clave, como la ilegalizaci¨®n de las fundaciones franquistas. El informe del Poder Judicial ha salido adelante con 15 votos a favor y sei...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes su informe sobre la Ley de Memoria Democr¨¢tica, que avala en l¨ªneas generales el anteproyecto del Gobierno, aunque cuestiona algunos de sus aspectos clave, como la ilegalizaci¨®n de las fundaciones franquistas. El informe del Poder Judicial ha salido adelante con 15 votos a favor y seis en contra. Aunque el texto ha superado los 11 votos que necesitaba para ser aprobado, seis de los vocales que han respaldado el informe han anunciado que suscribir¨¢n un voto particular concurrente en el que expondr¨¢n algunas objeciones al texto que han planteado durante el debate. Los seis que han votado en contra tambi¨¦n presentar¨¢n un voto particular, en este caso, discrepante.

Tras m¨¢s de dos horas y media de debate durante el que, seg¨²n fuentes del ¨®rgano, se han rechazado cuatro enmiendas a la totalidad y varias propuestas de enmiendas parciales, la mayor¨ªa de los vocales ha dado el visto bueno a la ponencia elaborada por los consejeros Roser Bach (propuesta para el Poder Judicial por el PSOE) y Wenceslao Olea (por el PP), que cuestiona que el Gobierno pueda ilegalizar las fundaciones que hagan apolog¨ªa del franquismo o sancionar los actos que ensalcen la figura del dictador.

Divisi¨®n

El borrador del informe sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democr¨¢tica hab¨ªa dividido en los ¨²ltimos d¨ªas a los miembros del ¨®rgano de gobierno de los jueces. El texto elaborado por los consejeros Bach y Olea es el segundo intento del Poder Judicial por cumplir con el tr¨¢mite preceptivo de informar sobre los proyectos de ley del Gobierno. El primero se fue al traste tras la renuncia de los dos vocales a los que se les hab¨ªa encargado la ponencia, el progresista ?lvaro Cuesta y el conservador Jos¨¦ Antonio Ballestero, que no consiguieron encontrar un punto de encuentro. Al final se ha logrado con un informe muy t¨¦cnico, que pasa de puntillas por alguno de los aspectos que m¨¢s discrepancias generan entre los vocales, aunque cuestiona aspectos importantes de la ley.

El texto ha obtenido el respaldo de 15 vocales, tanto del bloque conservador como del progresista, aunque seis de ellos ¡ª?lvaro Cuesta, Clara Marti?nez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepu?lveda (propuestos por el PSOE); el vocal Enrique Lucas (propuesto por PNV) y Vicente Guilarte (PP)¡ª suscribir¨¢n votos particulares concurrentes. Todos han puesto ya sobre la mesa del pleno las bases de sus votos particulares con la intenci¨®n de que sus argumentos se incorporaran al informe definitivo, pero la mayor¨ªa ha accedido finalmente a votar a favor del texto original, sin hacer ning¨²n cambio, y plasmar sus propuestas en votos particulares.

Los seis que han votado en contra ¡ªJose? Antonio Ballestero, Nuria Di?az, Juan Manuel Ferna?ndez, Jose? Mari?a Maci?as, Juan Marti?nez Moya (propuestos en su d¨ªa por el PP) y Concepcio?n Sa?ez (propuesta por IU)¡ª tambi¨¦n han anunciado voto particular, pero discrepante en este caso.

Ballestero y Mac¨ªas han presentado un escrito que, en la pr¨¢ctica, era una enmienda a la totalidad del informe oficial. Estos vocales consideran que el texto del Poder Judicial deb¨ªa haber sido m¨¢s cr¨ªtico con algunos aspectos del anteproyecto de ley, como la retirada de las ayudas p¨²blicas a las asociaciones que vayan contra la memoria democr¨¢tica o la ilegalizaci¨®n de fundaciones franquistas. El escrito aprobado advierte de que esta propuesta pueden chocar con el derecho a la libertad ideol¨®gica, pero no la rechaza de plano, algo que s¨ª hacen Mac¨ªas y Ballestero. ¡°El conflicto entre derechos, el l¨ªmite de su ejercicio entre particulares, han de venir establecidos por los jueces y no por la Administraci¨®n, en la medida en que la protecci¨®n de uno puede implicar la limitaci¨®n del otro¡±, sostienen en su voto particular, en el que tambi¨¦n se oponen a la nulidad de las condenas franquistas que contempla la ley y reprochan que la norma aboque por investigar los cr¨ªmenes del franquismo y ayudar a las familias a encontrar los restos de las v¨ªctimas.

