El Gobierno aprueba el proceso para descentralizar nuevos entes p¨²blicos
La desconcentraci¨®n de los organismos se podr¨¢ resolver en un plazo de tres meses
El Gobierno decidir¨¢ la ubicaci¨®n de las sedes de instituciones estatales de nueva creaci¨®n en un plazo m¨¢ximo de seis meses una vez se haya iniciado el proceso de selecci¨®n. Ese margen de tiempo se podr¨¢ reducir a la mitad mediante una tramitaci¨®n urgente, seg¨²n el real decreto que regular¨¢ la descentralizaci¨®n de los futuros organismos de la Administraci¨®n central, al que ha tenido acceso EL PA?S.
La lucha contra la despoblaci¨®n, los niveles de desempleo, la cohesi¨®n social y territorial y la mejora en el funcionamiento de los servicios p¨²blicos ser¨¢n algunos de los criterios que se primar¨¢n dentro de la hoja de ruta que el Consejo de Ministros aprobar¨¢ este martes. La prioridad es revertir el desigual reparto de la poblaci¨®n. Cuarenta y un millones de espa?oles residen en el 30% del territorio (Madrid y zonas costeras) mientras que solo 6,4 millones habitan en el 70% del pa¨ªs. ¡°Est¨¢ acreditado que las instituciones p¨²blicas ejercen un papel extremadamente beneficioso en los entornos f¨ªsicos en los que se ubican¡±, destaca el decreto, que firma la ministra de Pol¨ªtica Territorial, Isabel Rodr¨ªguez. Uno de los efectos positivos ser¨ªa su contribuci¨®n a fijar poblaci¨®n mediante la creaci¨®n de empleos directos e indirectos,
Ser¨¢ la primera vez que un Gobierno establece un protocolo ¡°de elecci¨®n racionalizado¡± con las condiciones para decidir d¨®nde se establecen las instalaciones p¨²blicas del Estado. ¡°Se consigue as¨ª el establecimiento de un mecanismo deliberativo que aproveche el potencial de todas las comunidades aut¨®nomas y ciudades con Estatuto de Autonom¨ªa y que contribuya a reforzar el papel del sector p¨²blico como elemento vertebrador¡±, se?ala el documento.
El procedimiento de elecci¨®n ser¨¢ ¡°objetivo y competitivo¡± y se basa en los principios del art¨ªculo 103.1 de la Constituci¨®n: ¡°La Administraci¨®n P¨²blica sirve con objetividad los intereses generales y act¨²a de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqu¨ªa, descentralizaci¨®n, desconcentraci¨®n y coordinaci¨®n, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho¡±.
Una comisi¨®n consultiva formada por varios ministerios fijar¨¢ los criterios para cada caso concreto. Por ejemplo, para combatir la despoblaci¨®n se priorizar¨¢ ¡°la tendencia demogr¨¢fica¡± de las distintas comunidades aut¨®nomas que se postulen para albergar a una entidad p¨²blica. Si lo que m¨¢s interesa es reforzar las oportunidades laborales, se primar¨¢n localidades o provincias con elevados niveles de desempleo. Seg¨²n el real decreto, tambi¨¦n se fomentar¨¢ una mayor presencia del sector p¨²blico estatal ¡°en aquellas comunidades aut¨®nomas en las que el Estado ha estado hasta ahora menos presente¡±.
El inicio del proceso, del que el Consejo de Ministros informar¨¢, deber¨¢ ir acompa?ado de una memoria que indique la naturaleza y funciones de la entidad en cuesti¨®n, el n¨²mero aproximado de personas que necesitar¨¢ para su funcionamiento y otros elementos que se consideren relevantes para su ubicaci¨®n. Esta memoria ser¨¢ elaborada por el ministerio del que dependa el nuevo organismo y por la Direcci¨®n General de Cooperaci¨®n Auton¨®mica y Local del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial. A continuaci¨®n, la Comisi¨®n Consultiva tendr¨¢ un mes para establecer los criterios de los que depender¨¢ el lugar de la futura entidad. ¡°Excepcionalmente, y por razones fundadas en la mejora del funcionamiento de los servicios p¨²blicos¡±, el Consejo de Ministros podr¨ªa reubicar alg¨²n organismo ya existente. Las fuentes consultadas subrayan que es una f¨®rmula jur¨ªdica preventiva y que la apuesta del Gobierno es impulsar la desconcentraci¨®n de los ¨®rganos de nueva creaci¨®n.
Las localidades que presenten su candidatura para albergar una entidad en su t¨¦rmino municipal, tendr¨¢n m¨¢s opciones si cuentan con el respaldo de sus comunidades aut¨®nomas. No obstante, el Gobierno se abre a la posibilidad de que se tenga en consideraci¨®n a municipios que cumplan con los requisitos pertinentes pero no se hayan postulado.
Las administraciones interesadas podr¨¢n ofrecer compromisos adicionales como la cesi¨®n de bienes inmuebles ¡°a todos los efectos, debiendo el Estado restituir el mismo en el caso de que este dejara de quedar afecto a la prestaci¨®n del servicio que motiv¨® la cesi¨®n¡±. Y se valorar¨¢ que se asuman los costes financieros.
El eventual traslado de empleados p¨²blicos ¡°no supondr¨¢ un perjuicio en su carrera profesional y se ajustar¨¢ a lo dispuesto en la normativa aplicable sobre la materia para cada entidad¡±. El Gobierno tendr¨¢ en cuenta las medidas espec¨ªficas ¡°orientadas a facilitar la movilidad de este personal y sus familiares¡±. El real decreto especifica que se les deber¨¢n ofrecer ¡°condiciones ventajosas¡±.
Las candidaturas deber¨¢n detallar la fecha en que, en caso de adjudicaci¨®n, se har¨¢n efectivos los compromisos a cambio de recibir la sede. En caso de incumplimiento, el municipio asumir¨¢ los costes de establecimiento o desplazamiento que se hubieran producido hasta el momento.
Nueve ministerios asesoran sobre la mejor ubicaci¨®n
La decisión final sobre la ubicación de la nueva institución le corresponderá al Consejo de Ministros, pero se basará en el trabajo de una comisión consultiva que establecerá los requisitos y analizará en un informe las posibles sedes que pueden albergar a la entidad afectada. Este nuevo órgano se creará en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del real decreto y no supondrá un incremento de gasto público. La persona titular del Ministerio de Política Territorial presidirá esa comisión, que se reunirá al menos una vez al año e integrarán otros ocho ministerios: Presidencia, Economía, Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Transportes, Derechos Sociales y Exteriores. Además, serán vocales no permanentes quienes asistan en representación de los ministerios a los que se encuentren adscritas las entidades cuya ubicación se vaya a decidir. La comisión elaborará un informe anual sobre la aportación que las sedes de las instituciones pertenecientes al sector público estatal realizan a la vertebración territorial y a la lucha contra la despoblación.
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