La ¡®ley mordaza¡¯ abre un frente no unitario de los polic¨ªas con el Gobierno
Algunas asociaciones temen que se politice la protesta contra la reforma de la norma
El inicio de los trabajos parlamentarios para cambiar 23 de los 54 art¨ªculos de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, la conocida como ley mordaza, ha incendiado los ¨¢nimos de los integrantes de las fuerzas de seguridad, que consideran que las modificaciones que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pretende introducir con el apoyo de sus socios parlamentarios dificultar¨¢n la labor de los agentes. Sindicatos y asociaciones de Po...
El inicio de los trabajos parlamentarios para cambiar 23 de los 54 art¨ªculos de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, la conocida como ley mordaza, ha incendiado los ¨¢nimos de los integrantes de las fuerzas de seguridad, que consideran que las modificaciones que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pretende introducir con el apoyo de sus socios parlamentarios dificultar¨¢n la labor de los agentes. Sindicatos y asociaciones de Polic¨ªa Nacional, Guardia Civil, Mossos d¡¯Esquadra, Ertzaintza, Polic¨ªa Foral y cuerpos locales han salido en tromba a criticar la iniciativa y anunciado movilizaciones. Sin embargo, estas no ser¨¢n unitarias por la desconfianza previa existente entre algunas de ellas y el miedo de un parte de ellas a que los partidos de la oposici¨®n ¡ªPP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado su apoyo a las protestas¡ª politicen los actos.
Por un lado, 42 asociaciones reunidas en la plataforma No a la Espa?a insegura han convocado concentraciones para el pr¨®ximo mi¨¦rcoles ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda Espa?a. Tres d¨ªas despu¨¦s se celebrar¨¢ en Madrid otra manifestaci¨®n bajo el lema ¡°no a la inseguridad ciudadana¡±. Sus convocantes son Justicia Salarial Policial (Jusapol, una plataforma que en 2018 sac¨® a la calle a miles de agentes para reclamar la equiparaci¨®n salarial con los mossos) y las dos organizaciones surgidas de ella, el sindicato Justicia Policial (Jupol) y la asociaci¨®n profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), mayoritarias entre los agentes de ambos cuerpos, que aseguran contar con el apoyo de otra veintena de asociaciones. No obstante, uno y otro bloque han mostrado su apoyo p¨²blico a la iniciativa de los otros en un intento de acercar posiciones para futuras movilizaciones, seg¨²n reconocen fuentes de ambos grupos.
Fuentes de Interior insisten en su respeto a estas protestas, pero reconocen su ¡°inquietud por el riesgo de que una instrumentalizaci¨®n por determinados partidos perjudique la imagen de neutralidad que deben tener en todo momento las fuerzas de seguridad¡±. Un temor que tambi¨¦n manifiestan a EL PA?S dirigentes de algunas organizaciones policiales. Estos destacan que entre los dos bloques convocantes hay coincidencia casi un¨¢nime en criticar los mismos puntos de la reforma: aquellos que permiten difundir im¨¢genes de los agentes grabadas durante su actividad profesional; el que elimina la presunci¨®n de veracidad de los polic¨ªas; la posibilidad de celebrar manifestaciones sin comunicaci¨®n previa; la reducci¨®n de seis a dos horas del tiempo m¨¢ximo de retenci¨®n de una persona para su identificaci¨®n, y la exigencia de devolver al punto donde fueron interceptadas a las personas trasladadas a comisar¨ªa.
Las divergencias surgen en ¡°los plazos y las formas, y c¨®mo estas pueden facilitar esa politizaci¨®n¡±, se?ala el dirigente de una organizaci¨®n convocante de las concentraciones del mi¨¦rcoles y que pide mantener el anonimato. ¡°Una manifestaci¨®n no puede ser el primer movimiento. Primero hay que intentar negociar y, si no es posible, entonces s¨ª hay que salir a la calle¡±, a?ade. Este agente admite que la plataforma No a la Espa?a insegura se vio ¡°abocada¡± a organizar estas protestas de modo ¡°apresurado¡± para evitar que Jusapol, Jupol y Jucil, que fueron los primeros en anunciar una movilizaci¨®n, acapararan todo el protagonismo y la protesta se politizara por su supuesta cercan¨ªa a determinados partidos.
