El Consejo Fiscal avala por la m¨ªnima el anteproyecto de la Ley de Memoria Democr¨¢tica

La Ley de Memoria Democr¨¢tica impulsada por el Gobierno ha dividido este jueves al Consejo Fiscal. El principal ¨®rgano asesor de la fiscal general ha aprobado por la m¨ªnima (seis votos a cinco) un informe favorable al anteproyecto, al que se ha opuesto el bloque conservador al completo. El voto de la fiscal general, Dolores Delgado, ha sido determinante para dar luz verde al texto, que impone sanciones por actos de exaltaci¨®n del franquismo, retira cualquier tipo de subvenci¨®n a asociaciones que hagan apolog¨ªa del r¨¦gimen, declara nulos los juicios sumarios de la dictadura, crea una fiscal¨ªa especializada y establece que el Estado asuma la identificaci¨®n de v¨ªctimas del r¨¦gimen enterradas en fosas.

El informe del Consejo Fiscal es preceptivo, aunque no vinculante, para la tramitaci¨®n parlamentaria de la ley. El texto ¡ªaprobado en septiembre por el Consejo de Ministros¡ª ha salido adelante con los cuatro votos de los vocales de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, del fiscal inspector y el de la fiscal general y con los cinco en contra de la Asociaci¨®n de Fiscales. El n¨²mero dos de la Fiscal¨ªa General, Juan Ignacio Campos, no ha participado en la reuni¨®n.

La votaci¨®n ha evidenciado la divisi¨®n entre el bloque progresista y el conservador, que ha cargado duramente contra la ley. Tras la votaci¨®n, la Fiscal¨ªa General ha emitido un comunicado en el que defiende que la norma adapta al ordenamiento jur¨ªdico espa?ol ¡°los compromisos y obligaciones internacionales¡± asumidos en esta materia. ¡°El anteproyecto sit¨²a a la Administraci¨®n General del Estado en la posici¨®n de garante, asegur¨¢ndose as¨ª, en condiciones de igualdad, una misma respuesta en toda Espa?a a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparaci¨®n integral de las v¨ªctimas, al desarrollo de las medidas de restituci¨®n, rehabilitaci¨®n y satisfacci¨®n orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetici¨®n de hechos similares¡±, sostiene el departamento que dirige Delgado.

La ley incorpora la figura de un fiscal de Sala (m¨¢xima categor¨ªa de la carrera) para coordinar el trabajo de justicia y reparaci¨®n de las v¨ªctimas, una figura que ha creado discrepancias en el seno del Consejo Fiscal. Para el bloque mayoritario supone ¡°una novedad y una oportunidad de mejora¡± en la especializaci¨®n de la carrera que servir¨¢ para abordar ¡°la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario¡±. ¡°Permite la delegaci¨®n del/de la fiscal general, a trav¨¦s de su vinculaci¨®n directa, en aspectos de representaci¨®n institucional, unificaci¨®n de criterios de actuaci¨®n y coordinaci¨®n de una respuesta institucional en materia de Derechos Humanos¡±, se?ala el texto remitido por la Fiscal¨ªa General. En el otro extremo, los representantes de la Asociaci¨®n de Fiscales aseguran que la creaci¨®n de una Fiscal¨ªa de Sala ¡°resulta absolutamente innecesaria¡±. Fuentes de este bloque a?aden que el anteproyecto no deja claro si, en el marco de la ley, los fiscales tendr¨¢n un papel penal, de apoyo a las v¨ªctimas o de control de las actuaciones p¨²blicas.

Los cinco representantes de esta asociaci¨®n en el Consejo Fiscal han emitido tras la reuni¨®n un duro comunicado en el que explican su rechazo al texto porque consideran que la redacci¨®n es ¡°calculadamente ambigua y contradictoria¡±, ¡°crea falsas expectativas a las asociaciones y familiares de v¨ªctimas¡± y ¡°facilita la instrumentalizaci¨®n del Ministerio Fiscal¡±.

La Asociaci¨®n de Fiscales rechaza tambi¨¦n la puerta que abre la ley a que la justicia investigue los delitos del franquismo a pesar de la Ley de Amnist¨ªa. Cuando present¨® el anteproyecto, el Gobierno defendi¨® que esa ley aprobada en la Transici¨®n exime de responsabilidad personal, pero no impide la investigaci¨®n, que es lo que promueve la nueva norma. La Asociaci¨®n de Fiscales considera, sin embargo, que esta posibilidad no cabe en el ordenamiento jur¨ªdico. ¡°La sociedad y, en especial, las v¨ªctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad hist¨®rica. Los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal. Corresponde al Estado, a trav¨¦s de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones ¨Despecialmente historiadores¨D, ajenos a la investigaci¨®n penal, la b¨²squeda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigaci¨®n judicial¡±, sostiene el bloque conservador.