Para estos vocales, es una ¡°obviedad¡± que ¡°las desapariciones forzosas no son un problema en Espa?a¡±. ¡°Y no lo son desde hace muchos a?os, con la penosa excepci¨®n de los secuestros llevados a cabo por las bandas terroristas especialmente los perpetrados por ETA. Ominoso silencio que guarda el anteproyecto, por cierto, respecto de quienes se han afanado en destruir nuestra convivencia democr¨¢tica a lo largo de estos a?os y respecto de quienes los apoyaron y de quienes los enaltecieron¡±, sostienen. Esta misma expresi¨®n es utilizada por otros tres vocales del bloque conservador (Fern¨¢ndez, Mart¨ªnez Moya y Abad) en el voto particular que han suscrito de forma conjunta. Estos consejeros se oponen adem¨¢s a que el Valle de los Ca¨ªdos se convierta en un cementerio civil, como propone el Gobierno. ¡°No se puede declarar que un cementerio en el interior de una basi?lica, creada con todos los requisitos cano?nicos, se transforme en cementerio civil. Adema?s, una basi?lica no puede dejar de serlo sin cumplir los requisitos cano?nicos, y menos au?n por declaracio?n legal y unilateral, pues ello si? constituiri?a una vulneracio?n de la inviolabilidad de un lugar de culto¡±, advierten.

Por su parte, la vocal progresista Concepci¨®n S¨¢ez ha anunciado un voto discrepante porque considera que el informe del CGPJ cuestiona aspectos de la ley que no se deber¨ªan censurarse, como la nulidad de las sentencias franquistas. S¨¢ez defiende tambi¨¦n la derogaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa de 1977, porque, asegura, sigue siendo ¡°el escollo m¨¢s contundente¡± para el reconocimiento pleno del derecho a la justicia a las v¨ªctimas de la Guerra y la dictadura franquista. ¡°En tanto estos obst¨¢culos no se superen, es dif¨ªcil que las v¨ªctimas del franquismo no sigan siendo -como afirma el profesor Clavero- v¨ªctimas por partida doble, de iniquidad y de impunidad¡±, apunta.

Esta propuesta fue votada durante el pleno y recibi¨® el apoyo de tres vocales progresistas (Clara Mart¨ªnez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sep¨²lveda), aunque todos menos S¨¢ez terminaron votando a favor del informe original para evitar el riesgo de que este pudiera ser sustituido por alguno de los escritos presentados por vocales conservadores, seg¨²n los consejeros consultados. En el escrito presentado al pleno, S¨¢ez defiende algunos puntos clave de la ley criticados por el Poder Judicial, como la extinci¨®n de las fundaciones que hagan apolog¨ªa del franquismo. ¡°Una cosa es el derecho fundamental a la libertad de expresi¨®n (...) y otra, bien distinta, las causas de extinci¨®n de las fundaciones y las asociaciones de utilidad p¨²blica que disfrutan de un estatuto jur¨ªdico singular y privilegiado cuya ¨²nica justificaci¨®n es -precisamente- el servicio a un inter¨¦s general. La autorizaci¨®n de una fundaci¨®n, o su extinci¨®n por incurrir en un il¨ªcito, son ajenas al derecho de sus patronos o sus cargos directivos a la libertad de conciencia y a la libre expresi¨®n de sus particulares opiniones¡±, se?ala.

Esta vocal tampoco comparte que el texto del Consejo considere que las sanciones a los actos de exaltaci¨®n de la dictadura choquen con el derecho de reuni¨®n. ¡°Causa perplejidad que se afirme que la redacci¨®n del precepto puede dar lugar a una tutela asim¨¦trica entre las v¨ªctimas y el resto de las personas, porque de eso se trata precisamente, de proteger a las v¨ªctimas y sus familiares reforzadamente frente a quienes no requieren de tal amparo sencillamente porque no son v¨ªctimas¡±, advierte.