La ¡®ley mordaza¡¯ abre un frente no unitario de los polic¨ªas con el Gobierno

El inicio de los trabajos parlamentarios para cambiar 23 de los 54 art¨ªculos de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, la conocida como ley mordaza, ha incendiado los ¨¢nimos de los integrantes de las fuerzas de seguridad, que consideran que las modificaciones que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pretende introducir con el apoyo de sus socios parlamentarios dificultar¨¢n la labor de los agentes. Sindicatos y asociaciones de Polic¨ªa Nacional, Guardia Civil, Mossos d¡¯Esquadra, Ertzaintza, Polic¨ªa Foral y cuerpos locales han salido en tromba a criticar la iniciativa y anunciado movilizaciones. Sin embargo, estas no ser¨¢n unitarias por la desconfianza previa existente entre algunas de ellas y el miedo de un parte de ellas a que los partidos de la oposici¨®n ¡ªPP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado su apoyo a las protestas¡ª politicen los actos.

Por un lado, 42 asociaciones reunidas en la plataforma No a la Espa?a insegura han convocado concentraciones para el pr¨®ximo mi¨¦rcoles ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda Espa?a. Tres d¨ªas despu¨¦s se celebrar¨¢ en Madrid otra manifestaci¨®n bajo el lema ¡°no a la inseguridad ciudadana¡±. Sus convocantes son Justicia Salarial Policial (Jusapol, una plataforma que en 2018 sac¨® a la calle a miles de agentes para reclamar la equiparaci¨®n salarial con los mossos) y las dos organizaciones surgidas de ella, el sindicato Justicia Policial (Jupol) y la asociaci¨®n profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), mayoritarias entre los agentes de ambos cuerpos, que aseguran contar con el apoyo de otra veintena de asociaciones. No obstante, uno y otro bloque han mostrado su apoyo p¨²blico a la iniciativa de los otros en un intento de acercar posiciones para futuras movilizaciones, seg¨²n reconocen fuentes de ambos grupos.

Fuentes de Interior insisten en su respeto a estas protestas, pero reconocen su ¡°inquietud por el riesgo de que una instrumentalizaci¨®n por determinados partidos perjudique la imagen de neutralidad que deben tener en todo momento las fuerzas de seguridad¡±. Un temor que tambi¨¦n manifiestan a EL PA?S dirigentes de algunas organizaciones policiales. Estos destacan que entre los dos bloques convocantes hay coincidencia casi un¨¢nime en criticar los mismos puntos de la reforma: aquellos que permiten difundir im¨¢genes de los agentes grabadas durante su actividad profesional; el que elimina la presunci¨®n de veracidad de los polic¨ªas; la posibilidad de celebrar manifestaciones sin comunicaci¨®n previa; la reducci¨®n de seis a dos horas del tiempo m¨¢ximo de retenci¨®n de una persona para su identificaci¨®n, y la exigencia de devolver al punto donde fueron interceptadas a las personas trasladadas a comisar¨ªa.

Las divergencias surgen en ¡°los plazos y las formas, y c¨®mo estas pueden facilitar esa politizaci¨®n¡±, se?ala el dirigente de una organizaci¨®n convocante de las concentraciones del mi¨¦rcoles y que pide mantener el anonimato. ¡°Una manifestaci¨®n no puede ser el primer movimiento. Primero hay que intentar negociar y, si no es posible, entonces s¨ª hay que salir a la calle¡±, a?ade. Este agente admite que la plataforma No a la Espa?a insegura se vio ¡°abocada¡± a organizar estas protestas de modo ¡°apresurado¡± para evitar que Jusapol, Jupol y Jucil, que fueron los primeros en anunciar una movilizaci¨®n, acapararan todo el protagonismo y la protesta se politizara por su supuesta cercan¨ªa a determinados partidos.

David Serrada, diputado del PSOE que participar¨¢ en la ponencia de la reforma de la ley mordaza, tambi¨¦n muestra esa preocupaci¨®n: ¡°Hay un intento de capitalizar este movimiento policial por parte de la ultraderecha al que se ha sumado el PP¡±. El l¨ªder popular, Pablo Casado, se reuni¨® el martes en el Congreso con representantes de 17 de estas asociaciones, a las que confirm¨® la presencia de su partido en las movilizaciones en lo que fuentes pol¨ªticas interpretan como una maniobra para recuperar su hegemon¨ªa en el colectivo que en los ¨²ltimos a?os le ha arrebatado Vox.

La diputada del PP Ana Bel¨¦n V¨¢zquez, que participar¨¢ en la ponencia para su reforma, niega que su partido quiera ¡°capitalizar nada¡±. Y a?ade: ¡°Con nuestra presencia en las movilizaciones solo pretendemos apoyar a los que defienden una ley que aprob¨® el PP y que ahora el gobierno y sus socios quiere anular¡±. Gustavo Leal, portavoz de Jucil, tambi¨¦n niega ese riesgo: ¡°Desde que surgi¨® Jusapol se nos ha relacionado sucesivamente con Podemos, Ciudadanos y, ahora, con Vox, pero somos apol¨ªticos¡±. Su compa?ero de Jupol, Pablo P¨¦rez, incide en la misma idea, aunque admite que son conscientes de que las formaciones que asistir¨¢n ¡°lo hacen en busca de r¨¦ditos pol¨ªticos porque los agentes y sus familias somos un buen pu?ado de votos¡±.

Ese temor tambi¨¦n plane¨® en la Plataforma No a la Espa?a insegura por la presencia en la misma del Partido Orden y Ley (POLE), encabezado por un polic¨ªa y un guardia civil retirados que pertenecieron a Vox. POLE se present¨® a las elecciones auton¨®micas madrile?as del pasado mayo y obtuvieron 1.134 votos (el 0,03%). El viernes, la plataforma apart¨® a esta formaci¨®n por los recelos que su presencia hab¨ªa generado, reconocen dirigentes de la misma. Permanece, eso s¨ª, la asociaci¨®n de v¨ªctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, cuyo presidente es Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

Actualizar la norma

Adolfo Medina, presidente del Sindicato Profesional de Polic¨ªa (SPP, representante de la escala de mando) y uno de los promotores de la plataforma No a la Espa?a insegura, admite que la Ley de Seguridad Ciudadana no puede mantenerse en su redacci¨®n original y debe ser ¡°actualizada¡±, pero a?ade que con las protestas lo que pretenden los agentes es que, antes de que se haga, ¡°el Gobierno y los grupos parlamentarios escuchen a los expertos en seguridad ciudadana de las fuerzas de seguridad¡±. Javier Montes, vicepresidente de la Uni¨®n de Oficiales (UO) de la Guardia civil, incide en el mismo sentido y asegura que las asociaciones policiales ¡°no son inmovilistas. La ley necesita cambios, pero no los que plantea este proyecto de reforma, que afectar¨¢ gravemente a la seguridad de todos los ciudadanos¡±.

Pedro Carmona, portavoz de la Asociaci¨®n Unificada de la Guardia Civil (AUGC), se?ala como responsable del actual enfrentamiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que critica que ¡°no se haya reunido con los representantes de los agentes hasta ahora [empez¨® a hacerlo de manera individual el 11 de noviembre con Jupol]¡±. M¨®nica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP) y que se entrevist¨® el 15 de noviembre con Grande-Marlaska, insiste en que los puntos m¨¢s pol¨¦micos de la reforma suponen ¡°un grave ataque a los cometidos diarios de los polic¨ªas¡±. Gracia augura que, si se mantienen, las movilizaciones del 24 y el 27 de noviembre ¡°no ser¨¢n las ¨²ltimas¡±.