Casi media Espa?a no aplicar¨¢ la futura ley de vivienda

Una ley que nace coja. Casi la mitad del pa¨ªs, la gobernada por la derecha, no aplicar¨¢ la futura ley de vivienda que define un nuevo marco para el mercado de los alquileres en Espa?a. Las cinco comunidades aut¨®nomas con gobiernos del PP ¨DAndaluc¨ªa, Madrid, Galicia, Castilla y Le¨®n y Murcia¨D, que suman m¨¢s de 21 millones de habitantes, as¨ª como los ayuntamientos populares ¨Del PP tiene las alcald¨ªa...

Una ley que nace coja. Casi la mitad del pa¨ªs, la gobernada por la derecha, no aplicar¨¢ la futura ley de vivienda que define un nuevo marco para el mercado de los alquileres en Espa?a. Las cinco comunidades aut¨®nomas con gobiernos del PP ¨DAndaluc¨ªa, Madrid, Galicia, Castilla y Le¨®n y Murcia¨D, que suman m¨¢s de 21 millones de habitantes, as¨ª como los ayuntamientos populares ¨Del PP tiene las alcald¨ªas de cuatro de las ocho grandes capitales¨D se negar¨¢n a aplicar la norma, seg¨²n ha anunciado este mi¨¦rcoles el presidente del PP, Pablo Casado, que critica el ¡°intervencionismo suicida¡± de esta regulaci¨®n. El PP se opondr¨¢ a las medidas del Gobierno para aliviar el alto coste de la vivienda en Espa?a y piensa recurrir adem¨¢s la ley al Tribunal Constitucional cuando se apruebe.

La norma que han anunciado PSOE y Unidas Podemos no es de aplicaci¨®n directa: la letra peque?a deja en manos de las comunidades y de los ayuntamientos las principales medidas, como la imposici¨®n de precios tope a los grandes propietarios y la penalizaci¨®n fiscal a las casas vac¨ªas.

La rebeld¨ªa contra la ley de las comunidades y ayuntamientos del PP es posible porque la norma requiere la colaboraci¨®n de las administraciones. Por un lado, las comunidades aut¨®nomas deben solicitar la declaraci¨®n de ¡°¨¢rea tensionada¡± en la que, seg¨²n la futura norma, se podr¨¢n luego limitar los precios de los alquileres. Por otro, los consistorios gestionan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sobre el que la ley fija un recargo de hasta el 150% a las viviendas vac¨ªas. El alcalde de Madrid, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez Almeida, del PP, ya ha avisado de que su Gobierno se negar¨¢ a aplicar ese recargo. ¡°No vamos a recargar el IBI de viviendas vac¨ªas. Es un ataque a la propiedad privada con pocos precedentes y ser¨¢ in¨²til porque no va a ayudar a solventar un problema que existe¡±, dijo este martes el regidor. Mart¨ªnez Almeida ha sacado pecho de su oposici¨®n frontal a la norma en las redes sociales, con un tuit en el que reivindica que no har¨¢ ¡°nada¡± para controlar el precio de los alquileres en Madrid. Sorprendentemente, el mensaje lo hab¨ªa difundido su oposici¨®n, M¨¢s Madrid, para criticarle, pero ¨¦l se reivindica. ¡°Lo que har¨¢ Almeida para regular el precio de los alquileres en Madrid: NADA¡±, dec¨ªa el tuit de M¨¢s Madrid, que Almeida ha retuiteado con este mensaje: ¡°Exacto¡±.

La norma diferencia dos situaciones para el control de los precios de los alquileres: caseros particulares y empresas que tienen m¨¢s de 10 viviendas (los denominados ¡°grandes propietarios¡±). Para los primeros, la v¨ªa principal de regulaci¨®n son los incentivos fiscales, mientras que para los segundos s¨ª se establecer¨¢n topes de precios. En ambos casos, las medidas se aplican en las llamadas ¡°¨¢reas tensionadas¡±, cuya declaraci¨®n deber¨¢ ser solicitada por las comunidades aut¨®nomas al Gobierno. Se declarar¨¢ ¡°¨¢rea tensionada¡± una zona donde los precios de alquiler hayan crecido en los ¨²ltimos a?os por encima de lo que se considera razonable.

El ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, ha reconocido que el Gobierno tiene que ¡°respetar las competencias de las comunidades aut¨®nomas y locales¡±, y por eso la ley depende en parte de que las autonom¨ªas la apliquen. Bola?os ha confiado en que todos los gobiernos cumplir¨¢n la ley, porque en caso contrario ¡°estar¨¢n perjudicando a todos¡±. ¡°Tambi¨¦n a los propietarios¡±, ha incidido el ministro, al recordar que los due?os de las casas que se encuentren en las zonas tensionadas podr¨¢n acceder a beneficios fiscales si quieren bajar el precio del alquiler. ¡°Espero que las comunidades aut¨®nomas est¨¦n a favor de defender el inter¨¦s general¡±, ha exhortado Bola?os en TVE a primera hora. Poco despu¨¦s, el presidente del PP anunciaba en televisi¨®n que los gobiernos populares se pondr¨¢n enfrente de la norma.

Las comunidades del PP se descuelgan

Tras el anuncio de Casado, los gobiernos auton¨®micos del PP se fueron descolgando uno a uno de la norma, con expresiones m¨¢s o menos ¡ªo nada¡ª templadas.

El Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso en la Comunidad de Madrid presentar¨¢ su propio recurso al Tribunal Constitucional, con independencia del que lleve adelante el PP, porque considera que la ley invade sus competencias y critica el ¡°ataque¡± contra la hucha de las familias, que genera ¡°miedo¡± y ¡°limita la libertad¡±. Madrid mostr¨® inmediatamente su rechazo frontal a las medidas recogidas en la ley. Una posici¨®n previsible, ya que el Ejecutivo regional se ha convertido en el principal basti¨®n de la oposici¨®n del PP a las pol¨ªticas del Gobierno nacional, e Isabel D¨ªaz Ayuso en la protagonista estrella de esa estrategia de confrontaci¨®n.

¡°Lo que hemos conocido de la ley de vivienda es de una enorme gravedad¡±, opin¨®, a¨²n sin leer el texto, Paloma Mart¨ªn, la consejera de Medioambiente, Vivienda y Agricultura de Madrid. ¡°S¨¢nchez hace suyas las propuestas m¨¢s radicales de sus socios de Gobierno¡±, a?adi¨®, en referencia a Podemos. ¡°El sectarismo ideol¨®gico no puede poner en riesgo los ahorros de toda una vida de una familia invertidos en un piso¡±, sigui¨®, pese a que las medidas anunciadas solo afectar¨¢n a propietarios de al menos diez viviendas, y que no sean personas f¨ªsicas. Y remat¨®: ¡°La Comunidad defender¨¢ a los propietarios. Si su aplicaci¨®n dependiera de las Comunidades, buscar¨ªamos c¨®mo blindarnos. El modelo de la CAM es el contrario¡±.

No fue una opini¨®n improvisada. Hace meses que el Gobierno de D¨ªaz Ayuso estableci¨® su posici¨®n en contra de los topes al valor de los alquileres, pese a que la regi¨®n es una de las m¨¢s caras para vivir de Espa?a, y en la que los j¨®venes tienen m¨¢s dificultades para emanciparse. As¨ª lo asegur¨® ya en enero de 2020 David P¨¦rez, entonces consejero de Vivienda, en una entrevista con este diario. ¡°Nos oponemos al tope de los alquileres en el sector privado. En materia de vivienda estamos viviendo una explosi¨®n de propuestas experimentales. En Madrid no las vamos a aplicar¡±, dijo entonces.

El presidente de Galicia, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ha considerado por su parte la ley un ¡°atropello¡± a sus competencias, aunque la Xunta solicitar¨¢ acceder al proyecto con el fin de analizarlo y presentar alegaciones. El presidente de Murcia, Fernando L¨®pez Miras, ha cargado contra una ¡°ley comunista¡±, y en Andaluc¨ªa y Castilla y Le¨®n han censurado la norma por ¡°intervencionista¡±.

M¨¢s all¨¢ del PP, hay recelos en algunas autonom¨ªas de otros colores pol¨ªticos, como Catalu?a, gobernada por los partidos independentistas, que tambi¨¦n estudia si recurre la ley. El Govern est¨¢ en un tira y afloja con el Gobierno central, porque el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez recurri¨® la ley de alquileres catalana, pionera en Espa?a, por invasi¨®n de competencias estatales. El Gobierno vasco (PNV) est¨¢ a la espera de conocer los detalles para valorar la norma, y algunas autonom¨ªas socialistas, como Arag¨®n, se han quejado de no haber sido consultadas. Extremadura (PSOE) afirma que no tiene zonas tensionadas. El resto han celebrado la ley.

Al implicar a dos administraciones diferentes ¨DGobierno auton¨®mico y Ayuntamiento¨D habr¨¢ lugares en los que la ley se aplicar¨¢ a medias. Por ejemplo, en los ayuntamientos gobernados por el PSOE dentro de una comunidad aut¨®noma gobernada por el PP, como muchos municipios del extrarradio de Madrid, como Legan¨¦s o Fuenlabrada. En estos casos, los consistorios podr¨¢n aplicar la parte que les compete, como el recargo del IBI, pero no el l¨ªmite de precios, que depende de que la comunidad solicite la declaraci¨®n de ¨¢rea tensionada.

El l¨ªder del PP considera que esta ley lanza un ¡°mensaje de inseguridad jur¨ªdica¡± porque ¡°el Gobierno puede interferir en tu propiedad privada¡±. ¡°T¨² tienes un piso que has ahorrado durante toda tu vida con una hipoteca porque quieres dej¨¢rselo a tus hijos, y el Gobierno te dice qu¨¦ precio tiene que tener¡±, ha afirmado Casado en una entrevista en Telecinco, aunque esto no es as¨ª en la nueva norma, que solo limita los precios a los grandes tenedores de viviendas, esto es, los que tengan m¨¢s de 10 casas. A los particulares solo les incentiva a bajar el precio con beneficios fiscales. ¡°Este intervencionismo es suicida¡±, se ha quejado Casado, que cree que el efecto es que ¡°va a haber menos pisos en alquiler¡±. El jefe de la oposici¨®n no se ha opuesto a la ayuda de 250 euros al mes que tambi¨¦n conceder¨¢ el Gobierno a los menores de 35 a?os con rentas inferiores a 23.725,8 euros, pero sostiene que ¡°no es una cuesti¨®n de dar ayudas solo, sino es un plan de dar seguridad jur¨ªdica y que los j¨®venes tengan empleo¡±. ¡°Porque si tienes un trabajo y una n¨®mina, puedes acceder al alquiler¡±, asegura Casado, aunque las dificultades para el acceso al alquiler las sufren tambi¨¦n las personas con trabajo.

Con informaci¨®n de Juan Jos¨¦ Mateo (Madrid), Eva S¨¢iz (Sevilla), Nacho S¨¢nchez (M¨¢laga), Virginia Vadillo (Murcia), Juan Navarro (Valladolid), Mikel Ormaz¨¢bal (Bilbao) y Silvia R. Pontevedra (Pontevedra).