David Serrada, diputado del PSOE que participar¨¢ en la ponencia de la reforma de la ley mordaza, tambi¨¦n muestra esa preocupaci¨®n: ¡°Hay un intento de capitalizar este movimiento policial por parte de la ultraderecha al que se ha sumado el PP¡±. El l¨ªder popular, Pablo Casado, se reuni¨® el martes en el Congreso con representantes de 17 de estas asociaciones, a las que confirm¨® la presencia de su partido en las movilizaciones en lo que fuentes pol¨ªticas interpretan como una maniobra para recuperar su hegemon¨ªa en el colectivo que en los ¨²ltimos a?os le ha arrebatado Vox.
La diputada del PP Ana Bel¨¦n V¨¢zquez, que participar¨¢ en la ponencia para su reforma, niega que su partido quiera ¡°capitalizar nada¡±. Y a?ade: ¡°Con nuestra presencia en las movilizaciones solo pretendemos apoyar a los que defienden una ley que aprob¨® el PP y que ahora el gobierno y sus socios quiere anular¡±. Gustavo Leal, portavoz de Jucil, tambi¨¦n niega ese riesgo: ¡°Desde que surgi¨® Jusapol se nos ha relacionado sucesivamente con Podemos, Ciudadanos y, ahora, con Vox, pero somos apol¨ªticos¡±. Su compa?ero de Jupol, Pablo P¨¦rez, incide en la misma idea, aunque admite que son conscientes de que las formaciones que asistir¨¢n ¡°lo hacen en busca de r¨¦ditos pol¨ªticos porque los agentes y sus familias somos un buen pu?ado de votos¡±.
Ese temor tambi¨¦n plane¨® en la Plataforma No a la Espa?a insegura por la presencia en la misma del Partido Orden y Ley (POLE), encabezado por un polic¨ªa y un guardia civil retirados que pertenecieron a Vox. POLE se present¨® a las elecciones auton¨®micas madrile?as del pasado mayo y obtuvieron 1.134 votos (el 0,03%). El viernes, la plataforma apart¨® a esta formaci¨®n por los recelos que su presencia hab¨ªa generado, reconocen dirigentes de la misma. Permanece, eso s¨ª, la asociaci¨®n de v¨ªctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, cuyo presidente es Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
Actualizar la norma
Adolfo Medina, presidente del Sindicato Profesional de Polic¨ªa (SPP, representante de la escala de mando) y uno de los promotores de la plataforma No a la Espa?a insegura, admite que la Ley de Seguridad Ciudadana no puede mantenerse en su redacci¨®n original y debe ser ¡°actualizada¡±, pero a?ade que con las protestas lo que pretenden los agentes es que, antes de que se haga, ¡°el Gobierno y los grupos parlamentarios escuchen a los expertos en seguridad ciudadana de las fuerzas de seguridad¡±. Javier Montes, vicepresidente de la Uni¨®n de Oficiales (UO) de la Guardia civil, incide en el mismo sentido y asegura que las asociaciones policiales ¡°no son inmovilistas. La ley necesita cambios, pero no los que plantea este proyecto de reforma, que afectar¨¢ gravemente a la seguridad de todos los ciudadanos¡±.
Pedro Carmona, portavoz de la Asociaci¨®n Unificada de la Guardia Civil (AUGC), se?ala como responsable del actual enfrentamiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que critica que ¡°no se haya reunido con los representantes de los agentes hasta ahora [empez¨® a hacerlo de manera individual el 11 de noviembre con Jupol]¡±. M¨®nica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP) y que se entrevist¨® el 15 de noviembre con Grande-Marlaska, insiste en que los puntos m¨¢s pol¨¦micos de la reforma suponen ¡°un grave ataque a los cometidos diarios de los polic¨ªas¡±. Gracia augura que, si se mantienen, las movilizaciones del 24 y el 27 de noviembre ¡°no ser¨¢n las ¨²ltimas¡±.