S¨¢nchez da por imposible que Poder Judicial se renueve esta legislatura

La falta de entendimiento entre los dos grandes partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado hace tres a?os, amenaza con crear graves problemas de funcionamiento en la justicia espa?ola. De hecho, el veto legal a nombrar cargos judiciales que quedan vacantes ha ocasionado que una sala clave del Supremo, la Contencioso-administrativa, dicte 1.000 sentencias menos (el 25% del total en un a?o).

Pese a esta situaci¨®n, el presidente Pedro S¨¢nchez dio este jueves pr¨¢cticamente por imposible en lo que resta de legislatura la renovaci¨®n del Poder Judicial ante la actitud de bloqueo del PP, sin cuyos votos es imposible el cambio.

El Gobierno impuls¨® una reforma de la ley para evitar que un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado pudiera hacer nombramientos en las vacantes de los distintos cargos de los tribunales. Con ese movimiento, el Ejecutivo pretend¨ªa forzar al PP para que desbloquease la situaci¨®n. Algo que no ha ocurrido. Los efectos del veto legal a los nombramientos ya se notan, con medio centenar de vacantes en la c¨²pula judicial que no se han podido cubrir.

S¨¢nchez se resign¨® a esta situaci¨®n: ¡°No dir¨ªa que [el acuerdo con el PP] es imposible, pero con esta oposici¨®n es altamente improbable¡±. La negativa del PP, insisti¨®, hace inviable renovar el ¨®rgano de gobierno de los jueces desde 2018, cuando se cumplieron cinco a?os de la elecci¨®n de sus 20 componentes. La realidad pol¨ªtica de entonces era otra: Mariano Rajoy gobernaba con mayor¨ªa absoluta, y el PP hizo prevalecer esa ventaja ante una renovaci¨®n que vot¨® el PSOE sin problemas. Con el PP en la oposici¨®n ya se cumplen tres a?os de bloqueo.

¡°Creo que el deber institucional est¨¢ por encima de cualquier otra cuesti¨®n. Hay que cumplir con la Constituci¨®n cuando se est¨¢ en el Gobierno y cuando no¡±, dijo el presidente.

S¨¢nchez puso como ejemplo el apoyo de la patronal, un sector tradicionalmente m¨¢s pr¨®ximo a la derecha, a la reforma laboral. ¡°Los sindicatos y empresarios han dado un formidable ejemplo de empat¨ªa y de responsabilidad. La pol¨ªtica tiene que tomar buena nota de los agentes sociales que anteponen sus intereses generales a los particulares¡±, asever¨®.

El requisito que Pablo Casado pone para permitir la renovaci¨®n del Poder Judicial es un cambio de modelo para que sean los jueces, y no el Parlamento, quienes elijan directamente ¡ªahora solo intervienen en una selecci¨®n previa¡ª a 12 de los 20 integrantes del ¨®rgano. El PSOE y Unidas Podemos discrepan y recuerdan que las organizaciones judiciales ya son tenidas en cuenta al seleccionar a una serie de candidatos a vocales. Y que son las Cortes, cumpliendo la voluntad de la ciudadan¨ªa expresada en las urnas, las que votan a los aspirantes que re¨²nen el mayor consenso. Los ocho miembros restantes del CGPJ son elegidos directamente entre juristas de reconocido prestigio. Casado replic¨® a S¨¢nchez que el PP ¡°no puede salir de su exigencia¡± de cambiar la ley para que los jueces elijan a los jueces y agreg¨® que su partido ¡°ha cumplido con su palabra¡±. ¡°S¨¢nchez no va a tener m¨¢s remedio que cumplir con su palabra y hacer caso a lo que piden los jueces y la UE, sobre todo en un momento en que Hungr¨ªa y Polonia est¨¢n teniendo restricciones de la recepci¨®n de fondos europeos por incumplir con el Estado de derecho¡±, pronostic¨® mientras aseguraba que, a diferencia del presidente, el s¨ª cre¨ªa que se va a ¡°desbloquear la negociaci¨®n¡±.

Mientras el tiempo transcurre sin que los partidos se pongan de acuerdo, la par¨¢lisis del sistema judicial corre el riesgo de hacerse sist¨¦mica. Y nadie parece dispuesto a dar su brazo a torcer. La falta de renovaci¨®n del CGPJ puede producir, seg¨²n las alertas del sector, el colapso en el funcionamiento de algunos tribunales por la imposibilidad de cubrir las vacantes de altos cargos judiciales. Son ya 51 las plazas vacantes en la jurisdicci¨®n ordinaria (m¨¢s seis en la militar), de los alrededor de 200 cargos de designaci¨®n discrecional que existen y que corresponden a magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales y presidentes de sala de la Audiencia Nacional y de los tribunales auton¨®micos. En un informe difundido el pasado octubre, el Consejo advert¨ªa de que, de prorrogarse, la situaci¨®n ser¨¢ ¡°insostenible¡±.

El ¨®rgano m¨¢s afectado es el Supremo, el de m¨¢s alto rango dentro del Poder Judicial, donde cada vacante que se produce (por jubilaci¨®n, fallecimiento o la marcha voluntaria de un magistrado) deja un hueco que no se puede cubrir mientras el Consejo no se renueve. De las 79 plazas que hay en el tribunal, 12 est¨¢n ahora vac¨ªas. Una cifra que se elevar¨¢ a 16 (el 20,25% de la plantilla) si el veto a los nombramientos se mantiene en octubre de 2022. Todas sus salas menos la Penal se ven ya afectadas por las bajas, aunque hasta ahora han ido cubriendo los huecos repartiendo el trabajo entre el resto de magistrados. Pero a partir de los pr¨®ximos meses la situaci¨®n puede dificultar seriamente el funcionamiento de algunas salas, como la de lo Contencioso, de la que dependen los recursos contra todas las decisiones del Gobierno ¡ªpor ejemplo, los indultos del proc¨¦s¡ª o la que tiene la ¨²ltima palabra en las peticiones de los Ejecutivos auton¨®micos sobre restricciones de derechos fundamentales para combatir la covid.

El Gobierno, seg¨²n las fuentes consultadas por EL PA?S, no contempla de ninguna manera derogar la ley que impuls¨® hace nueve meses en la que se proh¨ªbe al CGPJ hacer nombramientos en unas circunstancias como las actuales, con sus componentes en una situaci¨®n de interinidad. Pero eso no significa que vaya a seguir as¨ª. El Tribunal Constitucional admiti¨® a tr¨¢mite en septiembre los recursos presentados por el PP y Vox contra la reforma que ha limitado las atribuciones del ¨®rgano de gobierno de los jueces.

El PSOE y el PP s¨ª llegaron en octubre a un acuerdo para renovar varias instituciones. Los negociadores pactaron actualizar los cargos pendientes en el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protecci¨®n de Datos. El acercamiento hizo que socialistas y populares hasta se abriesen a pactar el Poder Judicial. ¡°Todo es posible con voluntad y con intenci¨®n de acordar y de ceder¡±, lleg¨® a decir el secretario general del PP, Teodoro Garc¨ªa Egea. Pero desde entonces la relaci¨®n entre los dos grandes partidos se ha agriado de nuevo, con Casado retomando un discurso dur¨ªsimo que en ocasiones no se distingue del que emplea Vox. El contexto pol¨ªtico, con dos elecciones en 2022, tampoco ayuda a conciliar las posiciones.